Gobierno vs los Healy: entre el chantaje y el autoritarismo
La tormenta desatada por el gobernador y los alcaldes de Baja California, quienes acusaron a Periódicos Healy –que editan La Crónica, en Mexicali, y El Imparcial, en Hermosillo– de chantaje y extorsión sienta un negro precedente en materia de libertad de expresión. “No pago para que me peguen”, diría Kiko Vega, emulando al ex presidente López Portillo.
Humberto Melgoza Vega
En un hecho inédito, el gobierno de Baja California, incluidos los cinco municipios, denunciaron públicamente al Grupo Healy que edita La Crónica en Mexicali, Frontera en Tijuana y Frontera Ensenada, de extorsión y chantaje.
Por medio de sendos desplegados publicados en los principales periódicos del vecino estado, incluidos los propios del Grupo Healy, el gobernador panista y los cinco alcaldes, dos del PAN y tres del PRI, declararon la guerra al grupo editorial.
Encabezados por Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California, los alcaldes Jaime Díaz Ochoa, de Mexicali, Jorge Astiazarán Orcí, de Tijuana, Gilberto Hirata Chico, de Ensenada, César Moreno González de Castilla, de Tecate y Silvano Abarca Macklis de Rosarito acusaron al grupo periodístico de origen sonorense de pretender “chantajearlos” con sumas millonarias a cambio de no atacarlos en las publicaciones de los medios de comunicación que dirigen.
Ante el embate gubernamental, el presidente de lo que antes se llamó Periódicos Healy (PH), Juan Fernando Healy Loera advirtió que procederán legalmente contra el gobernador y los cinco alcaldes por daño moral.
El escándalo detonado por el gobernador y los alcaldes del PAN y del PRI provocó reacciones encontradas, algunos medios se han solidarizado con los Healy aunque la mayoría les han “atizado”, acusándolos de tener una doble moral y de pretender sumas millonarias de publicidad disfrazada de información; mientras que organismos defensores de la libertad de prensa, como la SIP y Article 19 han denunciado la intimidación y hostigamiento por parte de los gobiernos como una manera de acallar la crítica periodística.
En otras circunstancias este encontronazo hubiera tenido alcance nacional e internacional, sólo que se vio opacado por el despido de Carmen Aristegui y su equipo de MVS, otro conflicto relacionado con la libertad de expresión que ha acaparado la atención de propios y extraños.
Anteriormente la revista Proceso entabló un juicio contra el gobierno de la República porque los mantienen vetados de cualquier contrato de publicidad debido a la línea crítica del semanario, una reedición de la frase clásica “no pago para que me peguen” acuñada por el ex presidente José López Portillo.
La danza de los millones
Con el sugerente encabezado “En Baja California, a favor de la libertad de expresión, no de extorsión”, el gobernador y los cinco alcaldes publicaron y firmaron el desplegado en donde se quejan de la “política de chantaje” y estar siendo víctimas de señalamientos periodísticos por parte del Grupo Healy “fuera de toda objetividad”
“Este manejo informativo se deriva de la imposibilidad financiera del Estado y de los municipios de dar una respuesta afirmativa a la demanda de Periódicos Healy la cual se sale de toda proporción con relación al presupuesto que ejercen las instancias responsables de las partidas correspondientes a difusión y publicidad, ya que ceder a ellas sería una grave irresponsabilidad en el destino de los recursos públicos”.
Tras decirse respetuosos de la política editorial de los medios y los principios de la actividad periodística, advierten que “no permitiremos, a ésta ni a ninguna otra empresa de medios de comunicación, que ejerzan presión, a través de los contenidos editoriales, con la finalidad de conseguir que se solvente sus pretensiones económicas en detrimento del presupuesto público”.
Enseguida, anunciaron que a partir de esa fecha cancelaban cualquier relación comercial con la empresa Impresora y Editorial SA de CV, que edita los diarios de la cadena Healy en Baja California y que aquí edita El Imparcial con sede en Hermosillo, periódico que también acapara la mayoría del presupuesto destinado a difusión del Nuevo Sonora, alrededor de 2 millones de pesos mensuales.
Una fuente del gobierno de BC, a la que tuvo acceso CONTRASEÑA, reveló que la directiva de los Periódicos Healy pedía 30 millones de pesos anuales al gobierno del estado y 15 millones a cada uno de los municipios. El paquete presuntamente ofrecido al estado incluía la “cobertura diaria a las actividades del Gobernador y su esposa en todos los medios del grupo en BC, publicidad en espacios premium, ‘chats’, difusión en redes y comentarios en columnas”.
Coincidencia o no, en los días y semanas recientes, La Crónica de Baja California había publicado una serie de notas en contra de Kiko Vega, como la compra de diversas propiedades, la presunta corrupción detectada en el centro Juventud 2000, de donde salió Rafael Morgan Jr., además de la inseguridad y la alta incidencia de feminicidios en Mexicali, entre otras.
La reacción del grupo editorial fue inversamente proporcional y de la misma forma como fueron señalados reviraron “En Grupo Healy no extorsionamos, informamos”.
En su defensa, argumentaron que “el derecho a la libertad de expresión lo defenderemos no porque consideremos que nos da el poder de decir lo que queremos, sino de comunicar a la población lo que consideramos que es importante para el desarrollo de una sociedad más plural, participativa y democrática.
“Los gobiernos argumentan sin comprobar que la información dada a conocer de manera crítica por La Crónica, Frontera y Frontera Ensenada carece de sustento, por lo que nosotros ponemos a su disposición y de quienes así lo consideren necesario, los datos recabados por nuestro equipo de reporteros y editores, que de manera profesional y objetiva la han dado a conocer a nuestros lectores.
“Acudiremos a las instancias que correspondas para defender nuestro derecho a informar y a no ser coercionados por las autoridades a causa de nuestra labor periodística”, manifestó el presidente del GH, Juan Fernando Healy Loera.
También, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) desde su sede en Miami reprobó la campaña mediática de desprestigio emprendida por el gobernador y los alcaldes contra los tres diarios que publicaron denuncias sobre irregularidades en sus gobiernos.
Esta medida se produce después de que los tres diarios publicaran una serie de reportajes sobre la “precaria situación económica y social en el estado y, en particular, sobre las propiedades que adquirió el gobernador Vega de Lamadrid durante su gestión y sobre las que se niega informar”, según recoge el comunicado de la SIP.
Además de solidarizarse con el Grupo Healy, el presidente de la organización, Gustavo Mohme, aseveró que “esta campaña de desprestigio demuestra que los diarios están haciendo bien su trabajo”.
El líder de la SIP refirió que se trata de un hecho “ilegal e ilícito con agravantes irremediables por ser el propio Gobierno el que contraviene principios constitucionales atentando contra la propiedad privada y limitando el derecho del público a saber sobre temas de la administración pública”.