Jaime Bonilla, peleado con todos y perdiendo poder

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Entre más se acerque el proceso electoral, más notoria será la pérdida de poder político del gobernador, Jaime Bonilla Valdez, su enemistad con los alcaldes de Tecate y Tijuana es más que evidente, además de que en el Congreso del Estado existe una fisura de 3 legisladores que dejaron de ser incondicionales al mandatario estatal. Además, su amistad con el presidente López Obrador se encuentra fracturada por sus actos de “rebeldía”.

Cristian Torres Cruz

MEXICALI.- Cada vez son más sectores quienes demuestran su descontento en referencia al accionar del gobernador, Jaime Bonilla Valdez, terco al estilo Andrés Manuel López Obrador, aparentemente ya mantiene un distanciamiento con la federación.

El mandatario estatal ha querido hacer mediante decretos su voluntad y es obvia la falta de apoyo del Ejecutivo nacional.

Tan solo en el tema de los llamados autos “chocolate” en donde parece no avanzar el tema debido a la reticencia del gobierno “del cambio” y la falta de interés de la federación; otro problema en donde se vio la falta de apoyo fue en la toma de la caseta de cobro en la carretera de Playas de Tijuana en donde la federación utilizó la fuerza pública para retomar el control del puente de peaje.

Tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para mediar entre el gobierno de López Obrador y Bonilla quien suspendió contra todos los efectos, el decreto emitido por el gobernador para cancelar el cobra de la caseta de cobro.

De igual manera, en diciembre del 2019, Pemex se amparó en contra del “gasolinazo” que intentó propinar Jaime Bonilla Valdez al implementar un nuevo impuesto a la gasolina.

Para el gobernador, el desgaste primero por la llamada “Ley Bonilla” y luego la “Ley Bonilla 2” le ganó a nivel nacional el descontento de Morena y tal parece que cayó de la gracia del presidente de la República.

Incluso hace unas semanas, Jaime Bonilla inició una campaña para señalar la falta de energía eléctrica que era necesaria en Baja California y que por tal motivo necesitaría realizar medidas extraordinarias, incluso apagar el acueducto por falta del suministro eléctrico.

Ante esto, Luis Bravo, Coordinador de Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) envió un extenso comunicado en donde contradecía las declaraciones del mandatario estatal.

“Es importante mencionar el apoyo incondicional que la CFE siempre ha otorgado al Gobierno del estado de Baja California”, manifestó el vocero de la paraestatal.

En el comunicado expuso  que la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Baja California cuenta con seis centros de carga que proveen energía eléctrica al acueducto Río Colorado-Tijuana, cuya función consiste en abastecer de agua proveniente del Río Colorado a los municipios de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito a través del Acueducto Flujo Inverso.

La energía eléctrica requerida para su operación fue contratada con el Suministrador Calificado, Suministro Sustentable de Energía en México (SUMEX), el primer suministrador y servicio que se habilitó en el Mercado Eléctrico Mayorista para su operación de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

La actual administración del Gobierno estatal decidió terminar de manera anticipada el contrato de suministro eléctrico y fue la CFE a través de la subsidiaria CFE SSB quien, como “usuario de último recurso”, proporcionó en dos ocasiones el suministro de energía al Acueducto para que continuara su operación y que el líquido llegara a los habitantes del Estado con lo que se evitó escasez y descontento social.

“De acuerdo con la LIE, los suministros de último recurso deben de ser liquidados dentro de los primeros días después de haberse notificado. Sin embargo, con afán colaborativo en ambas ocasiones y en apoyo a los habitantes de este Estado, los pagos por el consumo de este servicio se retrasaron debido a la falta de liquidez del CEA. Aunque esto afecta las finanzas de la CFE, no se ha suspendido el suministro de electricidad por tratarse de un servicio que afecta a la ciudadanía”, exponen.

Técnicamente la escasez de energía que el gobernador anunció sería una simulación muy parecida a la que realizó el ex gobernador, Francisco Vega de Lamadrid cuando intentó instalar dos plantas desaladoras en una región en donde el agua se encuentra asegurada debido a los tratados internacionales que México sostiene con Estados Unidos.

El plan de Bonilla aparentemente era dejar sin el vital líquido a toda la Zona Costa con el fin de justificar una nueva planta eléctrica privada que suministre de energía al acueducto y con ello colgarse la medalla de héroe ante los bajacalifornianos.

Sin embargo, la generación de energía es una obligación del Ejecutivo Federal, por ello la intromisión de un gobierno estatal es más que sospechosa, y más cuando la misma CFE advirtió que fue Bonilla quien canceló el contrato de suministro eléctrico.

Todo parece indicar que en la federación, el gobernador perdió la entrañable amistad con el presidente de México, en Baja California, también perdió la amistad de los alcaldes de Tecate y Tijuana.

Primero Bonilla atacó a la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams quien tuvo que presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias por amenazas y acoso del gobernador del estado, Jaime Bonilla y su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

El quiebre fue por la falta de apoyo de la denominada Ley Bonilla 2 la cual buscaba reducir el periodo del próximo gobernador a los 3 años.

Ante la negativa de la alcaldesa, afirmó que fue requerida por Issstecali para el pago inmediato de una deuda histórica por 900 millones de pesos y la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el tema del COVID-19.

A esto se le suma la nueva enemistad con el alcalde de Tijuana, luego de que el 22 de agosto, el gobernador acusara a Arturo González Cruz de descuidar su trabajo por andar en campaña rumbo a la gubernatura.

Las declaraciones subieron de tono ya que en uno de sus programas, el youtuber más caro de Baja California acusó al alcalde de ser un “maniaco depresivo”, utilizando a su Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, como alfil para atacarlo.

Finalmente, el 25 de agosto, el acalde respondió mediante un video en donde acusó al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, así como al gobierno de Baja California de “amenazas”.

El mandatario municipal indicó que el lunes 24, el subsecretario Peralta le indicó que “con tono de amenaza me advirtió que existía una investigación contra mi secretario por la venta de un decomiso, dejando en claro que el supuesto dinero de esa venta se iba a utilizar para mi campaña. Ni estoy en campaña, ni hubo tal decomiso. Es falso, lo niego”, aseveró.

La novela continuó ya que Bonilla volvió a atacar al alcalde tijuanense, en sus trasmisiones en Facebook, el gobernador aprovechó para enviar un mensaje y ponerle más leña al fuego.

“No puedes comprar la candidatura. Va un mensaje en lo general. Para que no se sienta aludido el presidente municipal”, indicó el mandatario.

Frente empresarial

Con el SATBC Bonilla abrió otro frente, el de los empresarios, los Presidentes de los Organismos cúpula en Baja California, Gabriel Camarena Salinas, Rodrigo Llantada, Carlos Ibarra, Rafael Crosthwaite, los Presidentes de los Colegios de Contadores Públicos del Estado, Mario Zavala, Presidente Regional y Francisco Garate, Presidente en Tijuana, así como la representante de atención al Contribuyente del SAT, Lizbeth Lozano se expusieron las opiniones del sector empresarial en relación a la creación de la figura del SAT en B.C.

Llantada Ávila, precisó que el sector empresarial no juzga ni pone en tela de juicio la nobleza de la figura del SAT estatal, pero sí preocupa que se pueda convertir en una herramienta de control,  como de manera sistemática se ha visto con la licencia sanitaria, la Ley de movilidad a  transportistas, impuesto sobre nómina y la penalización en caso de incumplimientos.

Por otro lado,  se recortó en 75% el presupuesto para la PRODECON, organismo al que se acude en caso de que el contribuyente necesite de apoyo, lo que representa un duro golpe para quienes tienen derechos tributarios, este problema va a dejar sin juicios gratuitos, es decir, deja indefensos a los pequeños y medianos empresarios, por lo que se convoca a las autoridades con el propósito de ser equitativos, que se genere una unidad de defensa a nivel estatal, ya que este organismo actúa como un tercero en el caso de tener la necesidad de dirimir alguna situación.

De igual manera Adolfo Solís, fiscalista y asesor legal, mencionó las bondades que pudiera tener una unidad “espejo” sin embargo también señaló un mal manejo de la identidad del contribuyente, de hostigamiento y falta de secrecía en la información.  @

Humberto Melgoza Vega
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