Niños abandonados, el camino de la adopción
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Mientras que el proceso de adopción de un infante no resulta una tarea fácil para las familias que así lo desean ni para la propia institución a través de la cual se solicita, ya se trabaja para eliminar las trabas que existen en aquellos casos en los que resulta imposible reintegrar a la familia del pequeño que se encuentra en situación de abandono, principalmente, por causa del consumo de drogas por parte de los padres
Bibiana García Garza
SAN LUIS RIO COLORADO.- A pesar de que actualmente están registradas alrededor de 16 parejas listas y certificadas para adoptar a uno de los más de 70 niños que viven en el Albergue Temporal Niño Jesús de esta ciudad, el procedimiento es difícil y tardado.
Sin embargo, la mayoría de las veces acelerar el proceso no está en manos del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), -institución encargada de llevar a cabo el trámite legal de adopción-, sino que intervienen otros factores determinantes.
Entre estas barreras que deben enfrentarse al iniciar con cada uno de los trámites se encuentran, en primer lugar, el costo de los juicios para solicitar la custodia legal de los infantes, mismos que derivan de la negativa de los padres para renunciar a sus derechos, aun cuando ha quedado de manifiesto que éstos no son aptos para brindarle un hogar a los pequeños.
Y es que la mayor parte de los niños que residen en el albergue (entre 70 y 90) provienen de familias disfuncionales, hogares en los que prevalece la violencia y las adicciones, o bien, son resguardados desde su nacimiento porque la madre consumió drogas durante el embarazo y/o no muestra signos de rehabilitarse.
De ahí que por cuestiones estrictamente legales, se deben realizar extenuantes investigaciones de campo con los padres o familiares y, según se desarrolle cada caso, pasar a otras etapas en las que se solicita un juicio de patria potestad para pedir la custodia legal de cada niño, lo que generalmente tampoco se otorga de la noche a la mañana.
Una vez que ese procedimiento llega a su fin, DIF debe asegurarse de que quienes aspiren a la adopción de un niño cumplan con toda la documentación y los requisitos legales, socioeconómicos, clínicos y psicológicos para que se les pueda entregar.
De acuerdo con la presidenta de DIF Municipal, Lupita Sánchez de Reina, en lo que respecta al proceso de adopciones se tiene la creencia de que es tardado y casi imposible, cuando en realidad es todo lo que se tiene que hacer antes de dar un niño en adopción lo que resulta difícil, además de que lleva tiempo por situaciones externas.
A principios de julio del presente año se dio en adopción a cuatro hermanitos, con el apoyo de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, aunque para que eso fuera posible tuvieron que pasar cuatro años.
Ese proceso del juicio de patria potestad se inició desde el 2012, pero fue doblemente difícil porque los padres, por un lado, no querían renunciar a los pequeños, pero por otro lado tampoco dejaban de consumir drogas y tampoco mostraban un verdadero interés de querer rehabilitarse.
Uno de esos niños estuvo en el albergue desde que nació, y finalmente pudo partir con una familia hasta después de que cumplió los cuatro años, una larga espera que aunque DIF trata de evitar, no siempre es posible controlar.
Padres adictos, el problema principal
Esas situaciones externas que refiere la primera dama recae en la adicción de muchos padres a las drogas, lo que a la larga conduce a la omisión de cuidados y/o abandono de los niños que son remitidos en resguardo al albergue por parte de DIF.
Además, relató, muchos recién nacidos son rescatados desde el hospital en el que la madre da a luz porque la misma institución de salud notifica a DIF que la mujer dio positivo en el consumo de drogas.
En ambos casos, la institución primero debe buscar en el primer círculo familiar a tíos, abuelos o padres para saber si pueden –o quieren- hacerse caso del niño y, sobre todo, comprobar si están en condiciones de hacerlo, pero por lo general esto no resulta, “…muchas veces ni la misma familia puede hacerse cargo de los niños, o no les interesa, como sucede también con los adultos mayores”.
Es así como los niños empieza a vivir un proceso de institucionalización del que tardan mucho en salir o en el que, como existen varios casos, deben ser trasladados al otro albergue para adolescentes ´Judas Tadeo´, del que difícilmente son adoptados por una familia tanto por los procesos legales como por la edad de los jovencitos.
Como es bien sabido, la mayoría de las parejas con intención de adoptar un niño busca a los más pequeños, de preferencia a los recién nacidos, a pesar de que muy pocas veces se logran.
“Después es que iniciamos el juicio de patria potestad, porque los papás ni quieren rehabilitarse, ni quieren tener las condiciones para poder tener a los niños, y a la vez tampoco quieren renunciar a ellos de una forma muy egoísta porque les están truncando la vida a esos niños y ellos siguen con la misma vida de vicios que llevan”, externó.
A los pequeños les arrebatan la oportunidad de ser adoptados más rápidamente por otra familia que sí les pueda brindar un hogar seguro, añadió, pues sólo en caso de que los padres firmen un documento para renunciar a sus derechos es que se puede acelerar un poco más el trámite.
No obstante, esos casos no son frecuentes porque cada que DIF busca a los progenitores, estos se encuentran intoxicados bajo los influjos de las drogas, lo que invalidaría cualquier documento que éstos firmaran.
“… ahí es donde se nos va mucho tiempo”, reiteró Sánchez de Reina, quien sólo por poner un ejemplo habló de otro caso en el que los padres han estado luchando por recuperar a su hijo, pero cuando se les pidió que se rehabilitaran, presentaron una carta falsa para acreditar un programa en un centro de rehabilitación no certificado.
Otro problema es que de los más de 20 centros de rehabilitación que hay en San Luis Río Colorado, sólo cinco cuentan con una certificación oficial validada a nivel nacional, y muchos padres adictos acuden a los que no están certificados para obtener una acreditación por la vía fácil, por lo que dichos establecimientos también contribuyen al retraso de los procedimientos legales.
“Quieren al niño, pero no entienden que lo que DIF está tratando de hacer es proteger al niño y ellos no están poniendo de su parte para rehabilitarse y poder tener al niño seguro, y así tenemos la mayoría de los casos”, lamentó.
Lo ideal para DIF, mencionó la titular de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Joanna Karina Bautista Arvizu, sería lograr reintegrar a las familias.
“Uno de los objetivos específicos que tiene DIF es reintegrar por eso que nosotros tenemos que buscar a los familiares del niño para que no permanezca en un albergue sino dentro de un núcleo familiar y hasta que agotamos todas las fuentes se quedan en el albergue”, mencionó.
Es entonces cuando ya es posible abrir un expediente para proceder con el juicio legal, que se hace directamente con un Juez de lo Familiar, a quien se le muestra que los padres no están aptos para brindarle un pleno desarrollo a los menores o están incumpliendo con sus obligaciones.
El Juicio
“Aquí lo que es tardado es el juicio de patria potestad; ojalá y las personas que incurren en la omisión de cuidados hicieran conciencia y quisieran brindarles una vida mejor a sus niños en lugar de tenerlos en un albergue, pero les quitan la oportunidad de vivir en una familia y llevar una vida diferente, más aún cuando están más chicos y hay oportunidad de cambiarles la vida por completo”, señaló la presidenta de DIF.
En el juicio se pide la custodia legal de los niños pero el trámite es tardado, engorroso y además costoso por cada caso pues DIF debe presentar todas las pruebas que el juez solicite -con el ánimo de salvaguardar la integridad de los infantes-, sustentados por peritos o profesionistas en determinadas áreas, mismos que muchas veces la institución debe contratar por fuera.
“Si DIF no los tiene, se debe dar a la tarea de buscarlos, si no hay aquí se debe traer de Mexicali o Hermosillo, y se tiene que traer y agotar todo ese procedimiento, porque una vez que se agota es cuando el juez dicta la sentencia, tras lo que se expone en hechos de demanda, es cuando se otorga custodia legal, pero no es algo que se haga en un mes”, advirtió la subprocuradora.
Aunado a ello, agregó, el Juez inicia otro proceso de investigación por su cuenta.
En esa etapa, DIF necesita de ingresos, un aspecto que durante esta administración busca cubrirse con ayuda de actividades y el apoyo de algunos sectores de la comunidad que han mostrado disposición de ayudar para que esos niños puedan salir del albergue e irse con una familia mediante un proceso más sencillo y, sobre todo, más rápido.
La lista de espera
Mientras quince juicios de este tipo en los que trabaja el Consejo Técnico Municipal de Adopción, DIF y la Subprocuraduría de la Defensa del Menor se llevan a cabo actualmente, son 16 las familias que se encuentran en la lista de espera para adoptar a un niño del albergue.
De estos ya se publicaron los edictos correspondientes por orden del juez, por lo que se trata de expedientes que ya están en su última fase y no deben tardar en ser liberados, comentó Lupita Sánchez.
Hay otro caso de dos niños en posibilidad de ser dados en adopción a una pareja de enfermeros que se han estado capacitando y preparando para brindar las atenciones especiales que éstos requieren.
Sobre todo, comentó la presidenta de DIF, porque son niños con discapacidad, uno de ellos con síndrome de Down de 14 años de edad, y otro con autismo, de 9 años de edad, ambos se encuentran ya en custodia legal de la institución.
“De esos dos niños en adelante no hay más por el momento, y tenemos una lista de espera de alrededor de 16 parejas que ya cumplieron con todos los requisitos que nos pide DIF nacional, para la adopción”, indicó.
Los requisitos para adoptar, precisó la subprocuradora, es que las personas garanticen que están aptos para ofrecer una vida digna al infante, es decir, llevarlo a la escuela y proporcionarle vestido, alimento, cuidado de su salud y amor, en un hogar que goce de una estabilidad económica.
Eso no significa, aclara DIF, que los solicitantes tengan que ser “ricos” ni poseer residencias lujosas, sino que simplemente comprueben que pueden proveer las necesidades del niño, y que pasen los exámenes clínicos, psicológicos y socioeconómicos, además de presentar documentos oficiales como comprobantes de domicilio, identificaciones y actas, entre otros.
Asimismo, si se trata de una pareja, deben comprobar haber estado juntos por un periodo de al menos cinco años, pero si se trata de una persona soltera, debe tener un mínimo de 25 años de edad, en ambos casos, deben ser 17 años mayores que el niño que pretenden adoptar.
A su vez, las trabajadoras sociales realizan una investigación de campo completa para verificar la vivienda a la que los solicitantes se llevarán al niño así como entrevistas y encuentros de convivencia con el pequeño para ver cómo interactúan pues si el niño no se siente cómodo, no se dará en adopción, externó Bautista Arvizu.
Dichos requisitos están establecidos en el Código de Familia y deben cumplirse a cabalidad pues de lo contrario, no se podrá concretar el trámite de adopción, concluyó. @
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