Lamenta Reina uso electoral de Unipaf contra ex funcionarios de Padrés

La reciente creación de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera con la que el Estado amenaza con recuperar bienes sustraídos ilegalmente por servidores públicos, empezando por los de la administración Padrés es una iniciativa plausible, sostiene el alcalde Enrique Reina aunque, pero advierte, “no son las formas” en plena temporada electoral.

 

Bibiana García Garza

 

SAN LUIS RIO COLORADO.- Al instaurar la nueva Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General de Justicia de Sonora para ir tras los bienes obtenidos de forma ilegal por funcionarios públicos, el Gobierno del Estado presentó inmuebles que podrían ser recuperados y son producto de investigaciones a funcionarios de la pasada administración.

En el evento encabezado por la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, el Fiscal General del Estado, Rodolfo Montes de Oca presentó varios de esos bienes que podrían recuperarse a través de la Ley de Extinción de Dominio y de la mano de Unipaf.

Señaló que hasta ahora la suma de esos ranchos, casas y terrenos asegurados en investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) hacia funcionarios del sexenio de Guillermo Padrés ascienden a más de 561 millones de pesos.

Y es que en vista de cómo han entorpecido la procuración de justicia los amparos promovidos ante jueces federales por parte de las personas investigadas, explicó, es que se buscaron nuevos instrumentos para dar respuesta.

De ahí la importancia de la creación de un instrumento con el que la Fiscalía Anticorrupción pueda ejercer justicia a través de la Ley de Extinción de Dominio, externó, también de la mano del nuevo sistema de justicia penal que ofrece como una de sus ventajas la reparación del daño.

“Esta unidad es una válvula de escape para los ciudadanos hartos de la corrupción, y frustración (…) porque no pasaba nada, o medio pasaba, ahora sí va a pasar, como dijimos al entrar a esta administración, nadie va a disfrutar de lo que ilegalmente le arrebataron a los sonorenses”, declaró la mandataria.

En tanto, Montes de Oca también dio a conocer en medios nacionales que entre las propiedades que el estado busca expropiar se encuentran el Rancho Pozo Nuevo de Bacanuchi, Arizpe, valuado en 165 millones de pesos y que está relacionado a la presa que empezó a construir  Padrés y luego hizo desaparecer.

Otra de las propiedades son El Derrumbadero, también localizado en Arizpe, con un valor estimado de 87 millones de pesos, y la Hacienda Rústica Caballerizas en el ejido San Pedro de Hermosillo, Sonora, valuada en 39 millones de pesos.

Lo mismo con la Hacienda Turística Temporal ubicada en el ejido Victoria de Hermosillo y valuada en 37 millones de pesos, propiedad del ex secretario de gobierno, Roberto Romero, quien actualmente se encuentra preso.

Otros panistas en la mira son Mónica Paola Robles, ex diputada y esposa de Romero, a quien le interpondrán juicio de extinción de dominio por una casa habitación en Hermosillo valuada en un millón 825 mil pesos, un predio rural en la carretera estatal 362 de Navojoa a Huatabampo, valuada en 12 millones de pesos, y una vivienda en Navojoa con valor de 820 mil pesos.

A la lista se suma el ex secretario de Hacienda, Carlos Villalobos, a quien se le buscará expropiar 5 inmuebles cuyos valores en suma alcanzan los 54 millones de pesos, y Juan Bautista Durazo, ex dirigente estatal del PAN, a quien se le interpondrá el juicio por un predio urbano en paseo Río Sonora de Hermosillo con un valor de 4 millones 410 mil pesos.

Dedicatorias restan credibilidad, dice el alcalde

Acerca del tema se refirió el presidente municipal, Enrique Reina Lizárraga, quien consideró que cuando más se legitiman las instituciones es cuando son creadas para que actúen con independencia, pero cuando se crean y luego se empiezan a marcar ciertos objetivos, pasa lo contrario.

“Cuando las creas (las instituciones), y luego empiezas a marcar, como lo hicieron, de algunos ex funcionarios, se pierde la credibilidad de las instituciones y para lo cual deben ser creadas. La gran debilidad que tiene este país es la falta de credibilidad en las instituciones, y por eso el tema de mocharle las manos al que roba, la verdad se pierde la seriedad”, anotó.

Esto no quiere decir, aclaró, que no considere que se trata de una buena iniciativa que debe de funcionar correctamente.

“Esta es una muy buena iniciativa, es una muy buena institución que debe de funcionar, pero si no hubieran agregado los temas que para quitarles esto y esto y esto, porque el Ejecutivo no es quien juzga”, asentó.

La función del ejecutivo, añadió, es crear la institución con la finalidad de que funcione pero no para que juzgue y ordene qué es lo que se tiene que hacer.

“Pierde la función de ser cuando lo diriges así porque, uno: lo aprovecharon electoralmente, y dos: se va perdiendo credibilidad porque el ejecutivo empieza a juzgar cuando eso le toca al poder judicial”, puntualizó.

Si la administración estatal actual ya tiene casi tres años y apenas hasta ahora instalan esta Unidad Especializada, subrayó, pareciera que tiene algún fin electoral.

“Tienen tres años y en tres años no lo habían instalado, lo instalan hasta ahorita cuando están en el proceso electoral, claro que se le ve el tinte político cuando las instituciones tienen que nacer para que funcionen y no para que funcionen a como diga el ejecutivo”, lamentó.

Es precisamente por eso, comentó, que la misma ciudadanía está cansada y no cree en las instituciones, a la vez que presentan iniciativas como la del contralor ciudadano, o que muchos piden que se le corten las manos a los corruptos.

“Es correcta la institución, es buena, tiene su fin y debe ser, pero como nace y la promoción que le hace el ejecutivo hace que parezca que es electorero el tema, y más en estas fechas cuando tuviste casi tres años para poderla instalar y la instalas en este momento, no es lo correcto”, puntualizó.

No se respeta la veda electoral

Además, Reina Lizárraga recordó que la ley prohíbe muchos actos que se puedan hacer durante estos meses de veda electoral “para que no sea ni parezca”, y este es uno de esos casos, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que se está incumpliendo con la veda electoral por el tipo de promoción que se hizo al presentar la creación de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera.

“Si hubieran creado la institución sin hacer ningún otro ruido, según yo, no incumples con la veda, pero cuando le pones los demás motes ya incumples porque lo tienes muy dirigido, habría que revisar si alguna institución política toma cartas en el asunto”, declaró.

En torno a ello habría que revisar, agregó, qué decisión podrían tomar las instituciones políticas al respecto. @