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Preparan acción legal contra invasores

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Para poner un punto final a los estafadores que desde hace algunos meses se han dedicado a promover la invasión de viviendas con el fin de lucrar con la necesidad  de la gente, la diputada Lina Acosta anunció que gestionará reuniones con Infonavit y otras instituciones de gobierno y de impartición de justicia que podrían tomar acciones legales contra quien corresponda

Bibiana García Garza

Luego de que el pasado viernes 09 de octubre varios promotores inmobiliarios afectados por las invasiones a sus viviendas sostuvieran una reunión con la diputada local, Lina Acosta Cid, se acordó que finalmente se tomarán cartas en un problema social que amenaza con crecer si no se hace algo al respecto.

Como se recordará, desde hace varios meses surgieron en la ciudad personas que, sin ampararse bajo ninguna ley, prometen patrimonios a familias sanluisinas en necesidad y les conminan a ocupar los inmuebles, asignando las viviendas como si tuvieran el poder legal de disponer de las mismas.

A medida que pasan los días, la problemática social y económico se extiende de manera exponencial y afecta ya a ocho empresas inmobiliarias: Crédito Icasa, Su casita, Crédito Inmobiliario, Crece Promociones Inmobiliarias, Metro Financiera, Casa Express, y Alianza Home SAPI, así como a la San Gerardo del Río Colorado, de Puerto Peñasco.

En total, se han invadido ya 380 viviendas, 55 de éstas de Peñasco, y en la mayoría de las ocasiones los invasores han recurrido a las intimidaciones y a la violencia para con los Promotores Inmobiliarios que son en realidad los dueños de las viviendas.

Para colmo, denuncian los promotores, resulta casi imposible desalojar a las personas que los invaden porque siempre vuelven, y la Policía Municipal no tiene la competencia para solucionar el asunto de fondo, además de que ni CFE ni el Oomapas niegan la contratación de los servicios a los invasores.

Sin embargo, coinciden los promotores afectados, quienes al final salen perdiendo son las personas que invaden porque fueron estafadas por una persona que les hizo creer que podrán adquirir un patrimonio de esa manera, y todos los arreglos y remodelaciones que puedan hacer en el inmueble no son más que dinero ´tirado a la basura´.

Hartos de la situación, expusieron el caso a la diputada Lina Acosta, quien aunque en un principio intentaba responder a una demanda hecha por el propio César del Pardo, pronto se dio cuenta de que él era precisamente una de las personas que los promotores inmobiliarios señalaban de promover las invasiones en la región.

Y es que Del Pardo es uno de los principales líderes de la agrupación denominada “Vivienda Popular” quienes, por cierto, aseguran que su intención es ayudar a la gente en la adquisición de una vivienda y regularizarse, o adquirir un crédito y no promover la invasión.

Inclusive, los integrantes de dicha agrupación increparon a la legisladora acusándola de vender viviendas e inclusive de invasora aunque en los hechos, son ellos mismos quienes promueven dichas prácticas.

“No seremos cómplices de ninguna situación irregular”

En respuesta a los promotores inmobiliarios sanluisinos que solicitaron gestionar un apoyo para que se logren tomar acciones legales contra quienes promueven dichas invasiones en las viviendas de su propiedad, la legisladora anunció que ya está gestionando una reunión con las instituciones a quienes corresponde atender el tema de manera ejecutiva.

Asimismo, indicó que ya sostuvo una reunión con el delegado de Infonavit en el estado, Roberto Sánchez Cerezo, quien se mostró, dijo, interesado en atender el tema pues efectivamente se sabe que César Del Pardo ya tiene antecedentes de invasión de viviendas en el estado de Sinaloa.

“Se trata de tener una mesa donde participen otras instituciones involucradas como Oomapas, el Ayuntamiento, la CFE, la Policía Municipal e inclusive la Procuraduría General de Justicia del Estado; creo que hay que involucrar a todas las instituciones que puedan aportar al tema, como incluso el Colegio de Abogados para que orienten muy bien sobre el delito que se está cometiendo”, apuntó.

En ese sentido, recordó que el Artículo 323 de la Fracción Primera del Código Penal del Estado de Sonora explica que la sanción por el delito de despojo puede ser prisión de uno a seis años, y desde los 20 hasta los 200 días de multa.

Este delito, que se define como el ocupar un inmueble ajeno o hacer uso de él sin un derecho real, está tipificado como del fuero común y de ahí pueden presentarse las denuncias correspondientes, además de que, indicó, cuando es despojo con violencia se persigue de oficio, y si no por querella.

Amparada en la ley, Lina Acosta exhortó a los interesados a seguir apegados al derecho que sin duda no permitirá a nadie ser cómplices de situaciones irregulares que afecten la convivencia en San Luis Río Colorado.

Y es que el problema afecta muy seriamente a los fraccionamientos en donde se está suscitando la problemática porque representan en realidad una gran solución para las personas que con mucho sacrificio se quieren hacer de un patrimonio, lamentó.

Esos son los temas que se abordarán, dijo, en la reunión en la que se darán cita dentro de poco las instancias involucradas en el tema, todo con la intención de evitar actos de esta naturaleza en San Luis y que conduzcan también a promover información en la comunidad sobre las estafas.

Exhorta a la comunidad a no dejarse engañar

Lo más importante por el momento, destacó Acosta Cid, es alertar a la población para que no caigan en el engaño de que les van a conseguir una vivienda de manera fácil y que “luego se arreglan” con el trámite.

Advirtió que actualmente no existe ningún procedimiento hecho por una institución legal que vaya y cobre a domicilio, ni mucho menos sin que haya recibos validados de por medio, así sea de mil o de diez mil pesos, o cualquier otra cantidad.

“No hay ningún tipo de trámite que las instituciones que están realmente involucradas hagan de ese modo, por supuesto que las inmobiliarias menos, tenemos que estar muy conscientes de que este problema no sólo afecta a las inmobiliarias, sino también a las instituciones como Infonavit que sí oferta viviendas de manera legal y establecida”, externó.

Sin embargo, dijo estar consciente de que lamentablemente la mayoría de la gente que está siendo engañada no tiene ni la menor idea de que están cometiendo un delito.

Para ello servirá la mesa de trabajo que se pretende realizar y en la que cada una de las instituciones y particulares involucrados podrán tomar las medidas que corresponda y que esté dentro del ámbito de su competencia.

Asimismo, la legisladora dejó en claro que como diputada puede abordar el tema de manera legislativa y buscar la manera de aumentar penas al delito del desalojo en el estado con el fin de aportar a las instituciones que actuarán al respecto.

Por último, reiteró que el fin que los promotores de la invasión de viviendas buscan no justifica los medios porque quienes desean un patrimonio sí tienen la manera de solicitarlo de manera legal y correcta, una información que también se estará promoviendo el próximo mes que, por cierto, se celebrará el Mes de la Vivienda a nivel nacional.

“En la medida que todos tengamos información de cómo acceder a un crédito, y bajo qué mecanismos se podrá combatir este problema social, que constituye la falta de viviendas”, concluyó. @

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