Prepara Municipio denuncias contra invasores

Desde mediados de 2015 a la fecha, la invasión de viviendas en esta ciudad se ha incrementado exponencialmente ante la impotencia de propietarios, autoridades e inclusive legisladores, sin embargo, es posible que este año el Ayuntamiento sí pueda estar en condiciones de tomar acciones legales contra los “estafadores de la vivienda”.

Bibiana García Garza

SAN LUIS RIO COLORADO.- A pesar de las medidas que tanto propietarios como autoridades e inclusive legisladores locales han buscado implementar para tratar de erradicar el problema, la invasión de viviendas se agravó en esta ciudad pues, de dos años a la fecha, la situación pareciera ir de mal en peor.

Y es que del 2015 al presente mes, la invasión de casas de interés social ha aumentado en casi un 60 por ciento pues de 200 viviendas tomadas por personas sin título de propiedad pasaron a 600 invasiones en distintos fraccionamientos como Joyas del Parque, Misión del Sol, Nueva Palmira y Chula Vista.

Como se recordará, hace dos años, líderes de la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Vivienda Popular (Cndvp) y autodenominados luchadores sociales como César Del Pardo Escalante y Ana Aidé Angulo arribaron a la ciudad y empezaron a asignar viviendas ´a diestra y siniestra´ y sin ninguna autorización oficial o federal, ni títulos de propiedad reales, todo con la promesa de ayudar a la gente a adquirir una vivienda a crédito y hacerse de un patrimonio.

En algunos casos también invitaron a las familias a invadir las casas cobrando rentas de entre 500 y 700 pesos mensuales o vendiendo las propiedades hasta por 15 mil pesos, lo que inmediatamente empezó a causar problemas a los dueños legítimos de las propiedades y promotores inmobiliarios, así como al propio Infonavit.

El año pasado, los dueños legítimos de dichas propiedades se encontraban a la espera de poder proceder a que se giraran órdenes de aprehensión contra los responsables (51 acusados) por los delitos de invasión y despojo aunque hasta la fecha ninguna de esas personas ha sido detenida.

También intervino la diputada local, Lina Acosta Cid ante el clamor de ocho promotores inmobiliarios locales afectados que denunciaron entonces que les resultaba imposible desalojar a los invasores por la actitud agresiva y hasta violenta que adoptaban al ser cuestionados o cuando se les pedía que dejaran las propiedades.

A la vez, se quejaban de que tampoco los elementos de la Policía Municipal tienen la competencia para solucionar el asunto de fondo ni desalojarlos, situación que permanece como desde el principio, o quizás peor.

De invasores a usurpadores

Mientras las autoridades y afectados han sostenido infinidad de reuniones y han tomado acciones para buscar prevenir a la gente del fraude que cometen los supuestos luchadores sociales con la intención de poner un alto, la problemática siguió creciendo hasta el punto de que hoy ya son 600 las viviendas invadidas en San Luis Río Colorado.

Esto ahora igualmente con el añadido de que los líderes de las invasiones se han empezado a hacer pasar por empleados del Ayuntamiento portando con credenciales municipales falsas para hacerle creer a las personas que están asignando viviendas de manera legítima.

Gracias a eso, ahora el Gobierno Municipal sí está facultado para tomar cartas en al asunto e interponer denuncias penales en contra de quien esté usurpando una función pública usando el nombre del Ayuntamiento, es decir, haciéndose pasar tanto por empleados municipales como por funcionarios de primer nivel.

De acuerdo a la titular de Sindicatura Municipal, Laura Núñez Sepúlveda, el Ayuntamiento ya está realizando las investigaciones correspondientes y reuniendo todos los expedientes para interponer denuncias penales contra quienes estén asignando viviendas.

“Hay tres personas con credenciales municipales que se hacen pasar por empleados del Ayuntamiento, diciendo que están trabajando para asignar viviendas y no es así”, precisó.

Es por esta razón que, a diferencia de antes, ahora el Gobierno Municipal sí puede intervenir de manera directa en el problema y demandar.

“En otros casos el Ayuntamiento no podía meterse, pero ahora sí porque están usando el nombre del Ayuntamiento y a fin de cuentas el Municipio está para cuidar el patrimonio de todos, en lo que entra el propio dinero que estamos pagando como ciudadanos por una vivienda, entonces es nuestra obligación manejar la verdad y ser transparentes en todos los temas”, externó.

Sobre todo, agregó, porque la situación tiene preocupadas a las autoridades desde hace mucho tiempo atrás que se empezaron a realizar recorridos en los diferentes fraccionamientos para prevenir a las personas del fraude que cometen los líderes que invitan a la gente a invadir casas abandonadas, programa que se siguen manejando hasta la fecha.

Embaucan con la “prescripción adquisitiva”

Los llamados “vivienderos” también siguen cobrándole a la gente a la que le permiten invadir casas que no son de su propiedad bajo la promesa de que en algún momento el Ayuntamiento los va a regularizar, señaló.

Esa promesa se basa en que hay casos en los que es posible hacer un juicio por la “prescripción adquisitiva”, indicó, que significa que cuando una persona tiene más de cinco años en posesión de una vivienda tiene la posibilidad de adquirir certeza jurídica.

No obstante, eso solamente es posible cuando el Ayuntamiento dueño de los terrenos, “… el Ayuntamiento sólo puede titular y regularizar todo aquello que se encuentra dentro del fundo legal o propiedades municipales”.

En el caso de las viviendas de los fraccionamientos, reiteró, no son propiedad del Gobierno Municipal y por lo tanto no pueden ser ni asignadas ni tituladas y regularizadas, ni tampoco se puede permitir que los líderes de las viviendas se aprovechen de las personas y les cobren piso por una propiedad que no es suya.

El despojo, un delito grave

“La gente está invadiendo hasta donde las casas no están terminadas, donde sólo hay columnas y no hay techo, y la gente ahí está viviendo, entonces no podemos estar en el año 2017 con estos problemas, no sabemos ni de quién son esas propiedades. El problema de la invasión es tan grande, y es un tema que estamos viendo en todo Sonora”, afirmó Laura Núñez.

Además, refirió, los líderes de las invasiones ya tienen otras denuncias penales en su contra en otros municipios de Sonora, como Puerto Peñasco, en donde también promovieron la invasión de vivienda y hacen negocio con ello.

“Sabemos que son las mismas personas y cobran mensualmente según para fondearse y seguir operando pero la verdad es que las cantidades, que son de 500 o 600 pesos por mes, es mucho dinero por todas las 600 casas invadidas, entonces no podemos seguir permitiendo eso como municipio”, anotó la funcionaria.

Bajo esa premisa, mencionó, el Ayuntamiento trabaja tanto en el tema legal como también en buscar la mejor manera de proteger a la ciudadanía e inclusive apoyar a las personas a que adquieran una vivienda por la vía legal para lo que se están analizando diferentes esquemas.

Principalmente porque en muchos casos las personas que invaden las viviendas lo hacen por desconocimiento de la ley o sin una mala intención con el fin de contar con un patrimonio, a pesar de que otras más lo hacen con dolo y ni siquiera tienen la necesidad de vivienda sino que solamente están acaparando espacios, dijo.

Núñez Sepúlveda consideró que lo más importante es informar a la gente acerca de las consecuencias que puede atraerles el invadir una vivienda y advertirles que no confíen ni paguen cualquier cantidad de dinero a personas con documentos apócrifos, es decir, sin firmas y sellos y que se asesoren con algún abogado o directamente con el Ayuntamiento o el Infonavit.

El problema muchas veces es que las personas temen acercarse a las autoridades por temor a represalias y por la apatía generalizada que hoy en día tiene la ciudadanía hacia el gobierno, comentó.

A su vez, subrayó, es necesario recalcar la importancia de que las personas interpongan las denuncias correspondientes al ser víctimas o testigos de estas situaciones pues en el exigir derechos también van responsabilidades civiles.

“Ahorita estamos batallando un poco para acercarnos a la gente por ese sentimiento muy nato de toda la ciudadanía en los temas de gobierno, obviamente se vale que los cuestionemos, se vale que investiguemos, pero también se vale que participemos”, expresó.

Asimismo, apuntó que los ciudadanos deben tener en cuenta que para la regularización de viviendas por el Ayuntamiento no hay intermediarios por lo que no tienen por qué pagar a terceras personas.

“Debemos recordar también que muchas viviendas de las que están siendo invadidas tienen un propietario y este puede iniciar un procedimiento penal en contra de quienes estén invadiendo por el delito de despojo, u otro por la vía civil por desalojo; hay que recordar que por el delito de despojo hay una penalidad, es importante que toda la gente tenga esta información”, aseveró.

Al concluir, la Síndico Municipal recordó que hace unas semanas el Ayuntamiento firmó un convenio con Infonavit para adquirir viviendas mediante el programa “Venta de gobierno”, con el que se adquieren viviendas en abandono o vandalizadas a bajo costo para otorgarlas tanto a derechohabientes de Infonavit como a quienes trabajan en el comercio informal y no acceden a programas que les permitan acceder a un crédito para una casa.

Por el momento, ya se cuentan con tres de estas viviendas para en el futuro manejar esquemas accesibles para que los ciudadanos que así lo desean puedan adquirir su vivienda con un anticipo moderado y créditos que calcule la Inmobiliaria Municipal con base en su presupuesto. @