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REALIDADES / La no cultura…

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Gerardo Torres E.

Getza es un joven residente de esta ciudad. Profesionista y con negocio propio. Tiene poco más de dos años de casado y los planes familiares van bien, el problema es que básicamente “anda a pie”.

Un día equis de este año que está por terminar, Getza viajaba en su vehículo y se desplazaba de sur a norte por la Calle 12.

Al llegar al crucero de la Avenida Nuevo León, y mientras la luz del semáforo estaba en verde para Getza, éste continuó avanzando, y de repente, se le vino el mundo encima.

Un imprudente conductor de una ambulancia del IMSS que se desplazaba de oeste a este por la Avenida Nuevo León, y para quien el semáforo estaba en luz roja, ignoró el significado de la luz y motivó que Getza lo impactara en un costado, lo que ocasionó que ambos vehículos resultaran seriamente dañados, al punto de quedar inservibles.

El chofer del IMSS alegó en su defensa que, al conducir un vehículo de emergencia y al llevar luces y sirenas encendidas, éste tenía preferencia en cualquier crucero, independientemente si es un crucero con altos, o con semáforo, ya ni siquiera hablar de la luz roja, acusando a Getza de no respetar el reglamento.

Por su parte, Getza se limitó a decirle al oficial de policía que él transitaba en su carril, con velocidad moderada y al ver la luz en verde siguió a su paso, debido a que los carros de las dos esquinas de la Avenida Nuevo León estaban detenidos, respetando su correspondiente luz roja.

Lo que nunca esperaba Getza, fue que el conductor de la ambulancia del IMSS venía con exceso de velocidad, rebasó por la izquierda a los vehículos que estaban frente a él, y fue cuando de repente se le apareció en el mero crucero, causando así el fuerte impacto.

Digamos que el chofer del IMSS “charoleó”, y no cargó con ninguna responsabilidad.

No me tome por malinchista, pero en Estados Unidos, todos los vehículos de emergencia, ya sea patrulla, ambulancia o “bombera”, aún y cuando van con luces y sirenas encendidas, el conductor tiene que respetar la luz roja al punto que debe de parar completamente hasta confirmar que, a pesar de tener luz roja, el resto de los vehículos pararon y puede seguir avanzando.

Igual, si la luz le toca en verde, al menos hacen un semi-alto y continúan su camino.

La consigna para todos los conductores de ese tipo de vehículos es la de que vale más llegar a tiempo, que nunca llegar y no poder ofrecer el servicio para el cual fueron llamados.

Además, la ley los obliga a respetar el reglamento de tránsito, en cualquiera de las circunstancias.

El problema “de este lado” es que la cultura de la mayoría de los conductores de estos vehículos de emergencia, ya sea Cruz Roja, grupos de rescate, bomberos y algunos policías, es la de “lucirse” en medio del resto de los automovilistas, sin importar los riesgos que pudieran causar con sus imprudencias.

Me atrevería a decir que muchos de ellos, no solo no han sido capacitados para conducir en condiciones de alto riesgo, sino que hasta ni licencia de automovilista tienen.

Para la buena suerte de los gobiernos que regulan estas corporaciones, entre los automovilistas civiles afectados no existe la cultura de solicitar una investigación y contratar los servicios de un abogado que pueda demandar que la parte responsable, en este caso el gobierno,  se haga cargo de los gastos totales.

Le cuento un antecedente:

Al inicio de la década de los 90 el gobierno municipal decidió instalar “topes” en la carretera federal, a la altura del campo de fútbol “México 70”, con el propósito de que los automovilistas redujeran la velocidad en esa zona deportiva.

El problema fue que nunca avisaron de ese nuevo elemento de prevención, no colocaron señalamientos que advirtiera la presencia de los mencionados “topes”, tampoco instalaron anuncios para reducir la velocidad y el Reglamento de Desarrollo Urbano tampoco los contemplaba, ya que era una carretera federal, no propiedad del gobierno municipal.

Un residente de Estados Unidos transitaba por esa carretera al límite de velocidad propia de una carretera federal, y de repente, saz!, se le aparecieron los “topes”, lo que provocó un accidente con otros vehículos.

Ni tardo ni perezoso y acorde a la cultura de aquel país, solicitó los servicios de un abogado que investigó todo, y para no hacerle el cuento largo, finalmente el Ayuntamiento decidió pagar todos los gastos.

Allá, “al otro lado”, las demandas civiles por este tipo de incidentes, son el pan diario.

No me lo tome a mal, se trata de hablar con la realidad y definir los derechos y responsabilidades de cada quien, independientemente de quién se trate y el rol que desempeñe.

Esperemos que ni usted ni ninguno de los suyos se vean involucrados en un caso de este tipo, de lo contrario, me va a dar la razón.

Por cierto, sería interesante que el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil le pusiera atención a este punto.

 Entre líneas

·No pierda de vista a Julio César Rodríguez Pérez.

Contra los pronósticos de muchos, el ingeniero Julio César está a punto de dar la sorpresa a partir del primero de enero del 2016.

Un hombre con el oficio político como lo sabe manejar el ex-dirigente del PRI en esta ciudad, abriría muchas más de las puertas que se imaginan.

·La regidora por el Partido Verde, Hilda Herrera, prepara una denuncia administrativa en contra del alcalde Enrique Reina y su hermano, el director de Obras Públicas, por supuesto nepotismo. No es que no proceda, creo que no va a llegar muy lejos.

·Surgió ya la primera tercia de personas a quienes el gobierno de Claudia Pavlovich les pretende fincar responsabilidades penales por el desastre económico que heredó de parte de Guillermo Padrés.

Se trata de uno de los hermanos de Guillermo, no sé si hablan de Héctor o Miguel, del ex-Tesorero del Estado, Mario Cuen Aranda y, obviamente, de la actual diputada federal y ex-titular del Isssteson, Teresa Lizárraga. Dicen que Roberto cantó al tono que le pidieron, y la libró.

Gracias.

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