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Cobijan Gobiernos impunidad de Grupo México

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Mientras miles de afectados por el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora, tienen que pagar hasta 150 pesos por un garrafón de agua, el gobierno de Guillermo Padrés Elías anunció que asumiría los cerca de 100 millones de pesos que, en las primeras evaluaciones, se dice que costará el saneamiento de los caudales. Ayer, el Gobernador panista Padrés Elías explicó que los daños causados por el derrame de más de 40 mil litros de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, serían pagados por los gobiernos federal y estatal. Detalló que posteriormente recibirán el reembolso por parte del consorcio minero de Germán Larrea Mota Velasco. El “peor desastre ambiental en la industria minera del país en los últimos tiempos”, según señalaron funcionarios federales, sigue arrojando reportes de daños tanto ambientales, como económicos y a la salud de los habitantes de la región. Sin embargo, pese al reconocimiento de que Grupo México es responsable de la catástrofe ambiental, las multas contra la empresa son mínimas.

El 15 de agosto pasado, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana denunció que es irrisoria la multa de 20 mil salarios mínimos, que significan un millón 380 mil pesos, cuando tan sólo en el primer semestre de este año este grupo obtuvo ingresos por mil 178 millones de dólares, es decir, unos 17 mil millones de pesos. Por su parte, un análisis de Acciones y Valores (Accival), subsidiaria bursátil del Grupo Financiero Banamex, realizado luego de una reunión que sostuvieron inversionistas mexicanos y expertos políticos y financieros con los ejecutivos del consorcio propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, señaló que el “riesgo colateral negativo” para Grupo México ha disminuido e incluso la decisión del gobierno federal de centralizar en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la investigación, podría favorecer a la empresa. Un experto político de Banamex consideró que “es improbable” que exista un riesgo estructural importante para la compañía. “La investigación se centralizó a través de la Semarnat, no de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente], lo cual muestra el interés de controlar centralizadamente el resultado, y podría ser positivo para la compañía. A los políticos a nivel federal y estatal les incentiva una retórica dura, pero México también necesita demostrar que a los concesionarios se les trata justamente y conforme a las leyes vigentes”, expuso. Representantes de Accival se reunieron con los ejecutivos de Grupo México, además de expertos políticos e inversionistas locales, y concluyeron que el “riesgo colateral negativo” para la empresa se redujo, tras la conferencia de prensa ofrecida ayer por la Semarnat, la Profepa y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la cual destacó la ausencia de nuevas multas y sanciones a la compañía. Hasta el momento, expusieron, sólo hay en curso una multa de 40 millones de pesos contra el consorcio que preside Larrea Mota Velasco. Sobre, la posibilidad de retirar la concesión al grupo empresarial, propiedad de Germán Larrea, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, expresó que esta dependencia carece de las facultades para hacerlo. Expresó también que todavía no existen elementos para clausurar la empresa. Al respecto, el Movimiento Pro Defensa del Río Sonora hizo un llamado al señor Mota Velasco para Grupo México actúe como “persona responsable de sus actos”. Sr. Germán Larrea Mota-Velasco, El día de hoy 24 mil habitantes, de 8 municipios, de 47 comunidades, sufren los agravios que les ocasionó esta empresa tuya y de tus socios accionistas. Podemos creer que no haya sido intencional, pero si es culposo. Quien se jacte de ser una persona honorable, debe de ser también una persona responsable de sus actos. Movimiento Pro-Defensa del Río Sonora está esperando que Grupo México actúe como una empresa ejemplar y pague las consecuencias de sus actos. Germán, quiero también pedirte especialmente a ti, que me acompañes este fin de semana, solamente un día, solamente este sábado 30 de agosto, a visitar a 8 familias del Río de Sonora. Solo una familia de cada municipio.

Es una petición muy especial personalmente para ti, es un reto para ti, y espero que lo aceptes. No tengas miedo de venir, la gente del Río Sonora es gente buena, y te tratarán cordialmente.

El caso actual de Sonora no ha sido el único. Grupo México también ha sido acusada de la muerte de cientos de mineros que por falta de medidas de seguridad, han perdido la vida en derrumbes y otro tipo de accidentes relacionados con las minas. El accidente más importante, y que abrió las puertas a un sinnúmero de investigaciones al sector minero, fue el sucedido en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila. La tragedia se registró el 19 de febrero de 2006 y ahí murieron un total de 65 mineros luego de una explosión provocada por una alta concentración de gas metano. Antes del accidente ocurrido en Pasta de Conchos, la empresa debió de haber pagado aproximadamente un millón de pesos de multa por minero muerto.

Por el accidente ocurrido en la mina de Charcas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) impugnó una multa por más de 13 millones 445 mil pesos. Se indemnizaron 400 mil pesos por cada minero fallecido, cifra a la que se sumará las pensiones de los hijos de los trabajadores. La cifra cobrada por la multa aunque sea “histórica”, en realidad equivale al 0.22 por ciento de las utilidades de un trimestre de la empresa.

El último accidente fue el que se registró el pasado 12 de febrero en la mina de Charcas, ubicada en San Luis Potosí, en donde cinco trabajadores mineros perdieron la vida a causa de la ruptura de los cables guías de una calesa que transportaba ocho toneladas de carbón. En una conferencia de prensa conjunta con el titular de la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro, el director de la Conagua, David Korenfeld, y el titular de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel Arriola, los funcionarios consideraron el accidente como el peor desastre ambiental en la industria minera del país en los últimos tiempos. “Se está revisando el cumplimiento de nueve resolutivos de impacto ambiental. Es la mina más grande de México, una de las más grandes del mundo, la más grande de América Latina; se está desplegando un equipo para detectar mayores irregularidades del as que ya se ha iniciado un procedimiento, se verifica el compromiso de las normas dictadas, ya hay denuncia penal contra quien resulte responsable”, expuso el titular de Profepa.

El 7 de agosto se hizo público el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre de la mina Buenavista del Cobre, en Sonora, de Grupo México, concesionario de la mina, los químicos llegaron hasta los ríos los Bacanuchi y Sonora. Al momento son siete los municipios afectados y un aproximado de 24 mil sonorenses afectados por el derrame, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

COSTOS DEL SANEAMIENTO

El costo del saneamiento de los Ríos Sonora y Bacanuchi, contaminados por el derrame de más de 40 mil litros de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, podría llegar hasta los 100 millones de pesos. En la primera etapa sería necesario invertir, según sus estimaciones, más de 30 millones de pesos y dado que ya vienen las cosechas, se tiene que evaluar los daños de las mismas, por lo que se hablaría de una cantidad mucho más fuerte. “Estimamos en números fuertes que puede llegar hasta los 80 o 100 millones de pesos en la primera etapa”, resaltó el Gobernador Padrés Elías. El titular de la Profepa afirmó anunció que se está integrando una demanda por responsabilidad ambiental para lograr la reparación de daños al entorno, que contempla sanciones económicas por cerca de 40 millones de pesos, más el costo de la remediación de los sitios dañados por pérdidas y modificación del medio ambiente.

“El costo de la remediación pudiera llegar a ser de cientos de miles de millones de pesos”, dijo. Hasta ahora, Grupo México podría pagar sanciones hasta por 500 millones de pesos, más lo que se acumule. La ley prevé 50 mil salarios mínimos de multa por cada irregularidad que se encuentre.

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