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[ Diálogo ] Derechos Humanos: El talón de Aquiles para el Presidente Enrique Peña Nieto

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David Figueroa

Pareciera que el gobierno de México manda un nuevo mensaje en materia de política interna y externa esta última semana ante lo que se percibe como la necesidad de comenzar a cerrar frentes para el 2017, año pre electoral.

Y ha comenzado por un tema que marcará este sexenio: el de Derechos Humanos; se atisba este cambio ante la divergencia ventilada estos días con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación del caso Ayotzinapa.

Éste el más reciente desencuentro podría terminar en la no renovación del convenio para su intervención en el esclarecimiento según acuerdo formalizado en noviembre de 2014 entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de las víctimas y el Estado Mexicano.

El GIEI acusó el viernes pasado a la Procuraduría General de la República de romper el acuerdo para el nuevo peritaje del basurero de Cocula, Guerrero, a petición del mismo gobierno.

El grupo interdisciplinario consideró violados algunos de los compromisos respecto a confidencialidad de la información y el consenso en las diferentes etapas de la nueva investigación que está por concluir, y anunció que “reconsiderará su trabajo” en función de estos hechos, pero que además continuará las acciones que considere necesarias para avanzar en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas.

No sorprende la falta de avances en el tema ni la diferencia de criterios, pero sí la postura de clara confrontación  entre las partes, quienes cabe señalar se reunieron este lunes según comunicado que emitió la PGR sin dar detalles o resultados de este encuentro.

Si se analiza brevemente el contexto es de esperarse que el Estado no renueve el convenio con el GIEI que vence el 30 de abril, pues a estas alturas necesita comenzar a ‘controlar’ o en su defecto ‘administrar’ aquello que no podrá resolver satisfactoriamente.

En este caso, pareciera que ante la falta de claridad lo que resta es atajar el escrutinio internacional sobre México en tema de Derechos Humanos.

En general hay elementos para suponer que el gobierno comienza, no a dar pasos atrás, pero sí al menos a los costados ante la imposibilidad o incapacidad de ir al frente en temas que colocaron a México de manera muy positiva en el ámbito internacional con una alta expectativa.

Por ejemplo, la contención repentina desde el despacho jurídico de Presidencia a las leyes de tortura y desaparición forzada; o el debate sobre la legalización de la mariguana del que no volvimos a saber nada, ambos temas fuertemente impulsados desde la misma Secretaría de Gobernación.

Si a este contexto se agrega que hasta ahora tampoco ha habido una postura clara o estrategia integral, al menos conocida, en el tema de seguridad y narcotráfico; además del poco avance en la ejecución de reformas, es entendible que los estrategas del gobierno federal piensen en cerrar frentes desde ahora.

Esperemos pues, que este desencuentro con el GIEI no signifique el detonante para un rompimiento con la CIDH, incluso con profesionales de Derechos Humanos aquí mismo en nuestro país, en América y quizá el resto del mundo.

El caso Ayotzinapa representa el dolor de cabeza que ya no pudo quitarse la actual administración.

El juicio internacional sobre Derechos Humanos hacia México es desde entonces cosa de todos los días y en audiencias como la de la semana pasada en la propia CIDH, nuestro país es puesto a prueba de manera continúa sin que las respuestas o acciones en pro de las garantías individuales dejen satisfecho al mundo.

Sobre todo si consideramos que esta apertura a la intervención y cooperación con organismos internacionales en Derechos Humanos es relativamente nueva para los mexicanos.

Se consideraba este tipo de actos como una injerencia violatoria a la nación por ser materia exclusiva del Derecho Interno.

Por eso es de vital lo que suceda a partir de las decisiones que tome el gobierno en este sentido: a nivel de política exterior por el tema de Derechos Humanos Internacional; y de política interior por lo que se atisba como un intento por retomar el control hacia la segunda mitad del sexenio.

La crisis que develó ante el mundo el caso Ayotzinapa es sólo la punta del icberg a la que se suman amenazas, agresiones y asesinatos de periodistas en nuestro país, miles de desaparecidos y denuncias de tortura.

Es de esperar que se comiencen a tajar temas torales como este, pero se debe tener en cuenta los riesgos y costos de cómo se hace. Lo mejor quizás es asumir una realidad con humildad y abrir los brazos a la ayuda de la comunidad internacional.

Si la capacidad ya no alcanzó para dar respuestas claras sobre qué pasó, el dolor debe ser por lo menos suficiente para entender que no puede volver a ocurrir, sobre todo si se toma en cuenta que en esta aberrante desaparición masiva hubo participación de la misma autoridad.

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