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Marcha por la familia tradicional: retroceso e ilegalidad

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En el marco de las marchas que desde el sábado pasado inició el Frente Nacional por la Familia a nivel nacional contra la ley que promueve el Jefe del Ejecutivo para permitir las uniones entre parejas del mismo sexo así como la adopción de niños y respeto a la identidad de género, surgen también las voces que hacen un llamado a hacer respetar la ley, los derechos humanos y el estado laico

Bibiana García Garza

Luego de que el pasado sábado 10 de septiembre se llevaran a cabo 130 marchas en las 32 entidades de la República promovidas por el Frente Nacional Por la Familia y la Iglesia Católica para defender el estándar de la familia conformada por hombre y mujer, los defensores de los derechos de la comunidad LGBT y en pro de la diversidad familiar han empezado a alzar la voz.

Derivado del oficio girado por la Iglesia Católica y otras convocatorias que se hicieron tanto en escuelas y al público en general para participar en la pasada marcha “No te metas con mis hijos” del Frente Nacional de la Familia, la primera pareja gay en contraer matrimonio en la vecina ciudad de Mexicali interpondrán una demanda en el gobierno de Baja California.

La base principal de esta demanda es dicho comunicado, firmado por el III Obispo de Mexicali, Isidro Guerrero Macías y la Comisión Diocesana de Pastoral Educativa en la que expone la iniciativa de Enrique Peña Nieto presentada el pasado 17 de mayo que permitiría el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país y las adopciones –principalmente-.

En un apartado de esta convocatoria a la marcha del Frente Nacional por la Familia señala el Obispo:

“Como podemos ver, estas propuestas son un verdadero apartado contra Instituciones naturales como lo son la familia y el matrimonio entre un varón y una mujer. Si estas propuestas fueran consideradas dentro de nuestra legislación, estaremos dañando gravemente la integridad de nuestros hijos exponiéndolos a verdaderas aberraciones que dejarán daños profundos en ellos”.

Al respecto, Víctor Aguirre Espinoza y Fernando Urías Samparo dieron a conocer esta semana, a través de su abogado, que la demanda en contra de la Iglesia Católica será por la falta a varios artículos establecidos en la Ley de Asociaciones Religiosas.

En ese sentido, explica, la Iglesia Católica obró de mala manera al convocar a la pasada marcha del 10 de septiembre ya que como entidad religiosa deben sujetarse a lo que la Ley indique y, por el contrario, se violó el Artículo 8 de dicha legislación, misma que establece que todas las asociaciones religiosas deberán sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan.

Esto es, que ha manifestado de manera pública y clara la convocatoria a oponerse a una reforma política, además de que faltan también a otro punto de la ley en donde se indica que las instituciones religiosas “deben propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas”.

Eso, alegan, fue algo que para nada se puso de manifiesto en las marchas que se llevaron a cabo “Por la familia”, tachando a otro tipo de familias y a personas con distintas preferencias sexuales como “anti-naturales”.

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La Iglesia sí es sujeto a sanción

Cuestionado acerca de este escenario jurídico y de la participación que ha tenido la Iglesia Católica en promoción y apoyo a las marchas ´Pro-Familia´, el abogado sanluisino que asesoró a la primer pareja de lesbianas en contraer matrimonio tras promover un amparo en Sonora señaló que la demanda de Baja California sí podría proceder y que los presbíteros están violando el estado laico.

En este sentido, Víctor Acosta Cid señaló que de unos años a la fecha ha sido más que evidente la insistencia de la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas en meterse en asuntos de estado cuando la Ley lo prohíbe.

“Las asociaciones religiosas tienen, ineludiblemente, la obligación constitucional de respetar los derechos humanos y no meterse en asuntos políticos y lo están haciendo”, afirmó.

Eso no es lo más grave, argumentó, porque a fin de cuentas “la Iglesia hace su lucha” y las asociaciones civiles tienen derecho a expresarse inclusive con expresiones contrarias a los derechos humanos siempre y cuando no pase de una manifestación pacífica y sin insultos.

Sin embargo, sí se ha observado que se manejan insultos y expresiones discriminatorias a las personas por su preferencia sexual y el problema radica en que particularmente la Iglesia no se rige por esas mismas reglas de las asociaciones civiles, señaló.

Ese apartado se lee claro, indicó, en el Artículo 130 de la Constitución en donde se establece concretamente que las iglesias no deben inmiscuirse en asuntos políticos ni en contra de los derechos humanos o la Constitución.

“Es un derecho humano, no una opinión o un gusto”

Por otra parte, Acosta Cid resaltó que la postura que manifiesta la Iglesia no van en contra de una opinión o un simple gusto sino de una preferencia sexual cuyo respeto constituye un derecho humano consagrado, garantizado y respaldado y con fundamento en el Artículo Primero párrafo 5to de la Constitución.

“Nadie puede ser discriminado por preferencias sexuales, esto deja de estar en el terreno de lo debatible para pasar al terreno de lo obligatorio, de lo que debe de ser”, anotó.

Es por eso también que la Iglesia no debe meterse, puntualizó, ni de un lado ni del otro o en ningún otro tema, aunque es este el que polariza más por los fundamentos de muchas religiones que se guían por lo escrito en la Biblia, mismos que no coinciden con las leyes de un país, en este caso de México.

“Cada quien en lo particular puede tener la opinión que quiera pero la Iglesia no, si cada quien en su fuero interno tiene una opinión diferente o de conciencia está bien, eso es válido, pero no hay que confundir el carácter con el que a veces se emite una opinión, no es lo mismo que lo diga un Obispo en una reunión privada a que lo diga desde el púlpito”, anotó.

Otro punto grave, añadió el abogado, es que en los últimos años la Iglesia Católica ha criticado y descalificado públicamente a las instituciones mexicanas, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“La Iglesia no es nadie para criticar a la Corte porque este es un Estado Laico por lo que sí se les puede sancionar, lo lamentable es que el Gobierno Mexicano se ha visto muy laxo en ese aspecto y no ha impuesto sanciones ni ha llamado la atención ni ha puesto un alto”, externó.

Eso ha tenido como consecuencias las marchas que se están llevando a cabo por la ´Familia Tradicional´ y, advirtió, si las cosas siguen así, es posible que la Iglesia, a través de este tipo de asociaciones, soliciten hacer un plebiscito en relación a la legislación mexicana, como podría ser contra el matrimonio gay y las adopciones homoparentales.

El problema es que la raíz de todo esto es la discriminación, un tema que equivale a ideas aberrantes de superioridad de raza pisoteando el estado de derecho y la laicidad que le costó mucho trabajo y sangre a México.

“Es una idea aberrante de que los heterosexuales pudiéramos decidir sobre los homosexuales, eso no es válido en ningún país democrático, por qué si somos seres humanos tanto unos como los otros, somos ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones por lo que es imposible que un grupo quiera decidir el régimen matrimonial de otras personas”, declaró.

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El llamado de atención de Copred

En relación a este mismo tema, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) hizo también un llamado en redes sociales y a través de los distintos medios de comunicación a la Arquidiócesis Primada de México y al Frente Nacional por la Familia CDMX.

Como se recordará, el próximo 24 de septiembre se realizará otra marcha “Pro familia” en la Ciudad de México, esta de carácter nacional.

Ante ese escenario y a las posturas ya manifestadas, la presidenta de Copred, Jaqueline L´Hoist Tapia, lamentó públicamente las reacciones desmedidas contra la iniciativa que busca brindar condiciones de igualdad en la ley a todas las personas que deseen contraer matrimonio así como las que buscan el reconocimiento de su identidad de género o la posibilidad de adoptar hijos.

En ese sentido, aclaró que las propuestas de reforma a la ley buscan legislar en el terreno de lo civil al matrimonio igualitario, un derecho personal, voluntad a la que no puede haber imposición.

En dicho video se hace referencia también al Artículo 1 de la Constitución y al Estado Laico que parecen no respetar las instituciones religiosas como la Arquidiócesis Primada de México, que busca “imprimir sus criterios religiosos en razones para legislar”.  @

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