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La clave de la información

Finaliza un año de terror para el periodismo mexicano

*A unos días de dar la vuelta a la página rumbo a un nuevo año que promete fuertes ajetreos por el proceso electoral que se avecina, el 2017 cierra con cifras vergonzosas, superando inclusive a naciones en guerra como Siria, una situación que además se acentúa con otros constantes ataques a la libertad de expresión como el espionaje y el pago selectivo de publicidad oficial

Bibiana García Garza

Las plumas de doce periodistas fueron silenciadas con la muerte este año en México, cantidad que se suma a las de los desaparecidos y atentados contra medios de comunicación de 2017, lo que a su vez se abona a la lista de muertos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Hasta mayo del 2017 la cuenta de periodistas asesinados se elevó a 105 desde el año 2000, de esos un total de 48 corresponden a la administración de Felipe Calderón y 36 al gobierno actual, contando los últimos cuatro de julio a diciembre.

Fue desde el primer semestre del año en que la violencia contra los periodistas mexicanos se agudizó con 276 agresiones, entre ellas seis asesinatos, un 23 por ciento más que en el mismo periodo de 2016, sostiene la organización internacional en defensa de la libertad de expresión “Artículo 19”.

En ese mismo periodo también se registraron 67 intimidaciones, 60 amenazas y 56 ataques físicos o materiales, lo que representa un promedio aproximado de hasta 1.5 agresiones diarias.

Del 2005 hasta octubre de 2017 son 20 los periodistas que se encuentran desaparecidos, y desde el 2006 se cuentan ya 52 atentados contra medios de comunicación, sostienen estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

*La impunidad los vuelve a matar

Si bien los homicidios más sonados este año fueron los de Miroslava Breach en Chihuahua y Javier Valdéz Cárdenas en Sinaloa, todos los casos han generado indignación tanto fuera del gremio como de adentro, desde donde han surgido enérgicas protestas y manifestaciones para exigir al gobierno que se haga justicia respecto a estos crímenes y contra la impunidad.

Ese clamor también se vierte contra la ola de violencia que sigue creciendo a pasos agigantados en el país a causa de diferentes grupos del crimen organizado que han estado involucrados, de una manera u otra, en muchos de los casos de asesinatos a periodistas.

Encima de todo, la gran mayoría de los crímenes contra periodistas quedan impunes, según lo admite la décima edición anual del Índice Global de la Impunidad, elaborado este año por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Hoy en día, México tiene el sexto lugar de impunidad por crímenes cometidos contra periodistas pues el 90 por ciento de los casos simplemente no se resuelven.

San Luis Río Colorado lo sabe muy bien al seguir esperando, desde 1997, el esclarecimiento e impartición de justicia en el caso del periodista Benjamín Flores González, fundador de La Prensa.

De 197 averiguaciones iniciadas en el año 2000 para investigar 126 periodistas asesinados, 20 desapariciones y 51 atentados contra medios, sólo en 17 de ellas se ha dictado sentencia, es decir, en 180 investigaciones todavía no hay esclarecimiento de hechos ni tampoco identificación de posibles responsables, ni motivos, ni causas.

El tema ha sido retomado por la agencia francesa AFP, que asegura que el 99.7 por ciento de los atentados a periodistas siguen impunes a pesar de la reciente creación de la “Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión” para atender los ataques.

La situación además ha llevado a México a colocarse en el sexto lugar de impunidad contra periodistas a nivel mundial.

Inclusive, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) afirma que en países como Filipinas, México, Brasil, Rusia e India, que se presentan como democracias, aparecen reiteradamente en el índice de lugares con más muertes de periodistas y en donde además están coludidos funcionarios gubernamentales y grupos criminales.

La impunidad, además, casi garantiza que la problemática se agrave pues así como no hay respuesta en torno a las investigaciones de los homicidios de este año, tampoco los hay de los registrados el año pasado como el de Pedro Tamayo.

El comité para la Protección de Periodistas estima que aún no se ha hecho justicia por el homicidio de 35 de los 43 periodistas que estiman, han sido asesinados en el país desde 1992.

*Los casos

El gremio periodístico enlutó este 2017 desde el pasado 02 de marzo con el asesinato de Cecilio Pineda Brito, director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal quien cubría en Guerrero la fuente policíaca.

Unos días antes Cecilio Pinedo publicó desde su cuenta personal de Facebook un video en el que hablaba de la relación del gobierno de Héctor Astudillo Flores con el grupo delictivo “Los Tequileros”, liderado por Raybel Jacobo de Almonte; hasta la fecha no hay acusados.

Apenas unos días después se dio a conocer del asesinato de Ricardo Monlui Cabrera en el municipio de Yanga, Veracruz.

Era director del periódico El Político y presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región, también jefe de prensa de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar.

En una de sus columnas escritas antes de ser ejecutado publicó que el tema en torno a la industria azucarera y los intereses económicos en la zona han llevado a varios enfrentamientos violentos pero más allá de eso n o se sabe nada.

Al cierre del mes de marzo, el día 23 fue asesinada Miroslava Breach Velducea en Chihuahua, cuyo caso sigue bajo investigación.

Precisamente esta semana se inició la audiencia contra el presunto autor intelectual de su muerte en donde se han revelado mensajes y amenazas que recibió la periodista por sus reportajes sobre candidaturas que involucraron a partidos políticos con la delincuencia organizada en municipios de la sierra de Chihuahua.

Miroslava fue una periodista definida por muchos en el gremio como “incómoda” por sus publicaciones que continuamente hablaban sobre corrupción, política, violación de derechos humanos, agresiones a comunidades indígenas y la narco-guerra.

Se sabe que Juan Carlos M.O., alias el “Larry”, supuestamente ordenó darle muerte a la reportera, por lo que fue detenido el pasado 25 de diciembre en Sonora.

Para el mes de abril se registraron otros dos asesinatos, el día 14 el de Maximino Rodríguez en La Paz, Baja California Sur, quien trabajaba para un portal de denuncia ciudadana, y el día 29 le dieron muerte al locutor de radio, Filiberto Álvarez en Tlaquiltenago, Morelos.

La estela de sangre siguió su recorrido hasta Culiacán, Sinaloa, con el asesinato de Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario local RíoDoce y corresponsal de la Jornada, quien además publicó el libro “Narcoperiodismo” en septiembre del 2016 en el que narra precisamente las historias de periodistas víctimas del crimen organizado.3

Su muerte avivó las protestas a nivel nacional para clamar por justicia, sin embargo, hasta la fecha no hay acusados en su caso como tampoco los hay en el crimen del reportero del diario El Costeño, Jonathan Rodríguez, quien fue asesinado el mismo día que Javier Valdez en Jalisco al ser emboscado por cinco sujetos armados.

El 26 de junio se anunció también el hallazgo de los restos calcinados del periodista, Salvador Adame, director de Canal 6tv en Nueva Italia, Michoacán, quien había desaparecido desde hacía más de un mes.

El director de la revista Dictamen y conductor de noticieros, Luciano Rivera, fue asesinado el 31 de julio en un bar de playas de Rosarito, Baja California y el 22 de agosto Cándido Ríos, periodista asesinado en Veracruz, aún bajo la protección del gobierno federal a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Edgar Esqueda fue una de las últimas víctimas del juego mortal; fue un fotoperiodista que colaboraba en varios portales digitales como Metrópoli SLP y VoxPopuliSLP y que fue reportado desaparecido el día 05 de octubre, aunque las autoridades localizaron su cuerpo un día después cerca del aeropuerto de San Luis Potosí.

Para cerrar, otra vez en Veracruz, el reportero Gumaro Pérez fue asesinado en las inmediaciones de una escuela primaria frente a su hijo apenas el pasado 19 de diciembre luego de haber recibido, dicen, amenazas de muerte desde 2012, aunque hay quienes aseguran que su ejecución no estuvo realmente relacionada a su trabajo periodístico en el portal de noticias “La voz del Sur”.

*México a la par de Siria, más espionaje y publicidad oficial

Ante la delicada situación, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) declaró que la presencia de los cárteles del narcotráfico y la corrupción de los políticos son temas que hacen a muchos periodistas blanco de amenazas, agresiones o asesinatos.

Con esto, México actualmente es el segundo país más mortífero en el mundo para ejercer el periodismo sólo después de Siria, y por encima de Afganistán y Filipinas, lo que denota una peligrosa crisis de libertad de expresión precisamente cuando se abordan los temas antes mencionados.

Además de las muertes, las amenazas, las desapariciones y las intimidaciones, este año también salió a la luz que algunos de los periodistas más críticos del gobierno o que han destapado casos muy sonados durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fueron espiados por un spyware llamado Pegasus con el que es posible intervenir teléfonos celulares.

El programa tiene la capacidad de prender a distancia la cámara y el micrófono, así como revisar todos los contactos e información contenida en el móvil, mensajes y fotografías incluidos.

Varias organizaciones civiles denunciaron al gobierno mexicano al que acusan de haber espiado con este software -desarrollado por una empresa israelí- tanto a comunicadores como a activistas mexicanos, entre estos la influyente periodista, Carmen Aristegui, y a abogados que investigan la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, entre muchos otros.

A estas amenazas a la libertad de expresión se suma el control que, según se ha empezado a denunciar con mayor fuerza en las últimas semanas, el gobierno sobre los medios a través de la publicidad oficial.

De acuerdo a relatores especiales de la ONU, la publicidad oficial debe ser regulada y transparentada para no utilizarse con fines políticos, con lo que es posible influir en la línea editorial e interferir en la independencia y libertad para hacer periodismo.

Y es que, afirma, se ha percibido un notable sesgo para restringir la publicidad oficial especialmente a los medios más críticos mientras que para otros medios se entregan cifras mayores.

Actualmente, las sumas dedicadas al apartado de publicidad oficial en México son de las más elevadas a nivel mundial; en lo que va del sexenio, el presupuesto para publicidad oficial está alcanzando más de 37 mil millones de pesos, gasto que se hace con poca transparencia y del que siempre Televisa y TV Azteca son las empresas más beneficiadas.

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