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La clave de la información

Ex funcionarios estatales Vendían a los niños como si fueran carros

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Documentos en poder de CONTRASEÑA revelan que la Procuraduría de Sonora supo desde el principio que funcionarios estatales estaban vendiendo niños como si fueran carros “de modelo reciente” y aun así los dejó ir. Ahora, una desprestigiada PGR atrajo el caso de tráfico de infantes luego que en la semana se corrió el falso rumor de que los principales involucrados habían sido arrestados en Arizona.

Por Imanol Caneyada 

HERMOSILLO.- La Procuraduría General de la República (PGR) ejerció su facultad de atracción en el caso de la venta de niños en Sonora el pasado 11 de septiembre, aunque por algún motivo inexplicable, la Procuraduría Estatal no lo dio a conocer hasta hace apenas unos días.

Lo anterior significa que la fiscalía federal reiniciará una investigación que de momento ha mostrado la debilidad del Estado en toda su expresión, y en la que la corrupción, el tráfico de influencias y el encubrimiento han sido una constante.

La PGR, en un caso también doloroso y plagado de irregularidades, el de la guardería ABC, ha incurrido en dilación, negligencia y no ha respondido a las expectativas ni de los padres de los niños víctimas del incendio ni de la sociedad sonorense, según han señalado las organizaciones civiles involucradas, los abogados e incluso el perito estadounidense David Smith.

¿Será la excepción el asunto del tráfico de bebés?

La fiscalía federal enfrenta varios retos: uno, encontrar a quienes  han sido identificados como presuntos operadores de la red de trata: José Manuel Hernández y Vladimir Arzate, prófugos de la justicia.

Dos, esclarecer si la Procuraduría Estatal encubrió a los implicados, tanto a los arriba mencionados, como al médico Édgar Vázquez Tello y al policía Judicial Ramsés Oliva, señalados en la declaración ministerial por la ex amante de José Manuel Hernández como partícipes de la red, el primero firmando los avisos de nacimiento, el segundo intimidando a las familias biológicas que intentaron reclamar a los niños.

Tres, buscar a los familiares biológicos de las víctimas para aclarar la situación en que se encuentran, si incurrieron en abandono, si fueron intimidados, extorsionados o partícipes, y si están dispuestos a consentir en la pérdida de la patria potestad mediante el juicio correspondiente, con el objetivo de regularizar la situación de los niños adoptados ilegalmente.

Y cuatro, el más delicado de todos, decidir si criminaliza o no a los padres adoptantes, ya que tanto mediática como socialmente han sido exonerados, si bien, desde el punto de vista legal, pudieron haber sido cómplices de varios delitos, como el cohecho y el tráfico de influencias.

Ignorancia y buena fe no eximen del delito

Consultados varios abogados al respecto, todos coinciden en que la ignorancia de un delito y el actuar de buena fe son solamente atenuantes, pero no eximen a la persona de una posible acción criminal.

Es decir, no conocer la ley o haberla quebrado con las mejores intenciones no te hace inocente.

En el expediente judicial al que tuvimos acceso y del cual guardamos una copia, se consignan varias declaraciones de los padres adoptantes, cuyos nombres dejaremos en el anonimato para proteger la identidad de los menores.

Los testimonios coinciden en una serie de hechos que pudieron haber despertado las sospechas de los implicados sobre el procedimiento de adopción, el cual, según sus dichos, de la noche a la mañana se aceleró de manera sorprendente, siempre mediante el pago de una cantidad de dinero que cambia según los adoptantes. Hubo quien pagó poco menos de 50 mil pesos y hasta quien entregó 130 mil pesos.

Los primeros encuentros con los aspirantes se daban en restaurantes como el VIP´s del bulevar Río Sonora o el Orange Crush, en Hermosillo, o incluso en el restaurante Elba, en Santa Ana. Rara vez en las oficinas del DIF-Sonora o en la Procuraduría para la Protección del Menor y la Familia.

Muchos de los padres adoptantes llevaban dos y tres años en lista de espera del DIF-Sonora, habían cumplido ya con todos los requisitos exigidos en el proceso de adopción y habían perdido la esperanza de recibir un niño. Todos ellos sabían que el proceso no tenía ningún costo, mucho menos las exorbitantes cantidades que les solicitaban José Manuel Hernández y Vladimir Arzate.

La mayoría reconoce que fueron contactados sorpresivamente por alguno de los dos implicados después de haberse resignado a no conseguir una adopción.

Los menos declaran que contactaron a estos sujetos por medio de la recomendación de un tercero.

Ansiosos por ser padres, ya que la mayoría confiesa haberse sometido durante años a frustrantes tratamientos de fertilidad, aceptan que la alegría de tener en sus brazos un bebé en cuestión de uno o dos meses les nublaba el juicio, sin embargo, todos admiten extrañarse cuando les solicitaban tan altas cantidades de dinero. Al preguntar a qué se debía el pago, los supuestos responsables de la red de venta de niños contestaban que era para agilizar el trámite.

La entrega del dinero, siempre según los testimonios a los que tuvimos acceso, se hacía en efectivo (alguno depositó el dinero en una cuenta personal a nombre de Hernández), a veces en el domicilio de los adoptantes, a veces en un lugar público, a veces en las oficinas de la Unión Ganadera, en la que trabajaba José Manuel Hernández como asesor legal, y rara vez en la oficina de Vladimir Arzate, en ese momento subprocurador para la Defensa del Menor y la Familia.

Hay un testimonio que señala que, por encontrarse trabajando en Estados Unidos, le solicitó a José Manuel Hernández una cuenta para depositarle la mitad del dinero restante, y éste le pidió que mejor se lo entregara en la mano a un amigo, en la ciudad de Phoenix, pero que no le dijera el motivo.

Reconocen los padres adoptantes llevarse otra sorpresa cuando les entregaban el bebé en el Hospital Infantil del Estado de Sonora junto con el aviso de nacimiento a nombre de la madre adoptante. Al cuestionarles el proceder, tanto Vladimir Arzate como José Manuel Hernández alegaban que así era más fácil y menos traumático para el bebé.

Uno de los testimonios señala, por ejemplo, que José Manuel Hernández los citó en el restaurante Elba de Santa Ana y que llegó acompañado de su pareja con un bebé en brazos, el cual les fue entregado en ese momento.

A grandes rasgos, de las declaraciones de los padres adoptantes puede inferirse que los presuntos operadores de la red de venta de niños se aprovechaban de la vulnerabilidad de aquéllos por la frustración de no poder tener hijos y el deseo de ser padres; los sensibilizaban diciéndoles que los bebés eran hijos de prostitutas y drogadictas que los habían abandonado a su suerte; los engañaban con la oscura figura de Vladimir Arzate que, en efecto, sí trabajaba en la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia y los embaucaban poniéndoles un bebé en sus brazos en cosa de un mes, mes y medio, cuando llevaban años esperando una posible adopción.

Pero los padres que se avinieron a declarar, todos coinciden que en algún momento el procedimiento levantó sus sospechas y que eran conscientes de que el dinero era para “agilizar” el trámite, eufemismo para ocultar el posible cohecho y tráfico de influencias.

A causa del principio ignorantia legis neminem excusat (la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley), la PGR enfrenta entonces el dilema entre aplicarlo, con lo que deberá llamar a los padres adoptantes a declarar nuevamente, poner a los niños bajo custodia del Estado y, si encuentra elementos, consignarlos ante el juez; o bien, atender al juicio mediático y social que ha victimizado a los padres adoptantes, con lo que estaría violando los derechos de los parientes biológicos de los menores y el debido proceso.

La PGJE encubrió a los inculpados

La Procuraduría General de Justicia del Estado dejó ir a los inculpados en la red de venta de menores, a pesar de que en sus declaraciones ministeriales rendidas el 9 de mayo por José Manuel Hernández y el 11 de mayo por Vladimir Arzate, aceptaron haber entregado niños a cambio de dinero a padres deseosos de adoptar.

Poco más de un mes antes, el 29 de marzo, la ex amante de José Manuel Hernández rindió declaración ante el Ministerio Público. En ella explicó de manera detallada cómo operaba la red de venta de niños y quiénes estaban involucrados.

Lo anterior se desprende del expediente judicial No. 298/2015.

De esta forma, y siguiendo la ruta del propio expediente, ya el 29 de marzo la PGJE tenía conocimiento gracias a la declaración de esta mujer de los nombres y ocupaciones de los involucrados en la red, sobre la que el Departamento de Investigaciones de Seguridad Interna de Estados Unidos había alertado tres días antes, el 26 de marzo de 2015.

La ex amante de Hernández relata en su testimonio cómo conoció a Hernández un año antes y se involucró emocionalmente con él, a pesar de que mantenía una relación con otra mujer de la cual se omite su nombre.

La amante supo muy pronto que José Manuel Hernández tenía negocios con Vladimir Arzate. Sin embargo, alega que desconocía que se trataba de la venta de recién nacidos, pues entre ellos siempre hablaban en clave, haciendo referencia a los niños como vehículos de reciente modelo.

Fue en la despedida de soltero de Vladimir Arzate en la que, a causa del alcohol, ambos cometieron la indiscreción de hablar abiertamente de niños. La razón, Vladimir Arzate llegó a la fiesta con un maletín que contenía el pago de la transacción más reciente.

Según el testimonio de esta mujer, de ese maletín extrajeron dinero para pagar dos horas más de música.

Al día siguiente, José Manuel Hernández, consciente de la indiscreción, le contó a detalle de qué se trataba el negocio que tenía con Vladimir Arzate, quiénes estaban involucrados y cómo operaban.

La ex amante de Hernández fue testigo además de cómo una noche José Manuel Hernández y el policía judicial Ramsés Olivas Avendaño acudieron a un domicilio en el norte de la ciudad de Hermosillo, con el objeto de intimidar a una madre biológica que exigía le regresaran a su hijo.

Durante la diligencia, la autoridad ministerial le presentó las fotos, entre otras, de José Manuel Hernández López, en ese momento abogado de la Unión Ganadera; del encargado de la Línea Protege de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal; del policía judicial Ramsés Olivas Avendaño y del doctor Édgar Vázquez Tello, quien supuestamente firmaba los Avisos de Nacimiento.

A todos identificó plenamente.

Poco más de un mes después, el 9 y 11 de mayo, fueron llamados a declarar los dos implicados, quienes se confesaron culpables, según consta en sus declaraciones ministeriales.

De todas formas los dejaron ir. @

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