Desplegado del Gobernador de BC contra “Grupo Healy” es un acto de intimidación
MEXICO.-La acusación por “extorsión” lanzada por el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, y los cinco alcaldes de esa entidad, contra los directivos de los periódicos Frontera, Frontera Ensenada y La Crónica de Baja California (Grupo Healy), es un acto de intimidación que pretende condicionar e inhibir el ejercicio periodístico del consorcio mediático.
El pasado viernes 13 de marzo, el gobernador Vega de Lamadrid y los cinco alcaldes de Baja California, entidad ubicada en el noroeste de México, publicaron un desplegado en diferentes medios de comunicación, donde acusaron que los tres periódicos han utilizado una “política de chantaje” y “extorsión”, a través de sus contenidos editoriales, “con la finalidad de conseguir que se solventen sus pretensiones económicas, en detrimento del presupuesto público”.
Textualmente indicaron: “En las últimas semanas ha sido una constante de los citados medios de comunicación el manejo de información fuera de toda objetividad, que no atenta contra los gobiernos que encabezamos, sino contra el desarrollo armónico y la imagen de esta entidad, que se caracteriza por ser una tierra de gente trabajadora, gente honesta, que diariamente pone su mayor esfuerzo por aumentar las oportunidades de bienestar”.
Por eso motivo, el Gobernador y los alcaldes anunciaron la cancelación de sus relaciones comerciales con el consorcio periodístico, que en las últimas semanas ha publicado una serie de reportajes y notas donde informan sobre excesos e irregularidades en las finanzas públicas, presuntamente cometidas por el gobernador, los alcaldes y las administraciones que encabezan.
En respuesta al desplegado del gobernador y los alcaldes, Juan Fernando Healy Loera, presidente y director de Grupo Healy, publicó una columna editorial titulada: “Informar con la verdad no es extorsión”, donde niega categóricamente las acusaciones de los servidores públicos bajacalifornianos.
“¿Es acaso extorsión y difamación informar sobre las propiedades adquiridas por el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, mientras se encuentra en funciones y de las cuales se niega a dar detalle? ¿Que Baja California ocupa el primer lugar en delitos del fuero común en la Zona Norte del País como lo establecen las estadísticas del Secretariado Técnico de Seguridad Pública Nacional de la Secretaría de Gobernación? ¿Sobre la deficiencia y rezago en obras públicas en el Municipio de Tijuana como la ciclovía y calle Segunda que ha tenido graves afectaciones al comercio establecido? ¿Sobre una investigación donde denuncian corrupción en el parque Juventud 2000 en Mexicali? Que el alcalde de Tecate es el mejor pagado del Estado, mientras el Pueblo Mágico sufre por problemas económicos”, cuestionó Healy Loera.
Para ARTICLE 19 no hay duda que el desplegado firmado por el Gobernador y los alcaldes de Baja California representa un acto de intimidación y presión a su labor informativa, pues con éste “se busca influenciar”, a través de presiones económicas, el sentido editorial del medio.
“Las presiones económicas constituyen una forma cada vez más persistente de interferencia en el ejercicio de la libertad de expresión. La utilización de la contratación de publicidad en un medio determinado, como premio o castigo, por la línea informativa, constituye un elemento que puede inhibir el ejercicio de la libertad de expresión, ya que mediante ello se ejerce presión y condicionamiento”, dijo Darío Ramírez, Director de ARTICLE 19 Oficina para México.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “si bien es cierto que existe un riesgo intrínseco a la actividad periodística, las personas que trabajan para determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentadas, si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan provocar o sugerir acciones o ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que ejercen labores periodísticas o de quienes ejercen su libertad de expresión”.
Es por eso que ARTICLE 19 hace un llamado al gobernador de Baja California, así como a los cinco alcaldes, para que paren cualquier acto de intimidación que incremente el riesgo de la prensa y en consecuencia que emitan sus opiniones conforme los compromisos internacionalmente adquiridos por México en materia de derechos humanos. Es así que los pronunciamientos de funcionarios deben hacerse con una mayor diligencia, requiriendo constatar razonablemente los hechos que fundamentan sus opiniones.