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Quitar financiamiento a partidos sólo le conviene al PRI: Marcos Pérez

Además de lucrar con la tragedia del S-19, la maquinaria priísta aprovecha para plantear la posibilidad de que los partidos renuncien al financiamiento público con el fin de aplastar a los adversarios políticos desde diferentes frentes y, posiblemente, financiar sus campañas sin transparencia en el próximo proceso electoral.

 

Bibiana García Garza

 

A partir del sismo del 19 de Septiembre en la Ciudad de México, la demanda ciudadana para que los partidos políticos donen al menos el 50 por ciento del financiamiento público que reciben para ayudar a las víctimas escaló de manera impresionante hasta llegar a los más de millón y medio de peticiones en Change.org.

La petición firmada por un millón 596 mil 020 simpatizantes expone como argumento que este año el INE asignó el mayor presupuesto de la historia para financiar a los partidos políticos para las elecciones del 2018, es decir, 6 mil 788 millones 900 mil 016 pesos, sólo de recursos federales.

Los partidos reaccionaron de inmediato y luego de que el INE accedió a que éstos renunciaran a un determinado porcentaje de su financiamiento correspondiente, de manera separada han estructurado mecanismos para entregar sus donativos.

El PRI de inmediato se adelantó a renunciar al cien por ciento de sus prerrogativas correspondientes a lo que resta del presente año (258 millones de pesos, 25 por ciento de la percepción anual) para entregarlos a los damnificados de los sismos tanto del 07 como del 19 de septiembre.

Esta acción acompañada del reproche del dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, a los demás partidos políticos para que hicieran lo propio pues, acotó, “… si todos los institutos aportaran el 25 por ciento de su financiamiento anual de 2017, lograríamos, juntos, un apoyo inmediato de casi 1000 millones de pesos para quienes lo necesitan más”.

El PAN, por su parte, ha acumulado 50 millones de pesos en una cuenta en Bancomer para un fideicomiso que tiene como meta reunir 200 millones de pesos y destinarlos a los damnificados.

El dirigente de Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, reconoció que el esfuerzo que se hace es “doloroso” y anunció que representa recortes de hasta un 50 por ciento en el gasto de plazas y 90 por ciento en gastos de honorarios, esto mientras que el dirigente priísta aseguró que la burocracia de su partido no tiene de qué preocuparse.

En tanto, en los últimos días se han externado las quejas por parte de la burocracia panista con hasta 15 años de antigüedad debido a que, según han denunciado, la dirigencia nacional tomó una repentina decisión de despedirlos, además de otras irregularidades en el proceso de aplicar el programa de austeridad.

Esto porque, aseguran, se les aplican recortes de salario de hasta el 50 por ciento y, en caso de no estar de acuerdo, se les enfrenta a la posibilidad de ser liquidados poniéndolos entre la espada y la pared: o se quedan, o renuncian.

En medio, prevalece el debate en cuanto a si los partidos deben o no renunciar a la totalidad del financiamiento público, lo que para muchos representaría un suicidio no sólo para la sustentabilidad de los partidos, sino sobre todo, para la democracia.

“El PRI quiere llevar agua para su molino”

En torno a esta situación que se ha desatado a nivel nacional y sin duda repercutirá en las próximas elecciones de 2018, el ex diputado federal y ex tesorero nacional del PAN, Marcos Pérez Esquer, consideró que el PRI sólo intenta beneficiarse sin considerar las graves implicaciones que tendría eliminar el financiamiento.

“Desde luego que el PRI está tratando de llevar agua a su molino con este asunto y a nosotros nos parece muy lamentable porque es lucrar con la tragedia al final del día, es tratar de sacar alguna raja política a partir del dolor de la gente”, anotó.

Como lo había establecido en su columna “Sin frenos” la semana pasada, refrendó que el PRI-gobierno es quien se vería beneficiado con la eliminación del financiamiento público pues eso contribuiría a la inequidad electoral y a quienes, como el PRI, financian sus campañas como modelo de negocio.

Con ese “dinero ilegal” los priístas no tendrían problemas en aplastar a cualquier rival electoral, añade.

Esto sin mencionar, por otra parte, las implicaciones administrativas que ya se están experimentando en la estructura de partidos de oposición como es el caso el PAN, en donde se tendrían que cerrar oficinas, recortarse nóminas y subsanar muchos gastos.

“Esto ya empezó a suceder en los partidos como en el PAN, ya hay gente que ya ha dejado de laborar con el partido y oficinas que ya empezaron con problemas, programas completos que se han cancelado, entonces, pues sí, se tendrían efectos adversos”, aseveró.

Como problema de fondo, señaló, se generaría un empoderamiento de los poderes fácticos y económicos del país para que manden en las decisiones del sistema político “mucho más de lo que ya lo hacen”.

“Ahora el que pague las campañas pues tendrá derecho a pedir que el candidato sea tal o cual, o que tal agenda legislativa sea de una manera u otra, creo que le estaríamos dando mucho poder, más poder del que ya tienen, a los ricos, y eso a la postre se convierte en mayor desigualdad porque las decisiones se empezarían a tomar en beneficio de ese sector y no en general”, explicó.

Lo cierto, admitió, es que el financiamiento que reciben los partidos actualmente sí debería de reducirse porque es muy alto, sin embargo, no debe eliminarse.

Es necesario que exista pues esto garantiza la independencia de los partidos respecto de los poderes fácticos, argumentó, sobre todo de los empresarios e inclusive del crimen organizado que, a falta de financiamiento público, serían los principales interesados en pagar las campañas y, por lo tanto, de cobrar favores después.

“Justamente para eso es el financiamiento público, para que los candidatos y los propios partidos sean independientes para tomar sus decisiones en favor del interés general y no del interés personal de alguien que pagó la campaña”, asentó Pérez Esquer.

Son decisiones, además, que no deberían tomarse ni debatirse en un momento de penuria como el que se vive por la tragedia de los sismos sino en un momento de serenidad.

“Nunca es buena consejera la penuria, la tristeza, un momento de dolor no es un buen momento para tomar decisiones tan importantes para el futuro de la democracia del país”, apuntó.

Por otro lado, mencionó que ya se han presentado iniciativas para reformar la Constitución y eliminar el financiamiento en su totalidad, lo que tendría que decidir el Congreso de la Unión el próximo año al iniciar su periodo de sesiones.

Sin embargo, opinó, no sería prudente hacer una reforma electoral en medio de un proceso electoral porque la propia Constitución lo prohíbe por lo que jurídicamente se generaría otro debate.

“Aun suponiendo que se reforme la Constitución en el próximo periodo de sesiones va a quedar en duda si esta reforma es válida, al final del día la Suprema Corte tendría que decidir sobre el particular, entonces no está nada claro el panorama de lo que pueda suceder en los próximos meses al respecto”, agregó.

Lo más seguro, advirtió, es que se puede dar un gran acuerdo político para reducir o eliminar el financiamiento público para partidos, no obstante, va a quedar entredicho desde el punto de vista jurídico.

Otras alternativas más viables

En lo que respecta a ayudar a los damnificados por los sismos y reconstruir los edificios que sufrieron daños o colapsaron por el mismo, el político panista consideró que son problemas que se pueden resolver con la creación de un fideicomiso cuyos recursos provengan de otras fuentes de financiamiento mucho más grandes y que se podrían entregar de manera más inmediata.

A pesar de que una de esas fuentes podría ser una parte del financiamiento público que reciben los partidos, reconoció, no necesaria o únicamente se tendría que depender de eso sino de dinero, por ejemplo, del presupuesto de ingresos de la federación.

“Simplemente con los ingresos excedentes que tiene la Secretaría de Hacienda para los siguientes tres meses son alrededor de 85 mil millones de pesos, tomando en cuenta que se requieren 39 mil para atender la tragedia, sólo con eso bastaría para llevar a cabo el proyecto hasta dos veces”, asegura.

También resaltó que hay muchos otros rubros y partidas del presupuesto de todos los poderes y órganos del estado de los que se podría echar mano para la reconstrucción y apoyo a los damnificados como eliminar seguros de gastos médicos, gastos de celulares, choferes y otros.

“Hay muchas cosas que se pueden hacer y aportan mucho más dinero que el que se le da a los partidos políticos”, reiteró.

Es por eso que a su parecer no se está enfocando bien la discusión, dijo, porque hay otras alternativas en las que, además, ni siquiera habría necesidad de entrar a reformas legales ni mucho menos constitucionales sino que están ya ahí, a la mano para atender rápidamente las necesidades.

En cuanto al sentir ciudadano de enfado y hartazgo hacia la clase política, admitió que es comprensible ese enojo y que en buena medida la clase política se merece ese reproche.

No obstante, aclaró que en lo que respecta al financiamiento es obligación de los mismos políticos explicar a la ciudadanía la necesidad real que se tiene de esa figura con claridad y, principalmente, por qué es peligroso para los mexicanos que desaparezca.

“Si no se le explica a la gente, o si no lo entiende la gente, pues claro que le va a parecer inadecuado que le den recursos de sus impuestos a los partidos si no saben ni qué se hace con ese dinero o por qué es importante”, comentó.

En ese sentido, recordó que esos recursos siempre han sido transparentados por el INE que publica contrario a lo que ocurriría si el financiamiento para los partidos deja de ser público para convertirse en privado, lo que es precisamente, concluyó, lo que hay que explicarle a la ciudadanía. @

 

 

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