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FUERA DE LIBRETA – Turbulencias y prelaciones

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Sergio Haro Cordero

Después del evidente fracaso electoral del Partido Revolucionario Institucional en la entidad -–apenas lograron dos de las cinco alcaldías y cuatro de las 17 diputaciones– se ha empezado a generar al interior de la militancia tricolor una inquietud relacionada con la permanencia del actual presidente estatal, el tijuanense y hankista Chris López Alvarado quien llegó a la dirigencia en octubre del año pasado apoyado por entonces líder nacional Manlio Fabio Beltrones.

El antecedente tiene que ver con la renuncia en octubre del 2015 de la entonces dirigente –y ahora diputada federal- Nancy Sánchez Arredondo quien dejó el cargo al acceder a una curul por la vía plurinominal.

Ella  suplió en su momento a René Mendívil cuando éste llego al Congreso local en el 2013 y posteriormente en la elección federal del 2014 los priistas eligieron a presidenta y secretario general, conforme a los Estatutos.

Así llegaron ella y Lauro Aréstegui como Secretario General y en la elección federal del 2015 pasó al Congreso de la Unión por lo que tuvo que renunciar la dirigencia bajacaliforniana a la par que Aréstegui ya había dejado la Secretaria para irse a la delegación de Sedatu en la entidad y en su lugar por prelación había ocupado ese cargo el ex alcalde de Tecate Javier Urbalejo.

Pero al dejar Nancy el liderazgo también renunció Urbalejo. En ese contexto a la dirigencia nacional fue designado -–se supone que por el dedo presidencial– el exgobernador sonorense Manlio Fabio Beltrones.

En la entidad ocupaban la Secretaria de Organización y la de Acción Electoral Chris López y Vicky Noriega, quienes por relación subieron López a la Presidencia y Noriega a la Secretaría General. Esto fue en octubre del 2015 y dado que ya estaban en tiempos de campaña electoral los estatutos marcan que en ese lapso no puede haber elección de dirigentes. Aparte que evidentemente Chris López era apadrinado por Manlio Fabio Beltrones.

De acuerdo al mismo estatuto partidista los dirigentes que llegan en esa prelación tienen 60 días para convocar a elecciones, pero debido precisamente a las campañas 2016, López Alvarado no lo hizo y hay quienes aseguran que debería haber convocado apenas pasado en proceso electoral de junio pasado.

El ejemplo de todo esto se dio a nivel nacional cuando “renunció” Beltrones a la Presidencia Nacional, relevándole la entonces Secretaria General Carolina Monroy quien convocó a la oficial renovación –en sustitución- así emergió como nuevo líder Enrique Ochoa Reza quien fungía como director general de la Comisión Federal de Electricidad.

El caso es que como no ha habido convocatoria, Obed Silva, militante priista, ex encargado de la Comisión de Elecciones del tricolor y durante años fungió como representante del tricolor en el Instituto Estatal Electoral, presentó un recurso ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, para que sea el Consejo General de ese organismo el que dilucide acerca de la renovación priista. El antecedente tiene que ver con algunas resoluciones del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México y Nayarit donde esa instancia obligó a los panistas a convocar a la renovación de las direcciones estatales.

Pero aparte de los magros resultados electorales, le cuestionan el albazo con el líder nacional ante quien se presentó con tres diputados electos

–se calcula que aún faltan al menos dos de representación proporcional- y de esa reunión salieron ya con “coordinador de la bancada” en la figura del ensenadense y ex delegado del Infonavit Alejandro Arregui.

Otro tema tiene que ver con la multa que recién le impuso precisamente el INE al PRI bajacaliforniano por más de 6 millones de pesos al detectar una serie de anomalías en el gasto relativo a las pasadas campañas electorales.

Aparte a López Alvarado la adjudican la intención de buscar “tumbar” a Marco Corona como diputado de representación proporcional dado que ahora hay una pugna bajo el argumento de equidad de género la mexicalense Anahí Martínez ha interpuesto un recursos para que se considere ese elemento a la hora de asignar las curules locales.

“El comité estatal está desintegrado”, asegura Obed Silva en referencia a la situación del tricolor en la entidad donde apenas hace seis años se llevaron las cinco alcaldías y la aplastante mayoría en el Congreso local. Y es que además no hay Secretario de Acción Política, los comités municipales ya vencieron su periodo y a los empleados del partido tienen meses sin pagarles.

El caso es que la pelota quedó en la cancha del Consejo General del Instituto quien deberá resolver en torno a la dirigencia del antes invencible tricolor.

De pilón

En lo que fue quizá una de las últimas decisiones de trascendencia del Congreso local, la semana pasada eligieron a dos Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo, un Numerario y otro Supernumerario en las figuras de Guillermo Moreno Sada y Roberto Romero Blas. Pero resulta que ambos son de reconocida militancia panista

En el caso del Tribunal Contencioso Administrativo había una lista de 26 aspirantes que llenaron los requisitos pero finalmente se decidió por los dos abogados de militancia blanquiazul, Moreno Sada está en el padrón del PAN desde enero de 1993 y Romero López desde septiembre del 2006.

En el Tribunal Contencioso suplen a Martha Soleno –ahora ex Magistrada Numeraria quien fungió por dos periodos- y a otro panista, Roberto Vidrio quien no fue ratificado en el cargo como Magistrado Supernumerario, aunque trascendió que éste último tramitó un amparo para evitar su salida, procedimiento que no ha concluido.

De pesos y centavos

En las filas académicas de la UABC se está presentando un singular fenómeno que tiene que ver con la jubilación de maestros decanos de algunas áreas que ahora se sienten amenazados por la posibilidad de que se reforme y les afecte –nuevamente- la Ley del IMSS y previendo esa posible circunstancia han optado por abandonar los puestos ocupados por varias décadas. En el caso del Campus Mexicali en la Facultad de Derecho han sido los casos de Arnoldo Castilla, Ricardo Rodríguez Jacobo, Francisco Postlethwaite y en Investigaciones Sociales Luis Lloréns y Leticia Figueroa, solo por mencionar algunos. A la par parece que hay la política de no contratar a mayores de 40 años por la responsabilidad patronal que implica “cargar” con el pago de la seguridad social lo cual es sumamente criticable dado que son políticas más contable-administrativas que de corte académico, científico.

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