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FUERA DE LIBRETA / Agio solapado

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Sergio Haro Cordero

Un buen sector de empleados del gobierno estatal de Baja California ya no encuentran la puerta en cuanto a sus adeudos con casas prestamistas que tienen literalmente “agarrados” a cientos de burócratas. Y es que el gobierno estatal tiene acuerdos con esta larga lista de casas financieras –CrediAmigos, Famsa, Dimex- para que el descuento del préstamo otorgado se haga vía nómina.

Lo malo de todo esto es que estas empresas se han caracterizado por los elevados intereses que cobran por el dinero prestado “fácilmente” y que aprovechándose de la necesidad ciudadana hacen literalmente lo que les da la gana ya que los solicitantes parece que firman un pagaré en blanco, no saben exactamente del monto del interés, ni del total que va subiendo la deuda y en ocasiones cuando han conseguido dinero para saldarla, las empresas prestamistas se han negado. Por lo menos eso es lo que han denunciado.

Eso ha implicado que los trabajadores de la burocracia que están en esta situación busquen apoyo legal y algunos han logrado el congelar esos descuentos y otros más han tenido que tramitar amparos a través de la justicia federal.

Y es que los burócratas ya endeudados con esas casas prestamistas refieren que ante la situación de Issstecali resulta cada vez más difícil acceder a préstamos, además si se logra éstos son por montos muy bajos, mientras que en éstas empresas literalmente entregan el dinero de un día para otro. Mencionan además que en ocasiones se han dado cuenta que

-–aunque les hayan descontado en cada catorcena– resulta que el gobierno estatal no entrega puntualmente esos descuentos, lo que implica que en la práctica su deuda siga aumentando.

Lo inexplicable es que desde el gobierno estatal se avale este tipo de abusos y parece que de éstos no se salvan ni policías, ni maestros, ni siquiera funcionarios de mediano nivel. A nivel nacional ha trascendido que, en el caso de CrediAmigo, esta empresa es encabezada por Javier Creel Moreno, sobrino del político panista Santiago Creel Miranda y ex secretario de Gobernación en la administración federal foxista.

Encono

El tema de los comunicadores “cuestionados” parece subir de tono, sobre todo por lo sucedido esta semana cuando Pablo Brizuela Angulo denunció públicamente lo que ha estado sucediendo con al menos una tercia de “periodistas” que contaban con un espacio ahí en MIC Canal 44 y MVS Radio. El pasado martes Brizuela Angulo -–hijo del fundador de esta empresa, Pablo Brizuela Amador–, abordó al aire el tema de una serie de personajes que habían mostrado su deslealtad a la empresa, esto es, que pedían apoyos financieros a nombre de la empresa de comunicación.

Concretamente señaló a Rafael Durán, Mario Martínez y Carlos Andrade, a quienes de extorsionadores y vividores no los bajó y a los que aseguró que por esa “deslealtad” fueron corridos de la empresa -–donde rentaban tiempo aire–, cuestionando que éstos sigan utilizando el logo de la empresa en los chalecos que portan. Además adelantó que enviaría cartas a las diversas áreas de gobierno –estado, municipio y a los 25 diputados- para aclarar que estos personajes no laboran en MIC 44.

Y en este intento no está solo, ya hizo equipo con Javier Fimbres, de California Medios, para que éste no solo no los acepte en esa otra empresa sino que además haga “limpia” de otros comunicadores con perfil similar, ésos que andan buscando políticos y funcionarios para literalmente asaltarlos.

En todo este tema una parte sustancial de lo que sucede tiene que ver con el Congreso del Estado, espacio que ha servido literalmente de refugio de varios dizque periodistas que resulta que no publican en ningún lado -–ni impreso, ni radio, ni tv– pero que aparecen en todo tipo de eventos, sobre todo desayunos, con chaleco, grabadora y cámara y en ocasiones hasta preguntan. Eso sí, exigen su espacio en el estacionamiento de prensa.

Y es que -–expone Brizuela– por el hecho de que son “periodistas” nadie les había puesto un alto. Imagínese que alguien se jacta de ser médico solo porque se puso una bata blanca y se colgó un estetoscopio. Hay quienes piensan que este, el de la corrupción, no debe ser punto de discusión entre comunicadores -–por cuestiones de cohesión y solidaridad gremial– pero también hay quienes piensan que es obligado y necesario el dignificar la profesión. Aparte hay que recordar que para que haya corrupción debe haber dos manos, una que entrega y otra que recibe.

En su cancha

Finalmente el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial anunció a través de su boletín oficial el viernes pasado los nombres de quienes quedaron como finalistas para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia que dejó vacante en abril pasado Marco Antonio López Magaña. La lista hecha pública va en estricto orden alfabético: Fernández Ruiz de Chávez Víctor Manuel, Flores Anguiano Ignacio, Fragoso López Alejandro, Molina Morales María de Lourdes y Zepeda Berrelleza Marcelino.

Con el fin del procedimiento de evaluación en el Poder Judicial la pelota pasa al terreno del Legislativo y ahora falta la programación de las comparecencias con los diputados para que finalmente se haga un dictamen y sea el pleno el que decida. Se calcula que esto sería en la primera semana de noviembre.

Ser congruentes

“Al interior, respetar los derechos laborales, hay que ser congruentes, el respeto a los derechos laborales son parte de esa congruencia”, expuso el 21 de mayo pasado la entonces recién designada titular de la nueva Comisión Estatal de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera.

Esto en función que desde semanas atrás había la inquietud -–aparejada a la decisión– de conformar un sindicato entre el casi centenar de empleados de la instancia, considerada como Organismo Autónomo. Han pasado cinco meses y parece que ahora la intención está más madurada y desde hace tres semanas se tenía la idea de solicitar oficialmente la formalización del gremio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. El caso es que el paso se ha venido retrasando pero se considera solo cuestión de afinar detalles menores para entregar la solicitud.

Entre algunos de los empleados hay la natural inquietud ante el paso que van a dar, aunque la gran mayoría se muestran seguros de que es un cambio necesario, lo que falta es ver la reacción de quienes encabezan ese organismo.

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