Y ahora, el Año de Hidalgo
Ya para concluir la administración del alcalde Jaime Díaz, para cerrar “con broche de oro”, el Cabildo Mexicalense aprobó el endeudamiento por 20años para cubrir el adeudo con Issstecali, la Oficialía Mayor autorizó el otorgamiento de 117 bases sindicales y el Sindicato ya pidió el 10 por ciento de incremento salarial. Temblando le van a dejar el ayuntamiento a Gustavo Sánchez.
Iván Torres Cruz
MEXICALI.- Durante los últimos días de la administración municipal encabezada por el alcalde, Jaime Rafael Díaz Ochoa alborotó nuevamente el “avispero” al realizar toda una serie de medidas que en lugar de poner orden parecieran decisiones totalmente irregulares.
Fue en plena campaña electoral cuando la ahora diputada local del Partido Acción Nacional, Victoria Bentley Duarte, consiguió para los agremiados del Sindicato de Burócratas el 5.7 por ciento de incremento salarial a los trabajadores de base, mismo que fue otorgado por el alcalde Jaime Díaz.
Bentley afirmó que de ser electa diputada local, no habría conflicto de intereses ya que su periodo al frente del sindicato estaba por concluir por lo que no le tocaría negociar el Contrato Colectivo de Trabajo y el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, la primera como líder sindical y la segunda como diputada del PAN.
Sin embargo el 24 de octubre, Bentley Duarte junto con otros miembros del Sindicato fue recibida por Jaime Díaz para entregarle el pliego petitorio para el presupuesto 2017 con el fin de que el Ayuntamiento pueda iniciar las mesas de trabajo en conjunto con el Gobierno del Estado.
La propuesta inicial que parece fuera de la realizad por las condiciones actuales no solo de los ayuntamientos municipales sino en general del gobierno federal tras una serie de recortes que se planean para el próximo año llegó hasta el 10 por ciento de aumento directo al salario.
Bentley Duarte como diputada local será juez y parte luego de que será ella junto con los demás legisladores del PAN los que decidan el presupuesto del Ejecutivo Estatal quien es el que marca la pauta a los demás ayuntamientos para fijar un incremento salarial, además será ella misma quien apruebe el prepuesto de egresos del Ayuntamiento de Mexicali.
La oficial Mayor del Ayuntamiento mexicalense, Maribel Avilés, reconoció que ya recibieron el pliego petitorio.
“Se supone que lo debió entregar desde el mes pasado, por razones de agenda del presidente no lo había recibido, obviamente ella presenta el pliego petitorio en las mismas condiciones en las que lo presenta al gobierno del estado; está solicitando el aumento del 10 por ciento directo al salario y a prestaciones”, mencionó.
“Ahorita no nos hemos sentado, vamos a empezar a hacer las mesas de trabajo pero obviamente que como siempre la pauta la da el gobierno del estado, si el gobierno acepta un aumento del 10 por ciento seguramente nos van a tratar de obligar a que nosotros aceptemos lo mismo”, apuntó.
Avilés dijo que se tendrá que esperar a que el gobierno del estado indique la ruta pero afirmó que deben ser conscientes de que los Ayuntamientos no le pueden seguir el ritmo debido a las malas condiciones económicas.
Indicó que no tienen el recurso para otorgar ese 10 por ciento aunque reconoció que “siempre sale recurso para pagar los salarios, primero es el pago de salarios y luego todo lo demás”, explicó.
Otra polémica se suscitó el jueves 20 de octubre cuando el dirigente de Coparmex, Francisco Fiorentini presentó un escrito al Síndico Procurador, Humberto Zúñiga con el fin de que dé marcha atrás a las bases sindicales que fueron entregadas durante el mes de octubre.
“No estamos de acuerdo de cómo se hace, dejemos de ser parte del problema, sino parte de la solución, se trata de las bases de la gente que se ha ido sindicalizando en la actual administración porque consideramos que son ilegales”.
Señaló que la ley marca que se tienen que cubrir toda una serie de requisitos que en lo que han investigado suponen que no fueron cubiertos por lo que se pide a la Sindicatura que inicie la investigación correspondiente.
En cuanto al incremento salarial solicitado por los burócratas, el empresario explicó que se tienen que hacer modificaciones a la ley para que los sindicatos no puedan pedir un aumento mayor a la inflación.
“La nómina del Ayuntamiento son 2 mil 400 millones de pesos, Victoria Bentley pidió un 10 por ciento, son 240 millones de pesos de aumento, todo el predial que se va a cobrar este año en Mexicali son 300 millones de pesos, imaginemos que el 70 por ciento se va solamente a un aumento de la burocracia”.
En el documento, los empresarios señalan que se incumplieron diversos artículos de la ley:
- Artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Artículos 97 y 99 de la Constitución Política del Estado de Baja California.
- Artículos 35 fracción XII y 58 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.
- Artículo 165 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Baja California.
Los artículos hacen referencia a dos situaciones distintas, la primera que se trata de un procedimiento ilegal ya que las bases no fueron presupuestadas por lo cual no se aseguró el recurso para poder pagarse.
El segundo caso tiene que ver con la Comisión Mixta de Escalafón en la que asegura no fueron concursadas para ocupar las vacantes.
El empresario asegura que las bases no tienen nada que ver con los laudos por lo que se entregaron fuera de la ley y pide se responsabilice a los funcionarios que otorgaron las bases, afirmó que hay plazas que se entregaron por herencia y otras por antigüedad cuando la ley marca que estos no son motivos para hacerse acreedores a las mismas.
Por su parte Victoria Bentley acusó a Fiorentini de mezquino ya que carece de conocimiento de cómo se da el otorgamiento de las plazas de las que asegura no son nuevas sino que se están cubriendo las vacantes que dejaron personal dado de baja.
“Yo sí conozco la ley del Servicio Civil que fue parte de una reforma donde yo participé y defendí la supresión de plazas, las bases que se otorgaron en el Ayuntamiento, las que se han otorgado en toda la administración son presupuestadas, que están dentro del presupuesto cada año y que le pertenecen al sindicato”, aseguró.
Dijo que todas las bases reunieron los requisitos de la Comisión de Escalafón además de que hay un acta de todas las que se dieron.
“Tenemos un reglamento de escalafón que yo creo que el señor Fiorentini lo desconoce y también desconoce que existen acuerdos y actas firmadas de todos los movimientos, no voy a permitir que se dude del buen nombre mío ni del trabajo que se ha hecho dentro del Ayuntamiento”, resaltó.
La líder sindical expuso que fue la primera que impugnó las bases que otorgó el ex alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla ya que eran violatorias de todos los derechos adquiridos de los trabajadores.
El 17 de octubre, unos días antes del otorgamiento de las plazas sindicales, el alcalde de Mexicali logró luego de cuatro intentos que el Cabildo de Mexicali le aprobará por 17 votos a favor y uno en contra la propuesta para endeudar al Ayuntamiento de Mexicali por 20 años para cubrir el pago de las cuotas de Issstecali.
Díaz Ochoa había planteado en diversas ocasiones el endeudamiento, incluso sesionó en dos ocasiones a puerta cerrada y con voto secreto para poder lo aprobar, pero fue hasta la noche de ese lunes que los regidores de las diferentes fracciones, incluido el PRI, aceptaron la propuesta.
Con la autorización el gobierno municipal podrá celebrar diversas gestiones a fin de poder cumplir con la deuda histórica con Issstecali, que sin recargos superaba los 655 millones de pesos.
El único en oponerse fue el Síndico Procurador, Humberto Zúñiga, al afirmar que tal endeudamiento se encuentra fuera de la ley al tratarse de gasto corriente.
“Debo reiterar que subyace el impedimento que la Constitución impone a los municipios para contraer obligaciones o empréstitos ante el Sistema Financiero Mexicano, a menos que se destinen a inversiones públicas productivas o al refinanciamiento o reestructura de dichas obligaciones, de tal forma que al cederse el cobro del adeudo del Municipio a una institución financiera, se estaría empleado un instrumento legal, como el convenio de reconocimiento de adeudo y afectación de ingresos, para consumar un fraude a la ley en un intento por eludir la prohibición prevista en la fracción VIII del Artículo 117 de la constitución federal” explicó. @