La “expropiación” de la industria energética, retroceso total: Toño Astiazarán

La medida se tomó mediante un acuerdo que frena las inversiones privadas para la generación de energía eólica y fotovoltaica en el país, lo cual es considerado por los expertos como un retroceso que impactará negativamente en el costo de la luz.

Juan José Razzo

SAN LUIS RÍO COLORADO.- “Es un error garrafal del gobierno, estos cambios que hicieron a las disposiciones para poder generar energía”, estimó Antonio Astiazarán Gutiérrez, ex diputado federal y uno de los promotores de la energía fotovoltaica en Sonora.

Apenas el pasado viernes el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicó un Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con lo cual a partir del 3 de mayo de este año suspendieron las pruebas operativas para las nuevas centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas y no se autorizará para aquellas que aún no han realizado operación comercial, advirtió el documento.

Dicha acción gubernamental generó una serie de reacciones en el mundo, principalmente de los gobiernos en cuyos países existen empresas con inversiones en dicho sector en México, como la nota diplomática enviada por Graeme C. Clark, embajador designado de Canadá.

Se estima que este decreto podría poner en peligro inversiones por 30 mil millones de dólares en el país, además de miles de empleos de alta especialización, analizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Al respecto, Toño Astiazarán recordó que cuando se hizo la Reforma Energética, se hizo pensando en que se pudiera reducir lo más posible el costo de la generación de la electricidad, y así vinieron las famosas subastas energéticas, en donde hubo parques eólicos y solares que empezaron a vender a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) energía mucho más barata y limpia.

De hecho en algún momento fue hasta la más barata del mundo el producto de estas subastas, afirmó.

Entonces ahora lo que se pretende hacer es impedir que de estas inversiones que ya se hicieron, se le entregue la energía a Comisión y que Comisión recurra a la forma tradicional como había estado generando su electricidad que es con combustóleo, que es una fuente muy contaminante y muy cara, asumió.

“Va en contrasentido no solamente desde el punto de vista del calentamiento global, porque producir energía con combustóleo es muy contaminante y, por lo tanto, incide en el calentamiento global”, consideró.

Además es un contrasentido en lo económico porque un kilowatt-hora que ahorita se está ofreciendo más barata a través de estas nuevas inversiones que son parques solares muy eficientes, entonces es mucho más barata generarla con el sol que con combustóleo. “Entonces tampoco tiene sentido ni siquiera económico”, comparó.

“Y además de eso también está la afectación del riesgo país, el mensaje que estamos mandando que ya fue evidente con este tema de los canadienses, los Estados Unidos y Europa incluso  donde dice pues qué peligroso que tú invites a una persona, como empresa, a que hagas una inversión de millones de dólares y resulta que no puede vender su energía, porque lo tiene impedido ese acuerdo”, señaló el ex legislador.

Es un tema muy lamentable, es una decisión a mi juicio equivocada y que va a traer un costo importante, vamos a tener energía más sucia y más cara, resaltó el ex priista y quien en la pasada contienda electoral participó como candidato al Senado por el PAN.

Sobre el rumbo que tomaría el asunto, Toño Astiazarán dijo que hay recursos legales, “quiero pensar que las empresas que hicieron estas inversiones pues no se van a quedar con los brazos cruzados, van a ampararse porque además hay una cosa, se está perjudicando retroactivamente una disposición de este tipo,  y no se siguió el procedimiento que debió haberse seguido para poder autorizarse esta norma, entonces es ilegal”.

Seguramente lo van a hacer valer las empresas,  van a recurrir al amparo o a la defensa legal, redundó en entrevista con CONTRASEÑA.

“Creo que independientemente de la decisión irracional o en contrasentido en la parte ambiental y en la parte económica,  el mensaje que se manda de no certidumbre a la inversión pues es pésimo, porque eso nos afecta mucho en el crecimiento económico”, evaluó quien se desempeña en su vida personal como abogado.

Al final del día esto va a significar energía más sucia y más cara, o sea, no vamos a contribuir nosotros como debiéramos hacerlo con la meta mundial para reducir los gases de efecto invernadero porque no se van a estimular este tipo de inversiones, y creo que el ciudadano lo va a padecer así en energía más sucia y más cara, agregó.

Luego hizo una observación como sigue: “¿Qué puede hacer el ciudadano? Pues salir a votar porque al final del día en el 2021 vamos a tener como ciudadanos esta posibilidad de poder elegir entre quienes piensan que hay que apostarle al combustóleo como lo es Morena y los que no pensamos así, los que pensamos en que el planeta puede generar energía más limpia, más barata, que es necesario usar este tipo de innovaciones…”.

Toño Astiazarán inició la asociación Energía Social, un proyecto social impulsado desde 2012, que  tiene dos aerogeneradores en Puerto Peñasco, Sonora con un total de 4 megawatts de capacidad, cuya energía se entrega a CFE y la paraestatal la distribuye equitativamente como un descuento en los recibos de la luz de 20 mil familias de Sonora, entre ellas 800 de San Luis Río Colorado.

Genera reacciones en la IP

De acuerdo con información de Milenio, el banco de inversión UBS consideró que las nuevas normas que rigen al sector eléctrico publicadas por la Secretaría de Energía (Sener) frustrarán la competencia en el mercado de generación de energía, mismo que aumentará los costos para los consumidores, y desviará a México de las energías limpias en las que el país tiene reconocidas ventajas comparativas, con lo que se desincentiva a la inversión.

En un documento realizado por el área de análisis, el banco refirió que, de implementarse el acuerdo, la Sener tendría un mayor papel en las decisiones de quienes pueden participar en la generación de energías en el país, contrario a la reforma energética de 2014 que buscaba abrir la generación de electricidad a la inversión privada proporcionando acceso competitivo a la red eléctrica nacional y promoviendo el crecimiento de las energías renovables.

“Las nuevas reglas publicadas por la Sener y Cenace parecen tomar un gran paso en la dirección de poner al sector energético bajo un mayor control del gobierno, al aumentar los costos de transmisión para jugadores privados a través del aumento de la regulación. Si se implementan, las nuevas reglas parecen penalizar a los productores de energías renovables de menor costo y benefician a generadores de electricidad basados en combustibles fósiles, principalmente la empresa propiedad del Estado CFE”, indicó.

UBS agregó que la Sener también ha justificado la introducción de las nuevas normas a causa del impacto perjudicial del coronavirus en la demanda de energía y que las reglas establecidas son para beneficiar a CFE, pero no sólo interrumpe la libre competencia en la generación de energía mercado, sino que tampoco explica por qué la caída de la demanda de electricidad crea inestabilidad para la red nacional.

Por su parte, funcionarios federales, principalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador han declarado que estas acciones se toman para rescatar al sector energético que había sido entregado a las empresas privadas y extranjeros con la llamada Reforma Energética.

Indicó que los inversionistas están en su derecho de acudir a los tribunales, así como el gobierno mexicano está en su derecho de poner orden en la materia y lo que es justo para los mexicanos.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que el acuerdo acerca de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, publicado el viernes 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano.

En un comunicado, el organismo que dirige Carlos Salazar Lomelín, señaló que a través de este instrumento, la Secretaría de Energía (Sener) “usurpa” facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia.

“Dicho acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos. Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como pérdida de empleos, confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil mdd”, aseveró.

El CCE expuso que la medida entrada en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, así como autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, “atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico”.

“No solo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado”, resaltó el organismo empresarial.

Todavía falta ver el rumbo que tomará esta situación en los tribunales, en los cuales seguramente estará en los próximos días y años. @