Ante la presión ciudadana, México se prepara para debatir una estricta ley anticorrupción

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CIUDAD DE MÉXICO — La corrupción está tan arraigada en la vida cotidiana de México que se ha consagrado en un dicho conocido: “El que no transa, no avanza”.

Las “mordidas”, como los mexicanos llaman a los sobornos, son el precio que hay que pagar para hacer negocios y son parte invisible del presupuesto.

Sin embargo, un paquete de medidas anticorrupción presentado ante el congreso podría constituir un cambio decisivo en la relación que tiene el país con la corrupción.

La parte más importante es una ambiciosa iniciativa, promovida por la sociedad civil, para imponer normas de transparencia a todos los empleados gubernamentales, sea cual sea su nivel. La iniciativa, llamada “3 de 3”, haría necesario que los servidores públicos presentaran declaraciones patrimoniales y de posibles conflictos de interés, además de comprobar que están pagando impuestos.

De aprobarse, la iniciativa (que también obligaría a los familiares cercanos de los funcionarios públicos a revelar su patrimonio) se encontraría entre las medidas de transparencia de mayor envergadura en el mundo, aseguran sus promotores.

“México tiene que aspirar a lo mejor”, dijo Eduardo Bohórquez, uno de los principales autores de la iniciativa de ley y director ejecutivo del grupo Transparencia Mexicana.

No obstante, el paquete está en la cuerda floja.

El congreso terminó su periodo ordinario de sesiones a finales de abril sin tomar medidas para votar la propuesta. Los legisladores, teniendo en cuenta que el próximo domingo 5 de junio habrá elecciones para gobernador en 12 estados, se negaron a convocar a una sesión extraordinaria para debatir el asunto y aplazaron la sesión para mediados de junio.

En días recientes, sin embargo, el clamor público obligó a los legisladores a programar el debate para este lunes.

La iniciativa “3 de 3” es resultado de un esfuerzo encomiable de la sociedad civil. En 2014, una reforma a la constitución mexicana permitió a los ciudadanos proponer leyes con el apoyo de por lo menos 120.000 firmas validadas. Antes de eso, solo el presidente y los congresistas podían proponer leyes.

La medida logró obtener más de 630.000 firmas.

También recibió el apoyo de asociaciones empresariales de gran influencia. Algunos analistas especulan que los empresarios apoyan la ley porque los sobornos que pagan las empresas tal vez hayan mermado sus ganancias.

“Está claro que se trata de un acontecimiento histórico en lo que respecta a la movilización de la sociedad civil”, expresó Viridiana Ríos, becaria de investigación en el Wilson Center de Washington y columnista de Excélsior, un periódico nacional.

La creciente atención a la corrupción en México refleja, en parte, un cambio en la forma en la que los sociólogos y los funcionarios gubernamentales están pensando sobre la forma ideal de abordar los problemas del país, en especial la violencia. Durante años, la principal estrategia del gobierno para combatirla fue atacar a los carteles del narcotráfico.

No obstante, en años recientes la corrupción, y la impunidad que la permite, se han visto cada vez más como los principales causantes de la violencia y otros males nacionales.

“La corrupción agrava o es causante directa de los peores problemas y retos que enfrenta México”, manifestó Juan E. Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, un grupo de investigación que ayudó a encauzar el esfuerzo ciudadano relacionado con la iniciativa.

“¿Cómo podemos resolver el problema de la violencia y la delincuencia organizada si no resolvemos el problema de la corrupción?”, añadió Pardinas. “La corrupción está debilitando la capacidad del Estado para atender los retos del país”, señaló.

Según la investigación del instituto, casi todos los delitos de corrupción quedan impunes, y cuando se fincan responsabilidades, nunca se hace a los funcionarios de alto rango. De 444 casos enviados a la Procuraduría General de la República por la Auditoría Superior de la Federación entre 1998 y 2012, únicamente siete fueron consignadas.

“No podemos mantener un sistema político en el que los ciudadanos cuentan con suficiente información para conocer el grado de corrupción, pero las instituciones gubernamentales son totalmente incapaces de someter los casos a proceso”, dijo Pardinas.

En mayo de 2015, en medio de una investigación por denuncias de conflictos de interés que involucraban a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Finanzas, el mandatario firmó una reforma constitucional que plantea la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

La reforma incluyó el nombramiento de un fiscal anticorrupción independiente, así como la creación de un tribunal especial en materia de corrupción e infraestructura para coordinar a un puñado de funcionarios públicos que actualmente tienen la misión de combatir la corrupción.

La reforma constitucional de 2015 estableció como fecha límite el 28 de mayo para la aprobación de las leyes secundarias que darían lugar al sistema anticorrupción. Los principales partidos políticos han negociado los términos de las leyes secundarias, entre ellas la iniciativa de ley “3 de 3”.

Uno de los temas más polémicos sometidos a debate ha sido definir si las declaraciones patrimoniales deberían hacerse públicas. A muchos legisladores les preocupa que dar a conocer sus bienes personales podría convertirlos a ellos y a sus familiares en blancos para la delincuencia, por lo que están ejerciendo presión con el fin de que se apruebe un proyecto de ley por el que solo se les pediría divulgar sus bienes ante el gobierno.

Sin embargo, el clamor público que pide que los legisladores aprueben un conjunto sólido de leyes anticorrupción ha sido enérgico. La Arquidiócesis Primada de México, en editoriales publicadas en el semanario Desde la Fe, ha apoyado de manera contundente las medidas y ha criticado “la parálisis en los tres primeros años” del gobierno de Peña Nieto.

Mientras tanto, algunos políticos han dado a conocer voluntariamente sus tres declaraciones incluso antes de que se apruebe alguna ley.

Más de 560 servidores públicos (de posiblemente decenas de miles) se han sumado a la iniciativa, por lo que han dado a conocer sus bienes y posibles conflictos de interés. Entre ellos se encuentran cerca del 13 por ciento del senado y 21 por ciento de la cámara de diputados, así como 12 gobernadores y un miembro del gabinete de Peña Nieto.

Uno de esos senadores es Zoé Robledo Aburto, legislador del Partido de la Revolución Democrática, de izquierda. Robledo, representante del estado de Chiapas, es uno de los más fervientes defensores de la iniciativa de declaración patrimonial.

“Los políticos tienen poca credibilidad. Hay poca confianza en las instituciones gubernamentales”, dijo en una entrevista. “En este momento de crisis, deberíamos estar enviando un mensaje contundente que pueda reconfigurar y restablecer nuestra relación con la ciudadanía”.

“Tenemos que demostrar que estamos en la política por las razones correctas, no para enriquecernos ni hacer negocios”, continuó Robledo.

Fuente:NYT

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