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Juicios orales, la antesala del caos

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Una mayor transparencia y agilidad en la impartición de justicia son algunos de los puntos positivos que destacan de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, sin embargo, es cuestionable todavía el nivel de capacitación lograda entre abogados y sobre todo policías municipales para la realización de los juicios orales que adoptarán en poco tiempo en todo el país

Bibiana García Garza

 Ante las deficiencias del sistema actual de impartición de justicia, finalmente se procederá a implementar en su totalidad la reforma penal del 2008 con los juicios orales que tendrán lugar a nivel nacional dentro de cinco meses más aunque para muchos analistas, abogados y especialistas en el tema, todavía falta mucho camino por recorrer para perfeccionar el nuevo modelo.

Con medidas similares sistema al norteamericano ya adoptado también en otros países de América Latina, se pretende dar respuesta a la demanda ciudadana que exige soluciones inmediatas a un problema de confianza en el sistema judicial.

La reforma se presenta como la más completa y profunda realizada en más de un siglo de historia jurídica nacional que tiene como principal finalidad el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, mejorar la calidad de las investigaciones, y promover la transparencia, lo que reforzará la impartición y administración de justicia estableciendo como principio rector la presunción de inocencia.

Con ello, es obligación la modificación de actuaciones, funciones, principios y estructuras de quienes procuran, administran e imparten justicia en el país, como el establecimiento de una estricta separación de funciones entre Ministerio Público y Juez con nuevas opciones para la resolución de controversias, sobre todo de manera más ágil y flexible.

Al modificar el sistema, explican, se pretende el esclarecimiento de los hechos, reducir los índices de impunidad y obligar a la reparación de los daños causados por el delito así como que los acusados cuenten con un abogado titulado que los defienda, con la posibilidad de enfrentar el proceso penal en libertad.

También se revisará la legalidad de las detenciones y se acelerará la acción de la justicia en medio de audiencias públicas a las que cualquier persona podrá ingresar, ver y/o escuchar en tiempo real, incluyendo a medios de comunicación.

Dichas audiencias, sin excepción, se realizarán en presencia de un juez neutral que juzgará en base a evidencia de pruebas detectadas y determinará la culpabilidad o inocencia del imputado en pocas horas, a comparación del antiguo sistema que podía ocuparse de un caso durante meses, muchas veces sin una resolución satisfactoria.

Inclusive, se espera que con este nuevo sistema de justicia penal se disminuya la población en las cárceles y se reduzca la carga del sistema judicial aunado a un mejor actuar por parte de los ministerios públicos.

Para el Secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora, Raúl Guillén López, quien esta semana visitó esta ciudad para impartir una plática informativa y de socialización respecto al tema, se trata de un cambio radical.

En San Luis Río Colorado, precisó, el nuevo sistema se implementará a partir del próximo 30 de marzo al igual que en los distritos de Navojoa, Agua Prieta y Caborca, toda vez que desde el pasado 18 de diciembre se realizó el primer juicio oral en la capital del estado.

Esto con excepción de tratar los delitos del artículo 19 constitucional como homicidio, violación, hechos violentos, armas y explosivos, entre otros, por lo que en un periodo de transición de trabajará tanto con el nuevo como con el antiguo sistema.

No será sino hasta el 30 de mayo, que todos los distritos de Sonora operarán con los delitos no graves como violencia intrafamiliar, robo simple, abuso de confianza, lesiones simples fraude, además de los considerados de alto impacto, señaló Guillén López.

En general, destacó, se trata de un sistema transparente que permite la participación de los involucrados y la transparencia cuyos costos serán cubiertos por la federación con un recurso aproximado de 250 millones de pesos, del fideicomiso de 5 mil millones para implementar la reforma penal en todo el país.

Con ello, se trabaja ya en la infraestructura general en lo que se refiere a la remodelación de tribunales y también en el tema de capacitación de las partes involucradas, así como de socialización a través de pláticas informativas.

“El beneficio es abrir históricamente en todo México y en Sonora la procuración y administración de justicia a la vista de todos muy transparente que inhibe la corrupción y da confianza a la sociedad, cualquier persona se sentirá mejor protegida en sus derechos si va a una audiencia pública entre los jueces y ante las partes”, externó.

Asimismo, en la conferencia impartida en el Centro de Negocios de la UES en presencia de legisladores y abogados, policías, estudiantes, docentes y miembros de la sociedad civil, reiteró que con este nuevo sistema el gobierno cumple con las expectativas de una sociedad que exige transparencia y soluciones claras.

Y es que actualmente los Ministerios Públicos, dijo, trabajan de forma secreta en la elaboración previa en donde arman las pruebas que envían al juez que al momento de deliberar ya tiene el caso resuelto con anterioridad.

Por otra parte, confirmó que se estarán llevando a cabo diversas capacitaciones en esta y otras ciudades para policías municipales y abogados para antes de que se termine de implementar la normatividad del nuevo sistema.

Esto a través de un taller de capacitación masiva mediante elementos certificados para el cual se exhorta a los abogados litigantes a que se registren, indicó, así como a cualquier persona interesada en asistir a estos foros cuyas fechas y lugares a realizarse siguen pendientes, aunque por lo pronto se sabe que serán a partir del próximo mes en todos los municipio como San Luis Río Colorado.

La tropa es primero

En relación a si el terreno está plenamente preparado para la implementación de este nuevo sistema de justicia penal, el conocido abogado Miguel Sandoval Arvizu consideró que será de beneficio para la comunidad principalmente porque se podrá aplicar estrictamente el principio de presunción de inocencia.

Con ello, celebró, ya no va a haber gente impunemente detenida y la autoridad que no pueda acreditar la carpeta de investigación, es decir, los hechos y motivos de un delito, va a propiciar que cualquier persona inocente sea puesta en libertad de manera inmediata sin más tiempos de espera, entre otras bondades relacionadas a la transparencia.

Sin embargo, consideró que el gobierno no ha invertido hasta la fecha lo suficiente en la preparación de los policías municipales y peritos, que son los primeros en llegar a la escena del crimen y en quienes recaerá la información de primera mano.

“A mi ver creo que empezamos al revés, primero debieron capacitar a las fuerzas inferiores y ese es el error del gobierno, el no haber capacitado a la tropa porque son, junto con policías estatales y peritos de tránsito, quienes recaban los primeros datos”, anotó.

Eso implica que a un policía se le tiene que dotar de los elementos típicos de una serie norteamericana para una investigación, comentó, como laboratorios, indumentaria, cámaras de video y fotografía, guantes, conocimientos, etcétera.

Por ello, argumentó, es necesario priorizar la inversión en la capacitación a las fuerzas básicas, además de que la mayoría de las veces ahí está la solución del problema.

En los juicios orales se va a tomar, analizar y discutir la información de primera mano sin precisar en las circunstancias por lo que puede repercutir si los policías no están lo suficientemente capacitados para el actuar, explicó.

“Esto entonces va a ser caótico, pero a partir de las 00:00 horas del primero de junio se empieza a escribir una nueva historia para el país”, afirmó el licenciado.

Urge capacitación de abogados

Por otra parte, el presidente del Colegio de Abogados de San Luis Río Colorado también expresó su beneplácito ante la aplicación de un nuevos sistema de justicia más transparente, sin embargo, para garantizar la mejor defensa y respeto a los derechos humanos de los ciudadanos es necesario que los abogados estén mejor capacitados que nunca.

En ese sentido, Francisco Javier Espinoza Raigoza indicó que la Procuraduría se ha preocupado por estar capacitando a los agentes del Ministerio Público y el Supremo Tribunal, por su lado, a quienes administrarán la justicia (jueces), sin embargo, los licenciados en Derecho también requieren de un entrenamiento intensivo.

“Los abogados pues somos figuras importantes en el procedimiento penal acusatorio y oral, ycreo que lo que se dio hoy es muy benéfico para el gremio, pero también considero que necesitamos como defensores apoyos del gobierno para que se capacite a la mayor cantidad de abogados posibles en San Luis Río Colorado”, manifestó.

Actualmente, confirmó que existen 30 abogados activos en el Colegio local más la amplia cantidad de licenciados en Derecho que egresan de las universidades cada año.

Para las capacitaciones y actualizaciones, no obstante, se requiere de recursos pues maestrías como la que tentativamente se impartirá por parte de la Universidad de Sonora próximamente en esta ciudad tienen costos de hasta 25 mil pesos por semestre más la bibliografía y otros gastos, lo que representa un gasto oneroso para muchos que se dedican al oficio.

Sea como sea, señaló Espinoza Raigoza, el apoyo para los abogados es obligatorio y se espera que el gobierno del estado facilite no solo una sino varias capacitaciones periódicas, sobre todo porque para los juicios orales todos tendrán que ejercer técnicas de interrogación así como de argumentación, retórica y expresión oral.

Y es que en la actualidad no existe esa preparación en la gran mayoría de los licenciados en derecho por lo que urge esa profesionalización, admitió, que debe perfeccionarse para antes del 18 de junio que en todo el país entre en funcionamiento el sistema sin excepción.

“Esa preparación no existe porque no se hacía con el sistema antiguo y aún vigente, en el que se hacía una defensa de escritorio, sin embargo, ahora se tendrá que actuar inmediatamente y contraatacar, argumentar y fundamentar casos.

“Es preocupante pero lo tenemos que hacer y como abogados tenemos que preocuparnos por capacitarnos por nuestra cuenta aunque no recibamos apoyo del gobierno porque el ciudadano que se pueda ver involucrado en un procedimiento debe contar con una buena defensa, pues eso está garantizado dentro de sus derechos humanos; tenemos que aprenderlo, no hay justificación”, sentenció.

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