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La clave de la información

Funcionarios estatales involucrados en tráfico de niños

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Humberto Melgoza Vega

La negra historia sobre el tráfico de niños recién nacidos en Sonora comenzó a escribirse en marzo de 2015, cuando una denuncia anónima recibida en las oficinas de la Policía Estatal Investigadora (PEI) los alertó que un funcionario de tercer nivel dependiente del DIF tenía retenido a un menor que se había comprometido a entregarles a cambio de cierta cantidad de dinero.

Conforme iniciaron con la investigación, pronto se dieron cuenta que no era uno sino varios los casos en los que se estaban comercializando con los infantes.

Desde entonces, la Procuraduría comenzó a integrar una averiguación previa, la cual se mantuvo con el debido sigilo, en primer lugar, para no entorpecer las investigaciones, y también para que el tema no fuera utilizado políticamente durante el proceso electoral. Destapar un escándalo de esta naturaleza en plenas campañas hubiera sido catastrófico.

La investigación comenzó a salírseles de las manos en mayo, cuando un grupo de padres protestó de manera pública frente a las oficinas del DIF Estatal porque no les entregaban a “sus hijos” por los que ya habían pagado diversas cantidades de dinero a Alfredo Arzate.

El asunto terminó por estallar hace tres semanas cuando medios de comunicación de la capital del estado dieron a conocer la existencia de una red de tráfico de niños en Sonora, en la que estaba involucrado al menos un funcionario del gobierno del estado, adscrito a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

La información se convirtió en escándalo y noticia de alcance nacional cuando los medios de comunicación y en redes sociales se acusó tanto al gobernador como a su esposa la primera dama y presidenta del DIF Estatal, Iveth Dagnino, así como a la Procuraduría de Justicia de pretender proteger a los responsables.

El principal implicado, quien ya cuenta con orden de aprehensión, es el subdirector en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, quien era el encargado de la Línea Protege para brindar atención a menores en situación vulnerable.

También se giró orden de aprehensión en contra del abogado José Manuel Hernández López, director jurídico de la Unión Ganadera Regional de Sonora, socio principal de Arzate Carbajal.

Ayer, en rueda de prensa, Carlos Navarro Sugich, procurador General de Justicia del Estado, informó, sin revelar sus nombres, que ya se habían detenido a tres personas de las 16 en total que se encuentran involucradas y bajo investigación por la comisión de varios delitos, como son suposición, supresión, ocultación y sustitución de infante, y los más graves que son sustracción y tráfico de menores.

En estos delitos de “alto impacto”, como los llamó el procurador, habrían tenido participación también empleados del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), quienes eran quienes informaban a los cabecillas de la red cuando nacían menores susceptibles de ser comercializados.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de que son un total de 9 menores los que fueron vendidos, 6 niñas y 3 niños, el mayor de ellos a la fecha cuenta con 4 años de edad.

De acuerdo a declaraciones de dos de los implicados, por cada uno de los menores que fueron vendidos como mercancía obtuvieron ganancias entre 80 y 150 mil pesos “mientras que por el aviso de nacimiento se pagó alrededor de 15 mil pesos”.

Carlos Navarro aseguró que de estos hechos tuvieron conocimiento oportunamente tanto el gobernador Guillermo Padrés como la presidenta del Sistema DIF Estatal, Iveth Dagnino, quienes lo instruyeron para que procediera contra quien resulte responsable y se le aplique todo el peso de la ley.

Modus operandi

Como encargado de la Línea Protege, un programa de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, apéndice del Sistema DIF Estatal, Vladimir Arzate tenía acceso de primera mano a los reportes telefónicos donde se denunciaba la presencia de algún menor en situación de riesgo.

Pero además, junto con su amigo el abogado José Manuel Hernández tenían un enlace en los hospitales públicos de la capital del estado, en especial con el Hospital Infantil, de donde les avisaban cuando nacía un niño cuyos padres no podían quedarse con él, ya fuera por problemas de drogadicción, alcoholismo, pobreza extrema o simplemente porque era un niño no deseado.

En una circunstancia normal, el DIF Estatal debería tener conocimiento del caso, valorar la situación, hacerse cargo del menor y brindar apoyo a la mamá o a los padres para que pudieran criarlo…el problema es que estos menores nunca llegaron al DIF: como viles “coyotes”, los integrantes de esta red interceptaban a los menores, hacían algún tipo de acuerdo con la madre biológica para que se los entregara, pensando que irían al albergue del DIF, pero después buscaban a parejas que desearan y no pudieran tener hijos de manera natural y se los ofrecían en venta.

El niño recién nacido les era entregado a las parejas y éstas lo registraban como si fuera si hijo biológico en las oficinas del Registro Civil.

Triste realidad

El director general del DIF Estatal, mencionó que de los alrededor de 175 niños que tienen en el albergue, cerca de 40 son susceptibles de ser dados en adopción luego de seguir un proceso en donde se solicita la custodia ante un juez civil.

Agustín Blanco Loustaunau indicó que la gran mayoría de los menores que ingresan al albergue lo hacen de manera temporal cuando viven con padres enfermos de alcoholismo o drogadicción, que los desatienden e incluso son maltratados, “si los vemos en una situación de riesgo los recogemos, por seguridad del menor, pero eso no quiere decir que lo vamos a retirar de su familia de manera permanente, vamos a trabajar en subsanar la situación y cuando ya no corre riesgo lo regresamos con la supervisión debida, si no se puede con sus padres con algún familiar directo que se quiera hacer cargo”.

Los menores que sí son susceptibles de ser entregados en adopción es cuando ya se agotaron todas las posibilidades para reintegrarlos con su familia, si los padres biológicos no están en condiciones de criarlos, si no hay familiares que se puedan hacer responsables o que se encuentran en la orfandad.

Cuando hay casos de uso y abuso de drogas o alcoholismo que no se pueda solucionar con terapias o internamiento, “si no logramos abatir el problema lo que se hace es promover ante un juez la pérdida de la patria potestad, porque esa mamá pone en riesgo la integridad del menor, cuando un juez nos entrega la patria potestad es cuando ya podemos darlos en adopción…”, indicó.

“Lo más lamentable de este caso es que por la deslealtad de una sola persona se pretenda afectar a todo un gobierno; esta triste situación que nos tocó vivir y sufrir a todos los sonorenses no fue respecto a menores del DIF como dolosamente se ha intentado manejar, esos menores jamás ingresaron ni a la Procuraduría de la Defensa del Menor mucho menos al Sistema DIF, fue una situación que generaron personas ajenas a la institución”, aseveró.

Agustín Blanco rechazó que se haya pretendido proteger a los involucrados una vez que se tuvo conocimiento del caso, “si no se dio a conocer antes fue por la misma secrecía de la investigación, por tratarse de un delito de alto impacto, y para no alertar a los participantes, garantizar el castigo a todas las personas que tuvieron que ver en este lamentable asunto”.

El director del DIF resaltó que, de acuerdo a lo manifestado por el procurador, también los padres de estos niños que fueron adoptados de manera ilegal están siendo investigados.

“De todo esto, en lo personal e institucional es lo que más me duele, porque estamos dándonos cuenta que estos niños gozaban de una excelente atención, estaban perfectamente atendidos, dentro de senos familiares perfectamente integrados; estaban siendo atendidos como a veces no pasa ni en sus propias familias, me da mucha tristeza por los menores, porque independientemente de la situación irregular eran niños felices y ahora nos va a tocar a nosotros hacernos cargo de estos niñitos y ver cuál va a ser su destino”, manifestó.

“En el Sistema Estatal del DIF cumplimos cabalmente con nuestra obligación moral y legal de buscar mejores condiciones para todos aquellos niños que viven en condiciones vulnerables, personas que ponen todo su esfuerzo y todo su corazón para buscar que todos estos niños, ya sean migrantes, abandonados, ya sean susceptibles de adopción o discapacitados, lo hacemos con mucho amor, con resultados muy bonitos.

“A la fecha hechos entregado 163 adopciones impecables de menores que encontraron una familia con la cual se están desarrollando de una manera adecuada. No debemos juzgar por la actuación independiente, dolosa y hasta criminal de una sola persona a toda una institución que día con día pone su mejor esfuerzo…Tanto la primera dama como tu servidor seguiremos hasta el último día buscando las mejores condiciones para todos estos niños que viven en situaciones difíciles…”, enfatizó.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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