Hermoso Atardecer, horrible impunidad
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Ha pasado un año del incendio que cobrara la vida a 19 ancianos en el asilo “Hermoso Atardecer” y el caso aún continúa impune. La Procuraduría General de Justicia del Estado aún no da con los responsables luego de que este 23 de junio se cumplió un año de la tragedia.
Iván Torres Cruz
MEXICALI.- A un año de la tragedia en el asilo del Ejido Querétaro, las autoridades municipales, estatales y federales pareciera que han hecho hasta lo imposible para que no se determine la responsabilidad de la muerte de 19 adultos mayores quienes murieron la madrugada del 23 de junio del 2015.
Apenas hace unos días la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Perla Ibarra Leyva señaló que el caso aún no se ha judicializado debido a que aún faltaría por definir algunos detalles con los peritajes que se mandó realizar por parte de la Procuraduría General de Justicia.
Desde el 23 de noviembre del 2015 la PGJE obtuvo el dictamen que realizaron los peritos de la PGR, sin embargo no lo habían dado a conocer, fue hasta que un medio de comunicación hizo pública la información mediante una solicitud de transparencia hacia la dependencia federal que la estatal reconoció que ya lo tenía en sus manos.
En ese momento la Procuradora señaló que por un error en el remitente, el documento no se había entregado a la PGJE pero finalmente lo pudieron obtener, en ese momento se negó dar a conocer el resultado de los dos peritajes que envió la PGR.
Tuvieron que pasar varios meses para que la propia Perla Ibarra reconociera que los resultados habían dado negativo en cuanto a que el incendio fue provocado pero que aún revisaban el tema de una falla eléctrica.
Apenas ayer (jueves 23 de junio) se cumplió un año de la tragedia y la PGJE sigue sin poder dar con los responsables, independientemente que el evento hubiera sido provocado o se trate de omisiones y culpa de funcionarios estatales y municipales.
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Más incongruencias
Desde las primeras horas de ocurrido el incendio, el director de bomberos Fernando Rivera dio a conocer que se podría tratar de un incendio provocado, en ese mismo sentido fueron las primeras pesquisas de la PGJE y la propia oficina de la Secretaría General de Gobierno que encabeza Francisco Rueda.
La versión apuntaba hacia una persona resentida con el asilo luego del cambio de administración por lo que habría realizado diversas amenazas de quemar el lugar.
En las indagatorias se realizaron diversos peritajes, el primero filtrado a El Mexicano en donde daba cuenta que el incendio había sido provocado, pese a que no se había utilizado gasolina o algún acelerante, Fernando Rivera reconoció que se utilizaron cortones o materiales similares para iniciar el fuego.
Las autoridades callaron, pasaron meses para que se diera a conocer mediante la recomendación 23/2015 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que la peritos adscritos a Tijuana habían localizado gasolina en el área del almacén del asilo.
Ese peritaje sería la segunda prueba de que el incendio pudo ser intencional, la tercera prueba fue aportada por la misma CEDH quien mandó a realizar un tercer peritaje.
La Comisionada de Derechos Humanos en Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez detalló que derivado del análisis y conjunto de evidencias que integraron el expediente de la queja 190/15-3VG que se inició de oficio en el Organismo Estatal el 23 de junio de 2015, la CEDHBC contó con elementos que permitieron acreditar violaciones a los derechos humanos en agravio de 45 personas adultas mayores, de las cuales algunas perdieron la vida o resultaron lesionadas.
Olvera Rodríguez precisó que la Recomendación, que consta de cuatro tomos con 2024 fojas, es dirigida a los titulares de la Secretaría de Salud del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, la Coordinación de Protección Civil del Estado, del Sistema de Protección Civil Municipal de Mexicali y de la Dirección de Administración Urbana de Mexicali.
Con fundamento en la investigación y derivado de las omisiones en que incurrieron las autoridades señaladas como responsables, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos observó que se vulneraron en agravio de las víctimas los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad y, como consecuencia de ello, a la integridad y seguridad personal, así como a la vida.
El tercer peritaje positivo fue dado a conocer en conferencia de prensa por la misma CEDH en donde informó que el peritaje externó que mandaron a hacer dio positivo en acelerantes (gasolina) en el asilo Hermoso Atardecer por lo que existe una alta posibilidad de que fuera provocado.
El peritaje lo realizó el Coordinador de Peritos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León el cual ha trabajado en los incendios de la Guardería ABC y un Casino en Nuevo León.
La comisionada señaló que los funcionarios involucrados pudieran ser sancionados en lo administrativo y penal por omisiones en sus funciones pero deberá ser la Procuraduría General de Justicia del Estado quien concluya la responsabilidad penal.
Ante la presión, la PGJE volvió a salir y finalmente informó que el peritaje realizado por la PGR no aporta ninguna evidencia de que hubiera sido intencional y que todo apuntaba a un tema eléctrico aunque reconoció que aún faltaba que la dependencia federal definiera algunos detalles, en ese discurso continúa hasta el momento.
En total se realizaron cuatro peritajes, de los cuales tres apuntan a un posible hecho intencional y uno no intencional, ante ello la PGJE aún no ha dictado una línea clara en cuanto a la ruta que seguirá.
Ante el vacío de la autoridad investigadora la CEDH en su propia investigación señaló como responsables de violentar los derechos humanos de 19 personas al ahora ex Secretario de Salud del Estado, Sergio Tolento Hernández quien finalmente fue premiado con la diputación del Sexto Distrito por el Partido Acción Nacional.
Otro de los “premiados” fue el ex Secretario de Desarrollo Social, Ricardo Magaña Mosqueda quien fue nombrado por el mismo partido a la primera diputación por lista, sin embargo ante los buenos resultados electorales del PAN, Magaña quedó fuera del Congreso del Estado.
Otro de los involucrados fue Antonio Helenio Rosquillas Navarro, aún director de Protección Civil del Estado.
En la esfera municipal parecieran estar los intocables, Luis Alfonso Vizcarra Quiñonez, Director de Administración Urbana y el Secretario Técnico de la Unidad Municipal de Protección Civil, César Augusto Flores Valdez, quienes también fueron señalados en la misma recomendación realizada por la CEDH.
Solo Flores Valdez fue sustituido del cargo aunque al parecer su salida tuvo fue por un tema de finanzas en la dependencia municipal que en nada tendría que ver por su actuación o negligencia en los hechos del 23 de junio del 2015.
Por su parte el alcalde de Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa aseguró que el ayuntamiento aportó las pruebas necesarias para que la investigación avance y se deslindó de alguna responsabilidad por omisiones.
Aunque señaló que lo ocurrido en el Ejido Querétaro es una responsabilidad compartida de la Asociación Civil y las autoridades encargadas de vigilar que se encontraran regularizadas pero que de parte del Ayuntamiento ya se entregó toda la información que se solicitó desde un principio.
En caso de que la PGJE resuelva que el homicidio de las 19 personas sea culposo el delito no se considera grave por lo que difícilmente funcionarios puedan ser sentenciados a prisión.
Lo anterior fue señalado por un abogado penalista quien afirmó que el Artículo 75 del Código Penal del Estado establece una pena de tres días a cinco años de prisión, ya que no se toma en cuenta el número de personas fallecidas, por lo que legalmente, la muerte de 19 personas es irrelevante.
“La conducta que pudiera ser la imprudencial (cualquiera que sea), que llevó a que hubiera varios occisos, solo es una, no pueden imponerle más, tiene multa pero es lo de menos, porque suponiendo que se imponga y no tiene dinero, dice la Constitución que nadie puede ser aprisionado por deudas meramente de carácter civil”, anotó el abogado.
Incluso en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, los -en algún momento- acusados podrían seguir su proceso en libertad.
En caso de que el homicidio sea intencional, la pena al responsable es de 20 a 50 años de prisión.@
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