[El Eslabón Perdido] Sálvese quien pueda

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Humberto Melgoza Vega

El diputado Agustín Rodríguez se dice víctima de persecución política y señala directamente a los miembros del gobierno del “otro Sonora Ya” de ser los principales instigadores.

La semana pasada, el juez primero de lo penal giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de tortura y abuso de autoridad, cometidos en perjuicio de Gisela Peraza Villa, quien era ama de llaves en la Casa de Gobierno cuando ésta era habitada por la familia Padrés-Dagnino, acusada, procesada y sentenciada a 4 años de cárcel, por el robo de medio millón de pesos en efectivo.

La orden de aprehensión, cuya existencia fue filtrada a algunos medios de comunicación y detonada en redes sociales la semana pasada y lo que va de ésta, fue confirmada por el procurador de Justicia del Estado de Sonora, Rodolfo Montes de Oca hace unos días.

Hasta ahí, Agustín Rodríguez ya no tiene mucho para dónde hacerse, aparte de despotricar contra los priistas que arribaron al poder desde el 13 de septiembre pasado, y de apoyarse en su partido y en su bancada en el Congreso de la Unión para evitar que “transite” la petición del juicio de desafuero presentada por el abogado Juan Antonio Ortega, quien tiene una cara de tranza que no puede con ella.

De entrada, se ve un panorama complicado, porque el PRI es mayoría en la Cámara de Diputados y estarían muy contentos de hacerle una maldad a su histórico enemigo político.

La otra, sería esperarse tres años hasta que termine su gestión como diputado y ya sin el fuero constitucional ejecutarle la orden de aprehensión y someterlo a un proceso judicial.

Es claro que las pretensiones de Gisela Peraza, quien fue utilizada durante la campaña por los priistas, y que ahora la siguen moviendo para seguir horadando la herida, es la de obtener un beneficio económico, en donde su abogado se llevaría una buena tajada.

 Así que el asunto, además de la sed de venganza y de revancha política es cuestión de dinero, la reparación del daño causado por los 4 años que se pasó en la cárcel, donde se convirtió en toda una mártir.

Al igual que Rebeca Villanueva, quien se convirtió en el rostro más visible de los “Malnacidos”, Gisela se prestó como instrumento para golpetear al panismo, que manejó torpemente su caso, sobre todo cuando la retuvieron porque supuestamente le encontraron droga en su celda, y ahora espera obtener su recompensa.

Agustín Rodríguez, Guillermo Padrés, Roberto Romero, Jorge Morales, Teresa Lizárraga y una larga lista de ex funcionarios de primer nivel del Nuevo Sonora, están pagando por sus excesos cometidos al amparo del poder, algo que nunca había sucedido en la historia del estado, donde la gobernadora Pavlovich se ha proyectado como la paladina de la justicia, enemiga de la impunidad.

Dice Agustín Rodríguez que cuando llegaron al gobierno, hasta el escritorio de Guillermo Padrés les llegaban con los expedientes en donde documentaban las irregularidades cometidas en el gobierno de Eduardo Bours, que lo involucraban a él mismo, pero que prefirieron mirar hacia adelante y ponerse a trabajar.

A la distancia, esa actitud, entre ingenua e irresponsable, les resultó contraproducente, porque las nuevas autoridades no piensan perdonarles nada y si es posible quieren hundirlos, refundirlos en la cárcel, con lo que terminarían por sepultar al PANismo sonorense al menos por 12 ó 18 años.

En esa misión están empeñados los integrantes del ala dura del priismo, a la cual no pertenece la gobernadora, pero que al estar al frente de la administración es a quien le toca ejecutar las directrices en donde se percibe la suave pero firme mano de Manlio Fabio Beltrones.

Por lo pronto ya cayó Jorge Morales, víctima de la gente que al principio apoyó y que cuando les retiró el subsidio se convirtieron en sus enemigos; la orden de aprehensión contra Agustín Rodríguez ya fue liberada, así como la de Roberto Romero, quien se volvió “ojo de hormiga”, más otras muchas más que están en camino, lo que sentaría un precedente, inédito en el país, en donde prácticamente una administración en pleno es sometida a la aplicación de la justicia. Sálvese quien pueda.

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