La batalla por el agua, apenas empieza

Pese a que la Ley señala que serán los organismos públicos metropolitanos los que se harán cargo de la regulación, captación, conducción, desinfección, potabilización, almacenamiento y distribución del vital líquido, la nueva ley deja abierta la puerta para que la iniciativa privada pueda suplir estas funciones, lo que claramente significa privatizar parte de los servicios o incluso la totalidad de ellos.

Iván Torres Cruz

MEXICALI.- Con la mayoría parlamentaria, el Partido Acción Nacional junto con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano aprobaron la nueva Ley de Aguas para el Estado de Baja California, en medio de la peor crisis presentada en el Congreso del Estado, donde se desató una batalla campal.

Si bien, la nueva ley no privatiza el agua como sus principales detractores señalan, sí abre la puerta a la privatización de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos para todas sus fases lo que pudiera ser de manera parcial o total según señala el texto.

Aunque mediáticamente el Gobierno del Estado encabezado por Francisco Vega de Lamadrid busca contrarrestar por todos los medios las afirmaciones de que se estuviera privatizando el servicio, el texto en la ley deja más que clara esta situación por lo que bastaría con darle una leída para quitarse las dudas.

Por su parte los partidos de oposición PRI, Morena, PES  y PBC calificaron el dictamen de Hacienda y Presupuesto 48 relativo a la Ley de Aguas como una reforma de entrada anticonstitucional y segundo privatizadora, por lo que se esperan acciones legales que pudieran estar interponiendo para “tumbarla”, por lo menos esa fue la advertencia del Partido Encuentro Social.

La nueva Ley desaparece las Comisiones Estatales de Tijuana, Ensenada y Tecate para crear el organismo metropolitano de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de la Zona Costa y otro para Mexicali.

Pese a que la Ley señala que serán los organismos públicos metropolitanos quienes se harán cargo de la regulación, captación, conducción, desinfección, potabilización, almacenamiento y distribución del vital líquido, deja abierta la puerta para que la iniciativa privada pueda suplir estas funciones, lo que claramente significa privatizar parte de los servicios o incluso la totalidad de ellos.

De igual manera quita la atribución del Congreso del Estado para fijar la tarifa de consumo de agua y lo deja a diversos factores como la inflación con lo que llevará a mayores aumentos además de que por primera vez contempla el corte total del agua para las personas que no puedan pagar en lugar de la colocación de reductores como se realizaba hasta antes de esta modificación.

El consejo consultivo estatal del agua deja entrada a diversos sectores que van desde el científico hasta el empresarial pero estos serán designados por el Ejecutivo además de que integrarán 6 funcionarios más dejando un desequilibrio en favor del Gobernador en turno.

En el capítulo de Participación del Sector Privado señala la nueva ley que podrán prestar total o de manera parcial el servicio, además de participar en el tema de aguas residuales, operación y mantenimiento y ejecución de obras lo que podría dejar todo en manos de organismos privados todo esto bajo licitación pública.

Votación a escondidas

Pese a que se votó durante la noche del lunes 19, la sesión estuvo programada para las 5:00 de la tarde, inició a las 9:00 de la noche, el punto de lectura se dio cercano a medianoche y la discusión finalizó poco después de las 5:00 de la mañana del martes 20.

La sesión será recordada por años ya que en ella tres diputados resultaron golpeados por un grupo de burócratas de la ciudad de Tijuana encabezados por Manuel Oceguera, quien señaló que al irse privatizando los servicios se irían cerrando los puestos de trabajo.

Pese a los airados reclamos y el ánimo de la muchedumbre en contra, la diputada Iraís Vázquez decidió leer el texto de 88 hojas en una especie de soberbia ya que pudo pedir la dispensa de trámite y ahorrarse horas de sufrimiento.

La estrategia de los manifestantes fue impedir a toda costa la realización de la lectura, en primer lugar intentaron ingresar el recinto legislativo pero fueron bloqueados por la seguridad interna, de manera parcial sirvió el plan ya que se logró detener la sesión momentáneamente.

Posteriormente y ensalzados ya con agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado que llegaron de refuerzo intentaron reanudar la lectura del dictamen pero otra vez no funcionó ya que los manifestantes aún en mayoría volvieron a ingresar e interrumpir la sesión.

Finalmente llegaron refuerzos de la Policía Estatal Preventiva, al no poder ingresar al lugar los manifestantes decidieron lanzar botellas, la primera golpeó el pecho del presidente de la Mesa Directiva, Raúl Castañeda Pomposo, quien de nueva cuenta volvió a suspender la sesión.

Ya con todo un escuadrón de policías municipales, la diputada Vázquez fue aconsejada para que no se terminara de leer el texto y solamente se leyera el resolutivo, el cual con la mayoría panista finalmente fue aprobado.

Fue en ese momento que llegaron al parecer alrededor de 20 personas de un centro de rehabilitación los cuales han sido vinculados de manera extraoficial a la diputada Triny Vaca los cuales fueron utilizados como grupo de choque para evitar que los manifestantes pudieran ingresar a los pisos superiores.

Por una hora la seguridad del Congreso del Estado estuvo en manos de personas a las que denunciaron de estar bajo el influjo de las drogas con la venia de la seguridad interna del Congreso y los mismos policías municipales.

Con lo que no contaban era que terminarían enfrentándose a un grupo de reporteros quienes buscaban ingresar a la sesión privada que se llevaba a cabo en el tercer piso por lo que lograron documentar ampliamente el hecho, toda un desbarajuste.

Al final los manifestantes se retiraron por lo que la sesión pudo continuar en paz, con la mayoría panista la iniciativa pasó por 15 votos a favor y 10 en contra, sin embargo los partidos de oposición fijaron su postura en contra de ello.

Catalino Zavala Márquez, de Morena, votó en contra debido a que la citada ley se contraviene a diversas disposiciones federales, además de acusar que se trataba de un tema de privatización del agua lo cual se encuentra fuera de las facultades estatales.

“Estaríamos planteando que los servicios relativos al agua en nuestro estado fueran otorgados mediante concesión a empresas privadas, una obligación que es del Estado, además se establecería un mecanismo de cobro de las tarifas del agua que ya no pasarán por la representación popular, es decir por el Congreso”, señaló el legislador.

El coordinador de la bancada del PRI, Alejandro Arregui Ibarra señaló que existen coincidencias con el objetivo de resolver la problemática de falta de agua pero no en la forma en cómo se quiso realizar.

“Pasar a su discusión como si se tratara de un tema de mero trámite, y que tengamos que buscar recovecos para poder sentarnos a su consideración de esta soberanía un tema de tal relevancia creo que debe llevarnos a reflexionar, sin distingos de partidos o posturas políticas”, expresó el líder priista.

Por su parte la diputada del PT señaló que la ley le abre la puerta a la privatización del servicio además de que el agua dejaría de ser un derecho humano para convertirlo en una mercancía.

“Se podría promover una acción de inconstitucionalidad porque eso podría atentar contra el 4to constitucional el cual reconoce el acceso al agua como derecho humano e incluso se está pasando diversos estipulados del artículo 27 constitucional”.

Dijo que las cuotas y tarifas del agua significan aumentos muy significativos en las tarifas para los consumidores.

Luis Moreno del Partido Encuentro Social señaló que el solo procedimiento siembra dudas por las prisas con las que se aprobó la iniciativa además de que buscarán interponer un recurso de acción de anticonstitucionalidad debido a que viola la misma Constitución.

El diputado hizo hincapié en que la ley necesitaba ser consensuada con muchas personas y analizada con tiempo con lo que se hubiera evitado interponer las medidas legales.

Por su parte el legislador del PBC, Jorge Núñez, expresó que la Ley va en contra de los mismos postulados del partido ya que la rectoría del agua les corresponde a los mismos ayuntamientos.

“La historia reciente nos ha dado múltiples ejemplos donde nos hemos dado cuenta que las concesiones más que ayudarles a la ciudadanía les ha perjudicado”, afirmó. @