Otro Sonora Ya! Insensible y de puertas cerradas
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Una cosa es el discurso y otra la realidad. Mientras que la gobernadora Claudia Pavlovich se empeña en darle otro rostro al gobierno, uno más sensible, humano, transparente, de puertas abiertas y con rendición de cuentas, hay funcionarios que no están en la misma sintonía, como es el caso del Itama de San Luis Río Colorado.
Humberto Melgoza Vega
SAN LUIS RIO COLORADO.- Las buenas intenciones y promesas de desarrollar un gobierno sensible, de puertas abiertas y cercano a la gente esgrimidas por la gobernadora Claudia Pavlovich, en San Luis Río Colorado son letra muerta.
Esto se refleja con más claridad en el Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas (Itama), también conocido como centro correccional para menores infractores, en donde a los trabajadores se les trata como objetos inanimados, que carecen de los derechos básicos.
De igual manera, el “gobierno transparente” tampoco se refleja en las delegaciones estatales, en donde a los funcionarios se les ha impuesto una mordaza que les impide hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre temas que son de interés público, pues toda la comunicación se encuentra centralizada en la ciudad de Hermosillo, en donde tampoco muestran disposición ni apertura para el diálogo.
La sensibilidad que tanto pregona el nuevo gobierno también queda en entredicho luego del despido masivo y fulminante de alrededor de 200 trabajadores, administrativos y médicos, eventuales y fijos, quienes fueron echados a la calle por el director del Isssteson, Enrique Claussen Iberri.
Luego, cuando los despedidos protestaron en la capital del estado bloqueando el bulevar Abelardo L. Rodríguez que da acceso al hospital “Ignacio Chávez” fueron desalojados brutalmente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Policía Municipal de Hermosillo, golpeando y tirando al suelo incluso a mujeres, como quedó registrado en los videos que circularon profusamente en redes sociales.
Puertas cerradas
Desde que Claudia Pavlovich rindió protesta como la primer gobernadora en la historia de Sonora, en su discurso inicial a los sonorenses ofreció encabezar “un gobierno sensible, incluyente a las personas con discapacidad, con cero tolerancia a la corrupción”.
Después, en el mes de diciembre, durante la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2016, la gobernadora volvió a pronunciarse por un “gobierno honesto, eficaz, transparente y cercano a la gente…”.
El gobierno de puertas abiertas que ha prometido de manera insistente la gobernadora, en el Itama de San Luis Río Colorado ha sido uno de puertas cerradas, lejano a la gente, insensible y hasta inhumano.
Desde diciembre pasado, que la trabajadora de cocina en el Itama, Gladys Reyes, sufrió un accidente de trabajo que la mantiene incapacitada, postrada en una silla de ruedas y con el riesgo de quedar paralítica, de la dirección administrativa le han negado la constancia de accidente de trabajo, requisito indispensable para que pueda ser sometida a una operación, como lo ha recomendado el ortopedista Cipriano Manuel Cruz, médico adscrito al Isssteson quien está viendo su caso.
La directora del Itama, Yolanda Torres, se ha atrincherado en las instalaciones de la dependencia de gobierno y se niega a recibir a los familiares para darles una explicación.
Este reportero acudió a las instalaciones del Itama, ubicadas al final de la calle 9, pasando el canal encementado, a un costado del Cecap, en donde le informaron que la directora estaba ocupada, pero le dieron una cita para el día siguiente a las 9:00 de la mañana.
La cita fue confirmada por una asistente, quien se comunicó con el reportero para saber el tema que deseaba tratar. El martes por la mañana que acudió de nueva cuenta al lugar le informaron que la directora andaba ocupada y que no lo podría recibir. “Denos su número y nosotros le hablamos”, cosa que hasta el cierre de esta edición no sucedió. Hubo una siguiente llamada pero ahora contestó un guardia quien ya de mala gana contestó que entrevistarse con la directora no sería posible.
Antes de la intervención del reportero, se buscó la intermediación tanto de la diputada Lina Acosta como del agente fiscal en San Luis, Juan Antonio Gaeta Covarrubias, representante de facto de la gobernadora en esta frontera.
La petición era muy sencilla: que le entregara a la trabajadora la hoja donde constara el accidente laboral, la cual le han negado sistemáticamente.
Los resultados fueron infructuosos. Los familiares de Gladys Reyes recurrieron primero a Lina Acosta, diputada local por el PAN, quien junto con el magistrado Rubén Espino había logrado colocar como el primer director del Itama a Francisco Morales, gracias a su buena relación con el ex secretario de Seguridad Pública Estatal, Ernesto Munro Palacio, quien estuvo presente en la inauguración de las instalaciones hace precisamente un año.
Lo único que la diputada pudo investigar es que el expediente “ya lo enviaron para Hermosillo”.
Gaeta tampoco pudo hacer nada ya que Yolanda Torres no es de San Luis, al parecer viene de Hermosillo, por lo tanto no obedece a ninguno de los grupos priistas que mandan en la localidad. “Investiguen de dónde viene esta señora”, recomendó.
Lo poco que se pudo saber es que antes de asumir la dirección del Itama, Yolanda Torres era secretaria de acuerdos en el Juzgado de Justicia para Adolescentes que funciona a un lado del Itama, por lo que nomás se brincó un predio para su nueva encomienda.
Negligencia
Desesperada por su situación, el pasado 29 de febrero, Gladys Reyes, trabajadora de cocina en el Itama, con número de empleada 37144, le envió una carta a la directora general del organismo, Ana Dolores Quijada Chacón, para exponerle su caso. Del oficio luego se envió copia tanto a la oficina de la gobernadora claudia.paclovich@sonora.gob.mx y contraloriasocial@sonora.gob.mx, de donde tampoco obtuvo ninguna respuesta.
En el escrito, la empleada expone la “lumbalgia agudizada” sufrida por el constante levantamiento de ollas de uso industrial en donde se preparan los alimentos para los menores internos
“Desde el pasado lunes 07 de diciembre del 2015, me hospitalizaron por molestias en la pierna izquierda sin poder caminar ni movilizar la pierna, después de varios estudios el médico dictaminó que tengo una lesión provocada por el levantamiento continuo de cosas pesadas, el diagnóstico es lumbalgia agudizada, para lo cual se requiere cirugía”, escribió.
“Por lo regular cada semana me he tenido que hospitalizar ya que el dolor me impide caminar, para lo cual me han puesto hasta el fuerte medicamento de nombre morfina, porque el dolor se vuelve insoportable, el especialista que me atiende actualmente es el ortopedista Cipriano Manuel Cruz, quien me dijo que es importante realizarme a la brevedad una cirugía para que pueda caminar de forma natural y regular. El especialista está dispuesto a hablar con ustedes para exponerles la gravedad del asunto”, dice la carta.
“El principal motivo de que recurra a usted es la desesperación en la que me encuentro ya que las autoridades del ITAMA de San Luis Río Colorado, que dependen del Gobierno del Estado, no me han querido entregar la respectiva carta de accidente laboral, solamente me dieron una hoja en blanco, la cual no me sirve de nada y más bien parece una burla. En estos momentos continúo hospitalizada, con la incapacidad que me da el Isssteson, a estas alturas lo que más me preocupa es saber si me van a firmar la hoja de accidente porque de otra manera no tendré más remedio que proceder por la vía legal y defender mis derechos como trabajadora, empleada del gobierno estatal”, finaliza el escrito.
El abogado Miguel Sandoval consideró un acto de negligencia la negativa a entregarle a la trabajadora la constancia de accidente laboral, “pero el reconocimiento por parte del Isssteson de que ella sufre esa afectación la convierte en candidata a una incapacidad que puede ser permanente”.
Entrevistado sobre el caso, el abogado manifestó que las autoridades del Itama no le quieren entregar la hoja del accidente laboral “porque técnicamente es un cheque en blanco, el siguiente trámite sería una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso para pensionarse, el cual tiene el 99.9 por ciento de posibilidades de ganárselos, y estamos hablando de una pensión vitalicia, hasta que se muera, el problema es que son juicios muy tardados”.
La constancia tarde o temprano se la tienen que entregar, es su derecho, apuntó Sandoval, es una prueba documental plena que no puede ser desvirtuada en un juicio “pero mientras tanto, si los dolores no menguan y ella requiere ser operada, están actuando con negligencia, porque estamos hablando de una vida humana y primero está la salud por encima de cuestiones burocráticas, políticas o financieras; la cirugía, por un acto de humanidad, debe ser primero”. @
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