Asoma Partido Verde regreso del autoritarismo
Una nueva amenaza a la libertad de expresión se cierne sobre el estado de Sonora con la iniciativa presentada por el Partido Verde para reanimar el extinto delito de la difamación –incluso en redes sociales–, una acción vista por muchos como una cortina de humo, y por otros, sobre todo representantes de medios de comunicación, como una acción retrógrada y represiva con el rancio sabor del viejo PRI
Bibiana García Garza
La libertad de expresión no tiene más límites que el respeto a la vida privada, los derechos de terceros, provocar algún delito o perturbar el orden público, y constituye una de las garantías del Estado para todos los ciudadanos quienes por manifestar sus ideas en ningún momento deberán ser objeto de inquisición judicial o administrativa.
Es importante recalcar que la libre expresión de las ideas es un derecho básico para el desarrollo de toda sociedad que se precie de vivir en un sistema democrático.
Para proteger esos principios, la legislación mexicana en materia de difamación ha sido adecuada desde el 2007 para que recaiga en la responsabilidad de las personas al difundir información pero no conlleve una acción penal en consecuencia.
Antes de ese año, el Artículo 350 (hoy letra muerta) castigaba con prisión de hasta dos años o multas el delito de difamación descrito como:
“… comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien”
Sin embargo, el Senado de la República aprobó la despenalización de la difamación, la calumnia y la injuria, primero del Código Federal, y luego de la Ley sobre Delitos de Imprenta, una acción que eventualmente también se aplicó en la mayoría de las entidades de la República Mexicana, incluyendo Sonora (junio del 2007) y Baja California (julio del 2014).
Esto con el propósito de proteger la libertad de expresión, de pensamiento y de prensa, sobre todo para combatir la censura.
Iniciativa de ley… mordaza
Censurar tiene que ver con intervenir en la manifestación de las ideas aduciendo razones ideológicas, creencias y políticas así como prácticas morales, corporativistas o religiosas para justificar la supresión de algún material considerado ofensivo, o bien, el reprimir y sancionar a quien lo emita.
Precisamente en ese tenor es en el que se pronunció esta semana la diputada sonorense del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Selma Guadalupe Gómez Cabrera, al presentar ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa para sancionar a periodistas por “acusar falsamente a personas o funcionarios públicos”, a manera de difamación.
Esta propuesta de “Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen”, explicó, pretende que quienes dañen el patrimonio moral, la imagen o el honor de una persona o funcionario terminen incluso indemnizando a los agraviados.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, e incluye regular la publicación de memes o cualquier otra información difundida a través de redes sociales que se considere como la difamación a una persona, con el argumento de que afecta a la familia y a la sociedad en general.
Aunque aclaró que su propuesta no tiene como fin “ofender” a los medios de comunicación sino “regular acciones que atacan a terceros” en redes sociales, la crítica y el rechazo, principalmente de periodistas en el estado no se hizo esperar.
Inclusive, apenas se hizo pública la presentación de su iniciativa, la legisladora fue increpada por representantes de los medios de comunicación en Hermosillo quienes le reclamaron de viva voz el sentido de su propuesta y cuestionaron vehemente el origen de ésta, y/o a qué intereses servirá, especulando algunos que venga de las altas cúpulas del PRI, su partido aliado.
“Yo represento a todas las personas de Sonora y constantemente vemos que se ven atacadas a través de las redes sociales, entonces creo yo que debe haber esta ley para protegernos a todos dela difamación porque es muy fácil escribir un mensaje sin tener una base”, afirmó al respecto.
Ante las preguntas que realizaba la prensa para conocer el motivo específico de la propuesta dijo desconocer la razón por la que los comunicadores pudieran sentirse agraviados, “… nosotros convivimos con los ciudadanos, ¿por qué se sienten así?”.
La iniciativa de ley está integrada por 44 artículos y contiene apartados de “vida privada, honor y propia imagen”.
En todos sus apartados, además, establece sanciones en caso de demostrarse una difamación, pese a que la legisladora no explico cómo y cuándo se puede llegar a determinar el momento en que se convierte en un delito.
En el Artículo 26, por ejemplo, cita que la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, sin la autorización de la persona, “… constituye una afectación al patrimonio moral”.
Esto incluye que la utilización del nombre, voz o imagen de una persona con fines peyorativos, publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga dará? lugar a la reparación del daño que por la difusión de la misma se genere.
Por otra parte, indica en el Artículo 33 que los servidores públicos tendrán limitado su derecho al honor, a la vida privada y a su propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones sometidas al escrutinio público.
El apartado referente a la reparación del daño por parte del demandado fija una indemnización de hasta 350 salarios mínimos (el vigente en la capital del estado), por la afectación al patrimonio moral se cita en el Artículo 39.
Ello sin contar los gastos y costas que deberá sufragar el demandado y que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el Código Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, según el Artículo 41.
Y aunque consideró que es fundamental garantizar protección e “independencia” para los periodistas, reiteró que no se trata de derechos absolutos y que no pueden ser objeto de restricciones por lo que su iniciativa tiene por objetivo proteger el derecho a la vida privada, el honor o la imagen propia “a la luz de los estándares democráticos internacionales”.
También se menciona que si la persona afectada es un funcionario público, al presentar su denuncia deberá comprobar que hubo malicia efectiva de parte del periodista y que se difundió la información a sabiendas de su falsedad y publicada con “total despreocupación sobre su veracidad (…) con el propósito de dañar”.
Con ello, agregó la legisladora, únicamente estará permitido que los medios de comunicación juzguen a los funcionarios sobre hechos y datos relacionados a su desempeño en el ejercicio del gasto público, sobre acontecimientos naturales, sociales, políticos, económicos y culturales que pueden afectar a la sociedad en su conjunto.
Asimismo, que la información sea útil para la toma de decisiones de las personas, para ejercer derechos y cumplir obligaciones en una sociedad democrática, asentó.
Entre límites y limitantes de la libertad de expresión
Como se menciona anteriormente en este texto, la libertad de expresión tiene sus límites pues admite ciertas restricciones como los de las leyes civiles de difamación, conforme a principios constitucionales y tratados, que aseguran la responsabilidad de quienes difunden la información.
Aunado a ello se apega el código deontológico del periodista (lo equivalente al juramento Hipocrático de los médicos), y los códigos de ética.
Generalmente, se considera una declaración difamatoria si es falsa, si se basa en hechos (no en opiniones), si causa daos a la reputación del afectado –no a sus sentimientos-, y si se puede comprobar que los daños causados derivan directamente de que la declaración ha sido leída, oída o vista por otros.
En torno a este tema la organización Artículo 19, integrada por comunicadores en México y todo América Latina, recuerda que las figuras públicas deben tener un umbral de mayor tolerancia al discurso chocante, pues, asegura, “… una declaración que insulta a una figura pública no basta para justificar la imposición de sanciones”, además de que toda figura pública puede ser objeto legítimo de críticas y oposición política.
Según el principio 10 de la Declaración de principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.”
El derecho a la libre expresión implica, pues, que las autoridades no deben censurar previamente la información, reitera Artículo 19.
En contra medios y opositores
En torno a esta propuesta en particular se pronunciaron tanto periodistas como legisladores, en este caso del Partido Acción Nacional (PAN), quienes consideran que se trata de un atentado absoluto y “con dedicatoria” contra los medios de comunicación y la libertad de expresión.
Para el periodista Marcelo Beyliss Soto, quien ejerce el periodismo en la capital del Estado, se trata de una iniciativa desafortunada cuyo único objetivo es coartar la libertad de expresión y está dirigida al gremio periodístico.
“Es muy lamentable y desafortunada esta iniciativa, es evidentemente un intento de censura, aun cuando el Código Penal contempla algunos puntos de la calumnia y la difamación con esto se quiere ser más concreto y tiene dedicatoria al gremio periodístico”, señaló.
Además, comentó que resulta extraño que la diputada que presenta la iniciativa acaba de llegar como suplente para concluir el periodo por lo que habrá que ver por qué llegó atacando a la prensa.
“… aquí entonces el asunto es que de parte de quién viene, lo vamos a ver si pasa en comisiones esto y si baja al pleno, qué diputados lo apoyan y quiénes no, ahí lo vamos a ver, si es del PRI, o del PAN, o si lo apoyan los dos, pues qué lamentable (…) no sé si sea una cortina de humo para el Congreso o algo más fuerte, porque viene calificación de la Cuenta Pública 2014, no sabemos si sea por ahí el asunto, o alguien se lo pidió a esta diputada”, afirmó.
Para Héctor Navia Flores, comunicador en San Luis Río Colorado, se trata de un intento estéril y burdo de atentar contra la libertad de expresión por lo que será difícil que sea aprobada la iniciativa.
“Veo muy lejano que se haga posible, más por como están los tiempos, no le conviene al gobierno, sería como detonar aún más la crítica de como se está ya generando en las redes sociales, creo que es una estupidez parlamentaria del Partido Verde”, expresó.
Esto porque, afirmó, sería imposible que el PVEM ganara adeptos con este tipo de propuestas que no obtendrán la simpatía de ninguna mayoría, sino todo lo contrario, aunque tampoco cree que sea una estrategia para desviar la atención o que obedezca intereses de partidos aliados, como el PRI, sino simple y sencillamente una tontería de la legisladora verde.
Empezando con el pie izquierdo
El PAN como oposición también pintó su raya respecto a la propuesta sobre la que tanto el actual diputado local, Everardo López Córdova, como la legisladora electa, Lina Acosta Cid, se pronunciaron en contra, lamentaron la situación y esperan que ese no sea el tenor de la próxima administración en relación a la libertad de expresión.
Por su parte, la diputada local electa opinó que sería muy difícil, de entrada, controlar y/o regular los medios electrónicos y las redes sociales, esto aunado a que se debe de tener más apertura a la crítica constructiva, en el caso de los funcionarios públicos.
“Desde el momento en que somos funcionarios públicos nos debemos precisamente a un actuar público y tenemos que ser lo suficientemente maduros para poder aceptar las críticas, siempre y cuando no rebasen el tema del ámbito penal o privado”, mencionó.
En ese sentido hizo referencia a la tolerancia que se fortaleció en lo que respecta a este tema a partir del sexenio de Vicente Fox, particularmente hacia los medios de comunicación, cambiando el sentido de la libertad de expresión en México.
“… yo creo que tenemos que avanzar en construir opiniones y críticas constructivas y no en la ley mordaza de ´no dices nada´ o ´no opinas nada, y todo lo que digas o publiques puede ser usado en tu contra´, difiero totalmente de un criterio autoritario, yo creo que en México tenemos que ser más libres y sobre todo más propositivos en lugar de tratar de aplicar represión, multas o sanciones que solo frenan la democracia”, aseveró.
Además, añadió, si se trata de una propuesta que solo quiera llamar la atención con sensacionalismo el ciudadano sabrá si tiene o no una repercusión en que sea un interés de fondo al ver que las alianzas al Partido Verde le han funcionado bien, con el PRI por ejemplo.
“Ahorita no tiene una plataforma fuerte el PVEM y a lo mejor está tratando de ver hacia adelante una mayor representación, cosa que lo veo difícil a menos de que lo haga, con alianza”, declaró.
Sin embargo, indicó, se trata de una iniciativa que podría o no discutirse en la próxima legislatura dependiendo de la agenda y las prioridades de cada grupo parlamentario.
Por su parte, el diputado local, Everardo López, quien volvió al Congreso del Estado para concluir su periodo a pesar de que fue electo para la diputación federal por el Distrito 01, coincidió en la postura de su correligionaria y advirtió que esto pudiera ser un muy mal presagio para la nueva administración del Gobierno del Estado.
Y es que, aunque dijo que la diputada del Verde que presentó la iniciativa está en su derecho de tener su postura y exponerla, resulta preocupante que justo cuando se da un cambio en el gobierno salga a la luz una propuesta de esta naturaleza.
“A mí me preocupa que por ahí sea el sentido, yo espero que sea a lo mejor una ocurrencia, o algo de botepronto, o porque la diputada quiere quedar bien con alguien, pero que de ahí no pase a ser una agenda estatal que venga a marcar un rumbo porque ahí sí que no lo vamos a permitir”, advirtió.
López Córdova anotó que ya se ha avanzado lo suficiente desde el año 2000 en cuanto a libre expresión y el que el ciudadano pueda exigir y poner el dedo en la llaga sin ir a la cárcel o ser sancionado o reprimido, además de que la crítica constituye un contrapeso importante para todos los gobiernos.
“No puede ni debe pasar esta iniciativa porque no es el ánimo de la pluralidad en la libre expresión de los ciudadanos y los medios de comunicación, que es a ellos hacia quienes va dirigida la propuesta, en su momento se votará en contra con argumentos de peso en torno al por qué no”, concluyó. @