El Eslabón Perdido / Hora de rendir cuentas

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Humberto Melgoza Vega

Ayer por la tarde trascendió, como ocurre en los años recientes, a través de las redes sociales, de manera extraoficial, que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Sebastián Sotomayor Tovar había presentado la renuncia a su cargo, a escasos tres días que finalice el sexenio del panista Guillermo Padrés.

EL primero que dio a conocer la información fue el periodista radicado en Hermosillo, Marcelo Beyliss, corresponsal de El Universal, amigo personal desde que lo invitamos en 1998 a colaborar en  La Prensa, cuando tuvimos la oportunidad de estar al frente del desaparecido diario que amenaza con regresar.

En su lugar entrará Francisco Gutiérrez Rodríguez, quien ocupaba el puesto de magistrado en el mismo Tribunal.

La llegada de Sebastián Sotomayor hace tres años se dio de manera accidentada, en medio de impugnaciones que cuestionaban sus aptitudes para el cargo, impuesto por el gobernador Guillermo Padrés; seriamente criticado sobre todo por el PRI, tuvo que rendir protesta por escrito.

Desde entonces  y aun en días recientes se le criticó por haber sido designado son contar con las suficientes cartas credenciales, incluso se habla que su título como licenciado en derecho es apócrifo pues está firmado además del rector por la maestra Josela de Jesús Rendón aunque en esa fecha de 1988 la maestra Rendón no era directora de la Escuela de Derecho de la Unison.

La intempestiva salida de presidente de Supremo Tribunal de Justicia se enmarca dentro de la debacle en que se encuentra el otrora llamado “Nuevo Sonora” hoy caído en desgracia ante el surgimiento de numerosos actos de corrupción los cuales estarían siendo solapados desde la misma Corte, donde se atendían de manera especial los asuntos del Gobierno del Estado.

La renuncia de Sotomayor era algo que se veía venir ya que estaba marcado con el estigma del padrecismo, a pesar de haber sido la cabeza del Poder Judicial que debería conducirse de manera independiente del Poder Ejecutivo.

También, la designación como magistrado del abogado sanluisino Héctor Rubén Espino Santana fue muy cuestionada en su momento por su abierta militancia panista y su cercanía con Guillermo Padrés Elías.

Hoy, con la llegada de un nuevo gobierno, la actuación del Poder Judicial estará siendo observada con lupa y puesta a prueba su independencia e imparcialidad a la hora de aplicar la ley.

A propósito de hacer valer el estado de derecho, son cada vez más las voces que se pronuncian porque se realice una investigación a fondo de la manera como se administraron los recursos públicos durante estos seis años en Sonora.

Sin nadie que se atreva a meter las manos al fuego por el Memo y sus principales funcionarios, lo más que piden los panistas con calidad moral y con vergüenza es que se investigue y si se encuentran elementos que se proceda en estricto apego a derecho, sin antes litigar los asuntos en los medios, que se prestan para el linchamiento social.

Alguien tendrá que explicar el destino que se le dio a los miles de millones de pesos que no encuentran justificante y que representaron no solo la quiebra financiera del estado sino además la inoperancia de los sistemas de salud, de infraestructura educativa y que dejaron colgados a cientos de proveedores prestadores de todo tipo de servicios.

El juicio popular ya se dio y de manera contundente en las elecciones del pasado 7 de junio cuando el gobierno de la alternancia fue reprobado.

Ahora falta la prueba de fuego que representa el inminente proceso legal que deberán enfrentar los funcionarios salientes, desde el gobernador, secretarios, subsecretarios y directores generales, que entraron de clase media al gobierno y salieron ricachones.

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