VERACRUZ: El gobernador, enemigo de la libertad de expresión
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Francisco Sandoval Alarcón
CIUDAD DE MEXICO.- En Veracruz no hay cabida para la libertad de expresión. Se trata de un derecho silenciado a base de represión y plomo, donde la prensa se ha llevado la peor parte.
Las cifras documentadas por ARTICLE 19 en un lapso de nueve años, de 2007 a 2015, revelan que es el segundo estado mexicano con más agresiones con un total de 269, por debajo de las 321 reportadas en la Ciudad de México para el mismo periodo.
En 2015, sin embargo, el gremio de Veracruz vivió su peor año al registrar una agresión cada cinco días, cuando el promedio en 2014 y 2013 era una cada nueve días.
Veracruz se localiza en la costa del Atlántico mexicano. Tiene una población de 7.6 millones de habitantes, distribuida en 212 municipios, que representa el 6.8% de la población en México. Su posición es estratégica para el comercio y la transportación de todo tipo de productos, tanto legales como ilegales. Cuenta con puerto marítimo y varias carreteras que conectan a la entidad con los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con los que tiene colindancia.
Históricamente, su territorio ha sido objeto de disputa y, durante casi 90 años ha vivido bajo el poder político del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Además, desde hace una década la entidad atraviesa por una serie de episodios de violencia vinculados a grupos del narcotráfico, como los Zetas y el Cartel Jalisco Nuevo Generación, cuyas células armadas se pelean el control de las rutas de transporte de drogas y personas, y perpetran delitos tales como el robo de hidrocarburos, los secuestros y otras actividades criminales en la región.
En años recientes, ambos grupos criminales han censurado a la prensa con violencia y miedo. En algunos casos, según ha podido documentarse, han actuado con la complacencia de autoridades policiacas y ministeriales. En otros, la omisión ha dejado las investigaciones inconclusas. Sobre todo cuando se trata de periodistas asesinados o desaparecidos.
En la administración del gobernador Javier Duarte, del 1 de diciembre de 2010 a la fecha, se han registrado 15 asesinatos de periodistas, que colocan a la entidad como la más letal para la prensa mexicana.
Un diagnóstico sobre la situación de los periodistas en Veracruz elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación (Segob), el 30 de octubre de 2015, y que sirvió como base para lanzar el “Sistema de Alerta Temprana para protección de Periodistas en Veracruz”, arrojó que se trata de la entidad que ocupa el primer lugar nacional en homicidios de periodistas; el primer lugar, junto con Tamaulipas y Michoacán, en el número de periodistas desaparecidos, y el segundo lugar en cuanto al número de indagatorias de agresiones a periodistas iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
Por otra parte, cabe destacar que hay un tipo de agresión que no suelen considerar las autoridades, pero que en Veracruz es recurrente: el desplazamiento forzado de periodistas. En la administración de Duarte se han registrado decenas de esos casos. En 2015 fueron cuatro los desplazamientos de periodistas veracruzanos documentados por ARTICLE 19.
2015, el más violento
Hasta ahora, 2015 ha sido el año más violento para la prensa veracruzana si se compara con las agresiones cometidas en los últimos nueve años.
De las 67 agresiones documentadas en Veracruz durante el año pasado, 45 las consumó una autoridad: 21 por parte de policías de la Fuerza Civil, corporación estrenada en 2014 y que, a decir del propio gobierno, se trata de “elementos que han pasado por los más estrictos controles de evaluación y confianza, que bus-can devolver la paz y estabilidad a Veracruz”.
De esas 21 agresiones, nueve ocurrieron en las ciudades de Xalapa, Veracruz y Boca del Río entre el 21 y 22 de noviembre, cuando en diferentes hechos policías de la Fuerza Civil golpearon y amenazaron verbalmente a nueve periodistas que cubrían las protestas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en repudio a la evaluación educativa.
Las agresiones ocurrieron tres semanas después de que la Segob y el gobernador Duarte anunciaran la puesta en marcha del sistema de “Alerta Temprana para protección de Periodistas en Veracruz”, que tiene como objetivo prevenir y castigar a los agresores de la prensa, que en este caso no han recibido ningún tipo de sanción o castigo.
En 2015 también se confirmó el hostigamiento y acoso persistente contra la Agencia Veracruzana de Comunicación y Noticias (AVC Noticias), cuyo medio y colaboradores fueron objeto de 15 agresiones que los han puesto en riesgo. Este medio de comunicación se ubica como el que más ataques recibió ese año en México.
Asesinatos impunes
Los asesinatos de periodistas en 2015 demostraron, nuevamente, la crisis que en materia de libertad de expresión se vive Veracruz. Fueron tres los comunicadores asesinados: Moisés Sánchez; Armando Saldaña y Juan Mendoza Delgado. El fotoperiodista Rubén Espinosa huyó del estado debido al acoso en su contra, y fue asesinado mes y medio después de vivir refugiado en la Ciudad de México.
Los homicidios de Moisés y Rubén fueron los crímenes que más muestras de repudio provocaron entre la opinión pública nacional e internacional durante el año, no sólo por las deficientes investigaciones y la impunidad mostrada hasta el momento, sino porque ambos comunicadores ejercían un intenso activismo en Veracruz. Moisés, a favor de la seguridad pública en su comunidad, y Rubén pidiendo justicia para sus colegas periodistas muertos y desaparecidos.
Además, ambos fueron blanco de agresiones previo a los asesinatos. Moisés supo por una fuente confiable que el alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, lo había amenazado días antes de la privación de su libertad y asesinato, ocurrido el 2 de enero. Lo anterior era una respuesta a las críticas lanzadas a la administración municipal; Espinosa, por su parte, desde 2011 era objeto del acoso de supuestos informantes de la administración de Duarte y de personas sospechosas que lo seguían regularmente.
Lo ocurrido en 2015 demuestra que en Veracruz no hay tolerancia a las voces disidentes, a quienes se les silencia con asesinatos, privaciones de la libertad, amenazas, golpes, impunidad y hostigamiento, una mezcla que ha convertido al estado en una de las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo. Así lo confirman las historias narradas en el presente informe.
Las historias del miedo
Tres días antes de ser privado de la libertad por un comando armado, el periodista y líder comunitario Moisés Sánchez supo que el alcalde de Medellín, Veracruz, Omar Cruz Reyes, quería “darle una lección” para “callarlo” por recomendación del gobernador Javier Duarte.
—Se enteró de la intención del alcalde por un contacto de su confianza, metido a la política, quien le confesó que durante una reunión sostenida en la ciudad de Xalapa con varios funcionarios, el gobernador le reclamó al alcalde su tibieza para silenciar a Moisés, por lo que a partir de esa reprimenda el edil Cruz ordenó “una lección” para él —reveló una fuente cercana a Moisés quien, para hablar del tema, solicitó el anonimato.
Hasta antes de su desaparición, Moisés ejercía funciones de director, editor, reportero y fotógrafo de la gaceta La Unión de Medellín, medio de comunicación que mantenía una línea editorial crítica de las autoridades locales y que se imprimía con los recursos que Moisés obtenía de su trabajo como taxista.
Medellín es uno de los 212 municipios veracruzanos. Forma parte del área conurbada de Veracruz, Boca del Río y Alvarado. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuenta con más de 59,000 habitantes y desde 2014 ha sufrido una serie de hechos de violencia provocados por los grupos criminales que operan en la región, dedicados al narcotráfico, al secuestro y al robo con violencia.
Fue allí donde, en 1990, Moisés, entonces de 24 años de edad, comenzó a imprimir regularmente una pequeña gaceta independiente en la que informaba de los problemas sociales de la comunidad y los supuestos malos manejos del erario público.
La gaceta, con el paso de los años, se convirtió en un referente para la gente de su comunidad, así como para otros periodistas de la región que retomaban las denuncias publicadas por Moisés.
Además, desde su perfil en Facebook —uno de los más vistos en la comunidad— criticaba abiertamente a las autoridades, como ocurrió el 13 de diciembre de 2014, cuando denunció que faltando pocos días para que el alcalde panista rindiera su primer informe de labores, programado para el 26 de diciembre de ese mismo año, la violencia se había apoderado de la co-munidad de El Tajar, perteneciente al municipio de Medellín, luego de una balacera y del asesinato de un comerciante a manos de sus asaltantes. Eso sucedía en tanto el alcalde era “protegido por una unidad de la Marina Armada de México”, escribió en esa ocasión el periodista en su perfil.
Cuatro días más tarde, el 17 de diciembre, publicó en su perfil una noticia que no cayó nada bien entre las autoridades militares y policiacas, que lo conocían muy bien por su activismo y periodismo, al anunciar que ante “la inseguridad” que se vivía en Medellín, específicamente en la colonia Gutiérrez Rosas perteneciente a El Tajar
—donde él tenía su domicilio—, un grupo de vecinos se había organizado en un “comité de autodefensas” para hacerle frente a los delincuentes.
Para finalizar el anuncio, prometió a sus contactos seguir informando de las futuras acciones del nuevo comité, sin embargo, el viernes 2 de enero de 2015, a las 7 de la tarde, siete hombres armados con rifles de asalto lo sacaron a la fuerza de su domicilio y se lo llevaron junto con sus herramientas de trabajo: computadora, cámara fotográfica, tableta y celular.
El 24 de enero de 2015, el cuerpo sin vida de Moisés, de 49 años de edad, fue encontrado en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, ubicado a 23 kilómetros de Medellín.
En una conferencia de prensa ofrecida un día después, el 25 de enero, el fiscal de justicia veracruzano, Luis Ángel Bravo, informó que la localización del cadáver se logró tras la confesión del ex policía municipal Clemente Noé Rodríguez Martínez, detenido durante la investigación del asesinato, quien dijo haber participado en el homicidio, efectuado el mismo día que lo privaran de la libertad.
El sospechoso declaró ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) que el asesinato fue cometido por otras personas y que fue un “encargo directo” de Martín López Meneses, subdirector de la policía municipal de Medellín y escolta del alcalde Cruz Reyes, quien a su vez recibió órdenes de este último.
Con esta lógica, la Fiscalía tomó declaraciones a 78 funcionarios públicos del ayuntamiento de Medellín; arraigó a 13 policías municipales; presentó públicamente a Clemente Noé como homicida confeso y señaló al alcalde y al subdirector de la policía de ser los autores intelectuales del crimen, por lo que anunciaron que se ejercería acción penal contra Cruz Reyes, previa solicitud de desafuero en el congreso local.
En el caso del subdirector López Meneses, fue detenido por policías de la FGE, en tanto el alcalde Cruz perdió su fuero constitucional la última semana de marzo de 2015. En la actualidad ambos funcionarios gozan de libertad y están amparados contra cualquier acción de la FGE.
Los amparos fueron concedidos por un juez que determinó que no existen suficientes pruebas, por el momento, para vincularlos con el asesinato de Moisés, pues la persona que los acusa escuchó “de oídas” que planearon el crimen. Aparte, las declaraciones de los policías municipales que en su momento estuvieron bajo arraigo resultaron favorables para exculparlos de su participación en el homicidio.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), abrió su propia investigación por separado, pero en todo este tiempo se ha negado a ejercer su facultad de atracción, argumentando que no hay elementos para establecer que el crimen se cometió por el trabajo periodístico de la víctima.
El papel del Ejército
Para el periodista y comisionado estatal para la atención y protección de periodistas veracruzanos, Jorge Morales, el asesinato de Moisés “es emblemático” por el nivel de impunidad del caso.
—El gobierno sabía lo que estaba pasando en Medellín. Me refiero al gobernador y las fuerzas armadas. Sabían que en Medellín se estaba privando de la libertad a muchas personas. Ellos vigilaban de manera especial el activismo y la protección social que hacía Moisés —asegura Morales, quien de manera independiente realizó una investigación sobre el crimen del periodista.
En las conclusiones de la investigación, Morales estableció que hubo “serias omisiones” de las corporaciones policiacas y del Ejército al no atender la creciente violencia en Medellín, así como tampoco atendieron el llamado de emergencia de los vecinos de El Tejar para reportar la privación de libertad de Moisés.
La investigación reveló también que la FGE no ha explorado todas las líneas de investigación sobre el crimen, enfocándose únicamente en señalar al alcalde Cruz Reyes como autor intelectual por las declaraciones de un “testigo de oídas”, razón por la cual lo tienen, prácticamente, a un paso de ser exonerado del asesinato.
—Hay una farsa. Cuando Moisés realiza algunas protestas en Medellín (por el tema de la seguridad), el gobierno le promete apoyo y seguridad para su comunidad. Sostiene reuniones 16 días antes de su desaparición y hay un compromiso del subsecretario de Seguridad, José Nabor Nava Holguín, y de elementos de las fuerzas armadas, de que iban a dar atención en caso de emergencia. Le dijeron: “Confíe en nosotros. Si pasa algo háblenos y actuaremos”. Pero el 2 de enero, que pasó algo, nadie respondió. Hay testimonios de quienes pidieron auxilio a esas mismas autoridades y no atendieron el llamado. ¿Qué quiere decir eso: incompetencia o complicidad? —denuncia Morales.
—El luto permanece en nuestra familia, —asegura Jorge Sánchez, hijo de Moisés, quien reconoce que no es fácil abandonar el duelo cuando no hay justicia para su familia y castigo para los asesinos de su padre, cuya filosofía de vida era la de ayudar al prójimo.
A consideración de ARTICLE 19, representante legal de Jorge y su familia, las autoridades federales y estatales que han investigado el asesinato han incurrido en una serie de incongruencias que han impedido esclarecer los hechos, procesar penalmente a los responsables y garantizar la seguridad a los familiares de Moisés.
La organización ha detectado por lo menos siete incongruencias:
Que no se haya citado a declarar a testigos claves que podrían identificar a seis de las personas que lo privaron de la libertad.
Que se haya pasado por alto no hacer un análisis de las posibles llamadas telefónicas realizadas desde el celular de Moisés antes y después de que se le privara de la libertad.
Que no se cuente con los videos de las cámaras de vigilancia de la ciudad ubicadas en el trayecto que siguieron los delincuentes tras la privación de la libertad de Moisés.
Para ARTICLE 19 existen suficientes elementos para señalar que la línea más sólida para investigar el crimen es la participación de autoridades en razón del ejercicio periodístico de Moisés, esto a pesar de los amparos otorgados al ex alcalde y el antiguo subdirector de la policía municipal.
“Ante ello, estaríamos hablando de una desaparición forzada y de una ejecución extrajudicial en agravio del periodista”, afirma el abogado de ARTICLE 19, Leopoldo Maldonado. “Es por eso que debe tenerse en cuenta que las acusaciones contra los dos funcionarios que recibieron amparos no se han diluido. Por el contrario, el ministerio público tiene la posibilidad de integrar y aportar mayores pruebas para confirmar el nexo entre el ejercicio periodístico de Moisés, su desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la autoría de los crímenes por parte de las autoridades”.
Lo que es un hecho hasta el momento es que a más de un año del asesinato, y pese a la intervención de las instituciones encargadas de procurar justicia, proteger a periodistas e investigar violaciones a los derechos humanos, no ha logrado esclarecerse la causa del homicidio y no hay justicia para los deudos de la víctima.
El fotoperiodista incómodo
Por temor a que le sucediera algo, su amigo Raziel Roldán no pudo dormir bien. La inesperada presencia de un operativo policial cerca de su casa provocó que se imaginara lo peor. Tenía miedo.
“Estuve piense y piense todo lo que me dijo Rubén. Pensé en las cosas que estaban pasando en ese momento. Cuando vi a los policías creí que se iban a meter a la casa en cualquier momento”, reconoce Raziel.
Raziel es periodista y productor de noticias en video del portal Plumas Libres e integrante del Colectivo Voz Alterna, integrado por un grupo de periodistas veracruzanos.
Su rostro es sereno cuando platica sobre su amigo Rubén, asesinado el 31 de julio en la Ciudad de México, mes y medio después de huir de Veracruz.
Horas antes de la decisión de su amigo de abandonar el estado, ambos estuvieron con sus colegas del Colectivo para colocar, por segunda ocasión, una placa conmemorativa para la periodista Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012 en Xalapa.
Como parte del acto, ofrecieron entrevistas a medios independientes; en éstas criticaron la política de “represión a la prensa” del gobernador Javier Duarte y los nulos resultados de su gobierno sobre los asesinatos y desapariciones de sus colegas. Además, acusaron al político priista de ordenar el retiro de la primera placa colocada el 28 de abril de 2015 en memoria de Regina.
“Es una forma abierta de la represión, es una forma de querer acallar a los disidentes, así nos ven en el estado. Creemos que es una necedad tonta. Los periodistas independientes creemos que Regina Martínez hizo mucho por Veracruz, era un homenaje para ella, pero en el estado no lo ven así, lo ven como una ofensa. La placa era una agresión para ellos, para el gobierno. Creemos que nos vieron como delincuentes por colocar la placa”, dijo Rubén, quien en esa ocasión se encargó de instalar la placa, sólo que esta vez con cemento, para que fuera más difícil retirarla, lo que finalmente sucedió el 16 de junio de 2015.
A la mañana siguiente del acto, Rubén notó que un hombre vigilaba su casa. No le dio importancia y salió a trabajar. En la tarde, cuando regresó, se dio cuenta de que otros tres individuos lo vigilaban. Uno de ellos le tomó una fotografía y le hizo una seña retadora con las manos. En la noche, después de salir a otra cobertura, dos personas lo siguieron, por lo que tuvo que refugiarse en una tienda de artículos para bebé donde logro perderlos. Minutos después continuó su camino. Antes de llegar a su casa observó que dos hombres lo esperaban. Al verlo llegar, caminaron hacia él, se detuvieron al tenerlo cerca, lo miraron de manera retadora y se marcharon sin decirle nada.
El miedo que sintió ese día, reconocería una semana después en la Ciudad de México, hizo que tomara la decisión de huir de Veracruz.
—A Rubén siempre lo veía muy nervioso, muy alterado. Cuando me platicaba los incidentes que regularmente tenía, yo lo notaba rojo del estrés —relata Raziel.
—Lo recuerdo siempre con miedo. Nos decía que lo perseguían. Su voz era muy agitada cuando eso sucedía —dice Norma Trujillo Báez, periodista y amiga de Rubén.
El miedo con el que vivía no era ficticio. Como fotoperiodista conocía los riesgos de informar en uno de los estados más peligrosos en México para ejercer la libertad de expresión.
Rubén Espinosa sabía perfectamente que no trabajaba en un ambiente favorable para el periodismo y, para muestra, tenía el asesinato de su colega Regina Martínez, de la revista Proceso, cuyo crimen lo convirtió en activista y en una de las voces más críticas de la política del gobernador Javier Duarte relativa a los crímenes de periodistas. Además, durante las coberturas que realizó del movimiento magisterial y de otras protestas sociales fue objeto de hostigamiento de los “informantes”, que constantemente lo fotografiaban sin su consentimiento.
Los “informantes” son personas que en la ciudad de Xalapa se aparecen en conferencias de prensa o en cualquier otro acto o suceso noticioso. Se presentan como periodistas aunque no lo sean, en la mayoría de los casos.
“Su labor es fotografiar y tomar nota de los actores que acuden a este tipo de hechos, incluidos periodistas, revelaron cuatro fuentes consultadas que solicitaron anonimato para hablar del tema”.
Se sospecha que estos “informantes” rinden cuentas a personajes clave de la administración de Javier Duarte, sobre todo cuando son con actores o periodistas “incómodos”. Las autoridades no los reconocen oficialmente. Cuando se les pregunta, lo niegan, aun cuando su presencia es muy visible. Diariamente se reúnen en el Parque Juárez, ubicado a un costado del edificio de gobierno y frente al restaurante La Parroquia. Se juntan allí porque se trata de un punto estratégico donde se genera 60% de la información que se publica en los medios veracruzanos. Son alrededor de 15 personas, la mayoría varones, que suelen vestir gabardinas y fuman en todo momento. Cuando alguien que no es de allí les pregunta a qué se dedican, suelen responder escuetamente que son periodistas y de manera casi natural piden nombre, actividad y procedencia. Se interesan en la persona y quieren saber el motivo de la visita y la razón de la pregunta.
Rubén y Raziel siempre se topaban con estos “informantes” durante las movilizaciones y protestas que cubrían juntos, así como en los actos que realizaban para pedir justicia por sus colegas asesinados. El pro-pio Rubén, en una entrevista ofrecida al portal Sin Embargo, luego de que se diera a conocer su desplazamiento de Veracruz, reconoció que era un periodista “incómodo” para la administración de Duarte desde 2011, año en que los “informantes” del gobierno comenzaron a fotografiarlo.
—En una ocasión, cuando fue lo de los 35 cuerpos que encontraron en el monumento a los voladores de Papantla en Boca del Río, el entonces procurador Reynaldo Escobar Pérez iba a dar una conferencia. Entonces me dice una persona encargada de prensa, Edwin, no recuerdo su apellido, que yo qué hacía ahí, que yo no tenía nada que hacer y que estaba estorbando. Entonces de ahí comenzaron a tomarme fotos por parte de la gente de gobierno del estado —dijo Rubén en la entrevista.
Rubén y Raziel no eran los únicos periodistas observados. Otros colegas suyos, que solían hacer una cobertura informativa similar y se manifestaban igual que ellos, también eran objeto de acoso de los “informantes”. Y eso molestaba a Rubén.
“Había problemas cuando se daba cuenta de que le estaban tomando fotos y varias veces me tocó ver cómo los encaraba”, recuerda Raziel.
El acoso no paró allí. Siguió siendo evidente. Raziel lo “normalizó” al grado de no prestar mucha importancia a los “informantes”, en cambio, Rubén no. Continuaba nervioso y aseguraba ser perseguido por personas sospechosas.
En una de las reuniones que tuvieron como colectivo, en 2013, Rubén llegó alterado. Esa tarde, tres hombres lo habían seguido hasta una tienda Oxxo, donde lo amedrentaron. Le arrebataron el agua que había comprado y le dijeron que tuviera mucho cuidado. No hicieron referencia a su trabajo, pero sabían quién era.
En otra ocasión, Rubén y Raziel, así como sus colegas del Colectivo Voz Alterna, fueron calificados de “guerrilleros” y “subversivos” en columnas y notas periodísticas publicadas en medios afines al gobierno estatal. Lo anterior ocurrió después de que pidieran que la Plaza Lerdo fuera rebautizada como Plaza Regina Martínez.
Fue por esos días que Rubén y Raziel se percataron de que dos personas armadas los observaban. Los vieron una vez, cuando cubrían una conferencia de prensa en el restaurante La Parroquia, y al día siguiente durante una conferencia en las instalaciones del Partido del Trabajo. Nunca les dijeron, nada pero los seguían a ellos.
—Sí hubo varias etapas de persecución para él. No fue momentáneo, al final —sostiene Norma.
Lo que más recuerda Raziel de su amigo Rubén es que era un fotoperiodista sumamente entregado y comprometido con su profesión, pero también con la causa de pedir justicia para sus colegas muertos. Siempre tenía un consejo de seguridad para sus compañeros y, a pesar de encontrarse en estado de alerta permanente, su trabajo era muy bueno. Solía sorprender a sus compañeros por su capacidad para obtener imágenes. En una conferencia de prensa donde sólo había una persona al frente, tenía la facilidad de tomar una foto muy diferente a la del resto.
—Tenía un ojo muy especial, porque no cualquiera puede hacer eso —expresa Raziel.
La primera fotografía de Rubén publicada en Proceso es una muestra de su ojo como fotoperiodista. Se trata de una imagen tomada el 2 de febrero de 2011 en la que aparecen el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Salinas se muestra contento al lado de Duarte. Los dos están hombro con hombro, mientras que Borge parece más pendiente de posar para las cámaras. Por esas fechas, Rubén combinaba su vida laboral como fotógrafo de la alcaldesa priista de Xalapa, Elizabeth Morales García, y como fotoperiodista de Proceso, lo que no era bien visto por algunos funcionarios municipales que lo consideraban como el “enemigo en casa”.
No toleraban que fuera fotógrafo oficial de la titular de la capital del estado y fotoperiodista de una de las revistas que más ha criticado la administración de Duarte. No fue hasta 2012, tras dejar el cargo en el ayuntamiento, que se dedicó por completo al fotoperiodismo.
En las marchas y protestas sociales, Rubén y Raziel encontraron una veta informativa y su principal fuente de trabajo. Los dos habían sido empleados del municipio y como funcionarios vieron cosas negativas que les “abrieron los ojos” a la realidad.
En Xalapa, sede del gobierno estatal, las manifestaciones de inconformidad por la política del gobernador iban en aumento. Esto, sumado a la negativa del movimiento magisterial ante la reforma educativa anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto en 2013, convirtió a esa ciudad capital en el epicentro de la protesta en Veracruz. El momento más álgido fue el 14 de septiembre de 2013, cuando la recién estrenada y militarizada policía estatal desalojó violentamente a los maestros que tenían un plantón permanente en la Plaza Lerdo.
En esa ocasión, los policías amenazaron y golpearon, con bastones eléctricos, a manifestantes y periodistas que estaban haciendo la cobertura de los hechos.
Rubén, además de cubrir las protestas, no perdía de vista la agenda del gobernador. Acudía con frecuencia a los actos oficiales de Duarte.
Una de sus fotografías más conocidas del político priista es la que apareció el 16 de febrero de 2014 en la portada de Proceso. En la imagen se muestra a Javier Duarte de perfil, con un abultado vientre, portando gafas y una gorra azul que en la parte de enfrente tiene impresa una charola de policía con la leyenda: “Gobernador”. En una táctica de censura, la revista denunció la compra masiva de los ejemplares de esa edición, de título “Veracruz. Estado sin Ley”, el mismo día que llegaron a los puestos de venta veracruzanos.
Rubén no sólo tenía buen ojo para las fotografías, sino que siempre se mantenía al tanto de lo que sucedía en política.
—No era el típico fotoperiodista que iba por la foto, sino que siempre estaba bien informado de la agenda del día y nos decía qué cosas iban a suceder. De broma decíamos que él tendría que ser el jefe de información —recuerda Flavia Morales, jefa de información de AVC Noticias.
A más de medio año del crimen de Rubén, asesinado junto a la defensora de derechos humanos y activista Nadia Vera —que también huyó de Veracruz por amenazas—, de la empleada doméstica Alejandra Negrete, de la maquillista Yesenia Quiroz y de la ciudadana colombiana Mile Virginia Martín, no se tiene conocimiento oficial del móvil de los homicidios.
—Mucha gente cree que la foto del gobernador (donde aparece con la gorra) lo mató, pero no podemos asegurarlo… Tal vez él tenía la ventaja de trabajar en Proceso y el impacto era nacional, pero no hay certeza —asegura Raziel.
-No tenemos una dirección exacta, porque cubría los mismos temas que otros reporteros. Pero tenía la otra parte del activismo y el antecedente de que había trabajado con las instituciones. Es donde no logramos saber cuál pudo ser la causa —reconoce Norma.
Además, la agencia AVC Noticias, donde también laboraba Rubén en Veracruz, era blanco de agresiones que empezaron luego de informar del nacimiento de grupos de autodefensa en Tlalixcoyan, pero que se hicieron recurrentes con la cobertura del movimiento magisterial veracruzano que realizó Rubén.
—Rubén tenía un perfecto equilibrio, además poseía liderazgo dentro del gremio —recuerda Jorge Morales, periodista y comisionado estatal para la atención y protección de los periodistas en Veracruz.
Ese liderazgo lo llevó a viajar a la Ciudad de México, en octubre de 2013, para reunirse con otros colegas fotoperiodistas de la capital, a quienes solicitó apoyo para tratar de frenar la violencia contra el gremio veracruzano. Allí narró los riesgos y temores de trabajar en esta entidad. De esa plática surgió la red Fotoreporteros MX, integrada primordialmente por fotoperiodistas de la capital del país para monitorear a colegas que realizan cobertura de alto riesgo.
Para nadie era un secreto que el trabajo y activismo de Rubén incomodaban. Tocaba fibras de funcionarios públicos que en ocasiones le impedían el acceso a eventos oficiales y que ordenaban a sus “informantes” fotografiarlo constantemente. Era la forma de intimidarlo, hacerle saber que era “incómodo”, que su presencia y sus declaraciones sobre la impunidad en el caso de periodistas asesinados no caían bien en la administración estatal. @
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