Naufraga en un mar de denuncias el Nuevo Sonora

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A escena Gisela Peraza, ex trabajadora doméstica de la familia Padrés-Dagnino, quien presentó una denuncia contra el ex gobernador y 19 funcionarios más por tortura y abuso de autoridad; las expectativas de castigo al anterior gobierno siguen aumentando.

Por Imanol Caneyada

HERMOSILLO.- Era imposible imaginar hace seis años, cuando Guillermo Padrés asumió la gubernatura y lanzó el concepto del Nuevo Sonora, que su administración terminaría siendo blanco de tantas denuncias, no sólo del nuevo gobierno, sino de particulares.

A menos de dos meses de dejar el cargo, Padrés Elías y una buena parte de sus colaboradores han sido permanentemente expuestos en los medios de comunicación y su nombre, su honra y su honestidad enlodados un día sí y otro también.

Y nadie, ni la dirección estatal ni nacional panista ni los ex funcionarios ni los simpatizantes se han atrevido a salir en su defensa.

A la pregunta ¿pero es que no hizo nada bien la administración de Padrés?, que en un espacio radiofónico sonorense lanzó tímidamente el periodista y académico Jesús Moreno Durazo, la respuesta ha sido el silencio.

A la lista de denuncias se suma ahora la de Gisela Peraza, ex trabajadora doméstica de Guillermo Padrés, quien acusa al ex mandatario y a 19 ex funcionarios más de tortura y abuso de autoridad.

Entre los 19 funcionarios, destacan Ernesto Portillo, en el momento de los hechos jefe de escoltas en la Casa de Gobierno y actualmente Director de Seguridad Pública de Nogales, Sonora; Agustín Rodríguez, secretario particular del ex gobernador y ahora diputado federal, y Ricardo Ornelas, ex director del Sistema Estatal Penitenciario.

Los hechos, como recordarán, se dieron en 2012, cuando la entonces niñera de los hijos del gobernador fue acusada de sustraer de la recámara de los señores una cantidad de dinero nunca definida (oficialmente 450 mil pesos, extraoficialmente 5 millones de pesos) y una serie de joyas.

La empleada fue privada ilegalmente de su libertad, torturada física y psicológicamente y amenazada de muerte; sin embargo nunca aceptó los cargos. A pesar de ello y de un proceso plagado de irregularidades, el juez la condenó a siete años de prisión, de los que pagó cuatro años y medio.

Días antes de que llegara su liberación, en junio del presente año, sembraron droga en su celda y trataron de iniciarle un nuevo proceso por posesión y tráfico, sin embargo, la movilización de la familia de Gisela y su abogado, el seguimiento de los medios de comunicación y la intervención pública de políticos como Manlio Fabio Beltrones malograron el intento.

El pasado martes 3 de noviembre, acompañada de su familia y del abogado Juan Antonio Ortega García, se apersonó a las doce horas en la Dirección General de Averiguaciones Previas para presentar la referida denuncia en la que además pide un resarcimiento económico de 30 millones de pesos.

En esta semana, azuzada por los medios, la ex trabajadora doméstica mencionó que en diferentes ocasiones le tocó ver maletas repletas de dinero en la casa del ex gobernador, algo que nunca antes había mencionado.

Una raya más al tigre

Pero ésta no es la única denuncia hecha por particulares al Nuevo Sonora.

En abril de este año, el neurocirujano Carlos Manuel González Méndez, secretario General del Sindicato de los Empleados de los Servicios de Salud en Sonora, dio a conocer que en enero de 2015 habían puesto una denuncia ante la PGR contra el entonces secretario de Salud, Bernardo Campillo, por peculado, desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.

Según el doctor González Méndez, hicieron pública la demanda tres meses después porque en la PGR no le daban curso al expediente.

Han pasado 10 meses y no se ha dado a conocer ningún avance en la investigación.

En noviembre del año pasado, el movimiento conocido como Los Malnacidos presentó ante la PGR una denuncia contra Guillermo Padrés por enriquecimiento ilícito.

Tampoco se ha hecho público ningún avance respecto de esa averiguación.

Pero la práctica de denunciar al Nuevo Sonora se convirtió en cotidiana cuando el actual gobierno encabezado por Claudia Pavlovich Arellano asumió el poder el 13 de septiembre e inició un diagnóstico de la administración pública que heredaba de Padrés.

Con la creación de la Fiscalía Anticorrupción, la jefa del Ejecutivo daba cauce a una promesa de campaña y a una demanda ciudadana: llevar a juicio a los funcionarios de un gobierno que, desde la percepción pública, había hecho de la corrupción y la impunidad una práctica común.

De esta forma, el actual secretario de Educación y Cultura hizo pública a mediados de octubre la denuncia ante la fiscalía contra ex funcionarios de la SEC por un desfalco de 2 mil millones de pesos.

Otra de las dependencias que ha sido llevada a la Contraloría del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción es la Secretaría de Seguridad Pública, en la que el diagnóstico realizado por el nuevo titular Adolfo García Morales arrojó irregularidades administrativas por 75 millones de pesos.

Ya en agosto de este año, cuando aún estaban en funciones, la Comisión de Vigilancia del Congreso estatal interpuso denuncias ante la PGR contra el entonces titular de la Sagarpha, Héctor Ortiz Ciscomani, quien supuestamente benefició con al menos 36 millones de pesos a empresas agrícolas y ganaderas a nombre de parientes suyos; y un año antes a Teresa Lizárraga, directora del ISSSTESON, por un faltante de más de 2 mil millones de pesos.

Teresa Lizárraga en la actualidad es diputada federal plurinominal panista en la Cámara de Diputados y tiene fuero.

En plena campaña, en mayo de este año, el PRI estatal, encabezado por Alfonso Elías Serrano, primo del ex gobernador, también se sumaba a la carnicería de denuncias y presentaba ante la PGR una que involucraba al propio Padrés y a Javier Gándara Magaña, candidato del PAN al gobierno de Sonora; al secretario de Hacienda de Sonora Carlos Villalobos Organista; al subsecretario de Ingresos de Hacienda en Sonora Gerardo Encinas; a Roberto Ávila Quiroga, director general de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda en Sonora; al secretario de Sagarpha Héctor Ortiz Ciscomani, al secretario técnico del Gobierno de Sonora, Luis Erasmo Terán Balaguer y al jefe de la oficina del gobernador John Swanson Moreno.

La denuncia fue por fraude fiscal, asociación delictuosa, uso indebido de facultades y atribuciones y tráfico de influencias.

Tampoco ha habido ninguna noticia al respecto.

Todo este cúmulo de denuncias ante la PGR y la recién creada Fiscalía Anticorrupción mantiene una alta expectativa entre la población sonorense para que los ya culpables de corrupción según la percepción pública se sienten en el banquillo de los acusados y paguen por sus supuestas tropelías.

Pero de momento no hay absolutamente nada que indique que eso va a pasar.

Y los procesos serán largos, costosos y desgastantes.@

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