El sátrapa de Baja California
El gobernador del Estado de Baja California tomó dos decisiones ejecutivas durante la semana, el inicio de la expropiación del club campestre y el desmantelamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, ambas decisiones que han generado gran polémica y el rechazo generalizado.
Cristian Torres Cruz
MEXICALI.- Todo parece indicar que estar fuera del aire al gobernador de Baja California le aburre, por lo tanto busca problemas gratuitos en medio de un proceso electoral en el que más que beneficiar a sus candidatos les da pretexto a sus detractores para cuestionarlo.
Durante su gobierno la Fiscalía Anticorrupción no ha podido ser instalada, incluso afirmó que no podría realizar una designación debido a que por la pandemia de COVID-19, el Congreso técnicamente se encuentra ocupado en temas más importantes.
Mientras que mantiene detenida la creación de la Fiscalía, el Congreso sesiona cada semana con otros temas que son de menor importancia, sin embargo, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es uno de los pocos organismos en donde Bonilla Valdez no tiene el control y a raíz de eso ha buscado sabotearlo.
El punto más álgido de la relación entre el SEA y Bonilla se presentó este miércoles cuando el gobernador intervino por medio de la fuerza pública para realizar una auditoría, facultad con la que no cuenta el Estado al tratarse de un organismo autónomo y diseñado de esa manera para quitarle al gobernador en turno la tentación de intervenir en su funcionamiento y toma de decisiones.
Para el Secretario Técnico, Luis Ramón Irineo Romero, le corresponde únicamente a la Auditoría Superior del Estado el poder para realizar auditorías.
Según el escrito dado a conocer por la dependencia estatal, el pasado 13 de abril la Dirección de Auditoría Gubernamental e Investigación de la Secretaría de la Honestidad se presentó en las instalaciones de la secretaría ejecutiva del SEA para notificar el inicio de una auditoría.
Sin embargo, el secretario técnico Luis Ramón Irineo Romero les impidió el acceso, pero aclarando que respondería en un lapso de dos días.
Lo anterior ocasionó que este miércoles personal de la Secretaría de la Honestidad se presentara nuevamente y con uso de la fuerza pública desalojaron al personal de la secretaría ejecutiva del SEA y suspendieron de manera provisional a Irineo Romero.
Al respecto, el secretario técnico aclaró que la Secretaría de la Honestidad no tiene facultades para intervenir en la administración de la secretaría ejecutiva del SEA, ya que eso le compete únicamente a la Auditoría Superior del Estado.
Agregó que reportará los hechos a los integrantes del órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción y recurrirá a las instancias jurídicas para combatir los actos realizados este miércoles.
“Se trata de un acto arbitrario del Ejecutivo, para controlar, alinear los trabajos y funciones de la secretaría”, expresó.
Luis Ramón Irineo Romero insistió en que la Secretaría de la Honestidad no cuenta con facultades para realizar este tipo de intervenciones, pero es una muestra de que la secretaría ejecutiva del SEA no ha permitido ser controlada por el gobierno de Jaime Bonilla, quien también ha demostrado que no le interesa el combate a la corrupción.
Cabe recordar que durante dos ocasiones consecutivas, los representantes del gobierno de Baja California han impedido el desarrollo de los trabajos del Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado, ya que incluso ni se presentan a las sesiones.
Fue el pasado 18 de marzo que debido a la inasistencia de los representantes del estado, la sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal (SESEA) Anticorrupción en Baja California fue suspendida por falta de quórum, lo que pone en riesgo el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2021.
El comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción sesionó por última ocasión el 13 de marzo de 2020, cuando los representantes de gobierno impulsaron la suspensión de la reunión en la que se abordaría el tema de los “moches” en el Gobierno de Jaime Bonilla Valdez y la entrega de una notaría al ex gobernador, Xicoténcatl Leyva Mortera.
Tras un año sin reunirse, este jueves los integrantes del órgano de gobierno fueron convocados a sesionar para discutir y aprobar el presupuesto del 2021, tal y como lo estableció el Congreso del Estado mediante un transitorio.
Sin embargo, a la sesión acudieron únicamente 6 de los 18 integrantes, 5 ciudadanos y la síndico procuradora del 23 Ayuntamiento de Ensenada.
Ante la falta de quórum, el presidente del órgano de gobierno de la SESEA, Eduardo Arredondo Uribe, declaró la suspensión de la sesión y convocó a una nueva en un plazo máximo de 15 días.
El presidente del organismo comentó que en la sesión extraordinaria se sometería a discusión el presupuesto de 14 millones para este 2021, sin embargo, la ausencia de los representantes de gobierno se los impidió, lo que consideró un bloqueo de parte del Poder Ejecutivo.
“Hubo una operación para que no vinieran los funcionarios, para no tener el quórum que necesitamos; hablaron con ellos, están indicando que mi presidencia no es legal, que hay otro presidente y que no tenemos las facultades para hacer esta convocatoria”, indicó.
Arredondo Uribe mencionó que el sistema estatal anticorrupción se convirtió en un órgano incómodo para el gobierno del estado, por ello es que han sido atacados de forma constante y ha impedido su funcionamiento.
Y el Campestre en Tijuana
En medio del proceso electoral en Baja California, el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez publicó en una edición especial del Periódico Oficial del Estado el decreto de utilidad pública del terreno en donde se ubica actualmente el Club Campestre de Tijuana, lo que políticamente fue acusado como un revanchismo en contra de sus detractores.
La edición que consta de 34 hojas señala que Bonilla Valdez ejerció su facultad constitucional concedida en el artículo 27 de la Constitución bajo la premisa de que todo mexicano tiene derecho “a la protección de la salud, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, derecho a la cultura física y a la práctica de un deporte, así como al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia y el ejercicio de sus derechos culturales”, según expone el texto como justificación.
El documento emitió una argumentación de 46 puntos en los cuales señala la falta de espacios públicos y que derivado de diversos estudios técnicos y proyectos elaborados por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial se determinó los terrenos del campo de golf denominado Club Campestre de Tijuana son los más apropiados, idóneos e insustituibles para llevar a cabo la construcción y habilitación del proyecto denominado Complejo Interactivo Campestre ya que “no se cuenta en la ciudad con ningún otro predio que cumpla con las características que presenta éste”.
El texto señala que se requieren alrededor de 80 hectáreas para la creación de un parque urbano en 2040 por lo que se evaluaron 4 predios con extensión mayor a las 15 hectáreas, entre ellas Club Campestre, Rancho Cueros de Venado, Aguaje de Encino y San Antonio de los Buenos, sin embargo, el Club Campestre al estar en medio de la ciudad “presenta grandes ventajas en comparación a otros predios” expone el documento.
Las reacciones no se hicieron esperar y la primera en emitir una postura fue la candidata de la Coalición Vamos por Baja California, Lupita Jones, quien afirmó:
“Hoy es un día muy triste para Baja California. Bonilla está materializando por decreto la expropiación de la propiedad privada: tu casa, negocio y patrimonio te pueden ser arrebatados. Estemos unidos para que estas arbitrariedades no sucedan, votemos por el cambio este 6 de junio”, expuso la candidata.
En el mismo sentido Gustavo de Hoyos, ex presidente nacional de Coparmex, criticó la acción del gobierno estatal:
“Los gobiernos de Morena vulneran la certidumbre jurídica y no respetan la propiedad privada. Una nueva evidencia: el Gobernador Jaime Bonilla de Baja California recién decretó la expropiación del Club Campestre de Tijuana. ¿Qué sigue?”, mencionó en su cuenta de Facebook.
Por su parte Jaime Martínez Veloz calificó como absurda la expropiación del Club Campestre.
“Esta medida arbitraria del gobernante Bonilla no responde a ningún reclamo social como tampoco a alguna acción reivindicatoria de algún sector tijuanense, tiene su antecedente en un pleito personal con el ex alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, que accedió a la Presidencia Municipal, por Morena, o sea por el mismo Partido al que pertenece el gobernante Bonilla”.
Agregó que se trata de una medida unilateral que ahuyenta la inversión y exhibe el nivel primitivo y la ignorancia sobre los asuntos públicos que han caracterizado a la actual administración gubernamental.
Las críticas llegaron hasta el gobierno federal, por medio de la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier así como el ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, quienes se unieron a la serie de recriminaciones en contra del gobernador de Baja California luego de que emitió un decreto para iniciar la expropiación del campo de golf perteneciente al Club Campestre A. C.
Clouthier envió un tweet en su cuenta oficial en donde manifestó su inconformidad con la decisión del gobierno de Morena encabezado por Bonilla.
“En relación a la expropiación de un terreno de propiedad colectiva en Tijuana, rechazamos medidas de esta naturaleza, recordando que deudas tributarias no ameritan expropiación”, expuso.
Por su parte el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa no desaprovechó el momento retomando una nota de Reforma en la que comparó al titular del Ejecutivo estatal con el ex presidente de Venezuela Hugo Chávez.
“Inicia Bonilla expropiación de club privado en BC -Vía reforma. ¡Exprópiese! Y decían que no eran como Chávez y secuaces en Venezuela”, manifestó. @