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Invaden San Luis estafadores de la vivienda

Como ya lo han hecho en otras ciudades por razón de fuerza, amparados en documentos sin validez y aprovechándose de las ilusiones y la necesidad de la gente, un grupo de personas llegó a este municipio a promover invasiones con el ánimo de lucrar, lo que está generando ya un problema social y económico que crece exponencialmente

Bibiana García Garza

Ana Aidé Angulo Amador, coordinadora de Vivienda PopularSin ninguna autorización oficial o federal, desde hace un par de semanas un grupo de personas que vienen de fuera empezó con la asignación ´a diestra y siniestra´ de más de 200 viviendas de interés social en diferentes fraccionamientos.

Aunque los líderes de esta agrupación denominada “Vivienda Popular” aseguran que su intención es ayudar a la gente en la adquisición de una vivienda y regularizarse, o adquirir un crédito y no promover la invasión, los verdaderos dueños de esas casas ya se unieron para lanzar una alerta a la comunidad con el fin de que nadie caiga en esos engaños.

Dichas agrupaciones piden diferentes cantidades de dinero a las personas a las que invitan a invadir, es decir, les cobran renta desde los 500 a los 700 pesos, o inclusive les “venden” la propiedad hasta por 15 mil pesos, a pesar de que no cuentan con los documentos ni las autorizaciones que les avalen como dueños o autorizados para efectuar dichas operaciones.

Encima de todo, la invitación a habitar las viviendas desocupadas se promueve por todo lo alto a través de perifoneos y reuniones en las que exhiben documentos firmados por autoridades del Infonavit, pero que en ningún momento indican que cuentan con la autorización para promover las invasiones, ni rentar o vender las propiedades.

** Problema social **

José Martín Leyva, Promotor Inmobiliario ExpressAcerca de este tema, el promotor inmobiliario de Casa Express, José Martín Leyva, lamentó que esta problemática se esté agravando en el municipio a raíz de la llegada de personas que se dedican a promover invasiones ilegales, y que inclusive han tenido “éxito” en otras plazas del estado como Hermosillo, Ciudad Obregón y Puerto Peñasco.

En su caso, son seis casas las que le invadieron, de 15 que está en proceso de vender, y aunque al parecer cuatro invasores ya desistieron cuando les expuso la situación y les pidió que se retiraran, dos se resisten a desalojar.

Sin embargo, su caso no es nada comparado con el fraccionamiento Joyas del Parque, de la inmobiliaria de Martha Silvia López, a quien le han invadido hasta 150 viviendas, que se suman a las invasiones que han sufrido Bienes Raíces Damián, y Metro Financiera, entre otras.

Este tipo de invasiones, admitió Leyva, siempre ha existido, pero sin duda se resurgieron hace alrededor de tres semanas con la llegada de esas personas que, al parecer, buscan obtener una ganancia aprovechándose aprovecharse de la buena voluntad de la gente en necesidad de una vivienda.

“Una señora dice que le estaban pidiendo hasta 15 mil pesos, creo que hay que alertar por lo que está pasando porque para esos trámites la gente primero tiene que ir al Infonavit y buscar algún convenio o programa como el Arrendavit, que es exclusivo para este tipo de casos”, señaló.

La situación le fue expuesta al alcalde, Leonardo Guillén Medina, con el fin de que tome cartas en el asunto pues, advirtió, se puede convertir en un problema social en el que la gente sale perdiendo y que puede recaer en el gobierno municipal en algún momento.

** Con licencia para el fraude **

casas infonavitHa trascendido que el grupo de personas que promueven las invasiones han tenido problemas en muchas otras ciudades del país y que inclusive tienen mucha experiencia en la invasión de viviendas, así como en encabezar movimientos agresivos como la toma de instalaciones y manifestaciones similares.

Las casas que manejan los promotores inmobiliarios, reiteró Martín Leyva, tienen un dueño que cuenta con todo su inventario y ha pagado impuestos, predial y llevado a cabo todos los trámites y gastos notariales correspondientes.

No obstante, denunció, personas como Ana Aidé Angulo, quien se identifica como parte del grupo de Vivienda Popular, utiliza documentos sin validez para asegurar que ella está autorizada para realizar procedimientos legales que solamente le corresponden al Infonavit.

“… hasta andan con perifoneo invitando a la gente a que invada, y eso está mal, todos tenemos la necesidad de tener una casa donde vivir pero hay que hacer un esfuerzo, y en esto la gente más marginada es la más afectada, pero para eso hay apoyos del Infonavit, que les regala hasta 70 mil pesos a través de la Conavi para que completen para una vivienda”, indicó.

Aunado a ello, agregó, la institución regala impuestos notariales a quienes perciben salarios por debajo de los dos salarios mínimos.

Quienes promueven las invasiones, subrayó, pasan por alto que ellos no son los propietarios de esas viviendas que la gente está habitando sin permiso y que son propiedad o del Infonavit, de las financieras, y de la Sociedad Hipotecaria Federal.

“Yo les pediría a las personas que quieran obtener una vivienda que se acerquen directamente al Infonavit y no hagan tratos con nadie más”, aseveró.

Por su parte, los alrededor de cinco promotores inmobiliarios afectados directamente por esta problemática acordaron empezar con rondines personales para cuidar sus propiedades, aunque eso les expone a agresiones y maltratos por parte de los invasores.

La situación es cada vez más delicada, añadió, porque la gente se pone agresiva, más ahora que los “arrendatarios” les autorizaron para quedarse ahí, y además les entregan documentos con firmas de funcionarios del Infonavit que son de una reunión que sostuvieron, pero que en ningún momento les autoriza para disponer de la vivienda a su antojo.

“¿Con qué documento jurídico van a sustentar lo que dicen si en toda operación de compra-venta de un inmueble tiene que existir la figura del comprador y del vendedor ante un Notario Público en el cual se pagan derechos, escrituras, impuestos sobre la renta, trámites del municipio y honorarios, esa es una operación sana”, explicó Leyva.

Cuando no se pasa por ese procedimiento, añadió, se llama robo, o posesión de algo que no es propio, y eso representa estar fuera de la ley, lo que puede además acarrear problemas legales como una demanda penal, es decir, se sujeta a multas y/o sanciones.

** Se recurrirá al desalojo **

A pesar de que ya se han lanzado las advertencias, la gente sigue ahí y el problema no solo persiste sino que se corre el riesgo de que crezca exponencialmente gracias a que se promueve que la gente vaya y habite las viviendas por parte de los estafadores, acusó.

Es por ello que se estarán tomando cartas en el asunto, afirmó, en lo que se ha sumado ya la Canacintra y posiblemente más adelante otros organismos o instituciones, así como demandas penales y desalojos.

“Las demandas van a existir, es un proceso que dura meses pero eventualmente vamos a desaojar, eso alguien lo tiene que pagar y esos son los promotores de la invasión, la gente que engañó a las personas, de paso que mataremos las ilusiones, los anhelos, el gasto y el tiempo que los afectados invirtieron en esa vivienda”, adelantó.

Y es que tarde o temprano, los promotores inmobiliarios procederán a la venta de dichas viviendas y la gente tendrá que desocupar sin importar el dinero que invirtieron ahí o si le metieron puertas, ventanas o cualquier otra cosa.

Mientras sigan las invasiones, lamentó, también se ahuyenta a las nuevas inversiones, por lo que es preciso que se proceda rápidamente a lograr que la gente se salga de esas propiedades porque no es posible, subrayó, que se promueva la ilegalidad y que cualquiera pueda hacer “lo que quiera” e invadir cualquier casa nada más porque sí.

“… lo que pedimos es que se salgan, que se lleven lo que le metieron pero se salgan porque no es suya la casa, porque necesito yo venderla y darle certeza a mis inversionistas e ingreso para mi aparte, yo aquí en mi oficina pago impuestos, renta, luz, seguro social, protección civil y eso sale de mi promoción inmobiliaria, si una persona viene e invierte en una propiedad y me la deja para venta es porque está confiando en mí”, apuntó.

Por ello, exhortó nuevamente a los invasores a que salgan y eviten que se llegue al extremo de desalojos y demandas porque eso representaría un gasto que finalmente deberán cubrir los promotores de esas invasiones ilegales.

“Esto es algo que ya hemos acordado todos los promotores inmobiliarios afectados para defender nuestros intereses y los de los inversionistas, y a su vez para seguir atrayendo más inversiones a San Luis”, refrendó.

Además, es importante evitar ahora esta problemática para en un futuro evitar hacer gastos extras para prevenir invasiones, como la contratación de veladores, lo que no ayuda en nada a la de por sí frágil economía que se vive actualmente en el país.

Repitió que es importante alertar a la comunidad y también a quienes forman parte de esos grupos que promueven las invasiones pues sus actos tienen consecuencias legales que además afectan el patrimonio económico de muchas personas que tienen el anhelo de hacerse de una casa.

** El Infonavit fija su postura **

Aunque el Infonavit no ha declarado en medios de comunicación respecto a esta problemática, ya se procedió a colocar letreros en algunas de las propiedades del Chula Vista I en los que se advierte que se trata de patrimonios federales y que los invasores serán denunciados por la vía penal.

Con letras rojas se indica que las viviendas en renta con opción a compra son solamente para los derechohabientes pues son propiedad del Infonavit, además de que se exhorta a la gente para que se acerque a la institución de manera directa, es decir, sin intermediarios.

Con ello queda clara la postura de Infonavit respecto a que no autoriza a invasores a que habiten las propiedades, que en algunos casos pertenecen también a financieras y que en algún momento podrían calificar para el programa Arrendavit.

Por su parte, la líder de la Coordinadora “Vivienda Popular”, Ana Aidé Angulo Amador, ha externado a través de los medios de comunicación locales como Megacanal, que no se trata de ningún grupo de estafadores, que los ampara la ley e inclusive la delegación federal de Infonavit en Sonora porque ya han sostenido reuniones con su titular, Roberto Sánchez Cerezo.

Incluso rechazó que promueva invasiones, pero lo que sí reconoció es que piden cuotas a los interesados en regularizar una vivienda, esto con la única intención, aseguran, de “ayudar a las personas”. @

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