Nuevas órdenes de aprehensión contra ex funcionarios
Mientras unos entran otros salen…de la cárcel. En esta última semana se avivó el tema del Nuevo Sonora, primero con la liberación del famoso “Pancho Platas”, seguido dos días después por Jorge Morales, ex secretario de Comunicación, ambos pagaron una fianza para seguir el proceso en libertad. En contraparte, la PGR obtuvo al menos tres nuevas órdenes de aprehensión, una de ellas contra el ex alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero.
Humberto Melgoza Vega
SAN LUIS RIO COLORADO.- La cacería judicial contra los ex funcionarios del Nuevo Sonora no se detiene, al contrario, cierra con fuerza el año.
En la última semana, trascendió que se liberaron sendas órdenes de aprehensión contra tres de los principales funcionarios de la pasada administración encabezada por el panista Guillermo Padrés, información que ocupó los titulares de los medios de comunicación en la capital del estado.
Las más recientes órdenes de aprehensión solicitadas por la PGR y concedidas por un juez son contra Alejandro López Caballero, Carlos Villalobos Organista y Mario Cuen Aranda, quienes son investigados por el asunto de los “moches fiscales”.
López Caballero, ex alcalde de Hermosillo hasta 2015 cuando le entregó el poder al priista Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, se desempeñó la primera mitad del sexenio padrecista como secretario de Hacienda y es considerado el arquitecto de los llamado moches, la condonación de impuestos y realización de auditorías a modo a 574 contribuyentes en todo el estado, amigos y empresarios cercanos al gobierno, desfalco calculado en mil 704 millones de pesos.
A Villalobos Organista, quien lo relevó en el cargo, en mayo pasado le catearon su residencia del fraccionamiento Los Altos en Hermosillo, ahora se sabe que cuenta con orden de aprehensión, al igual que el ex tesorero Mario Cuen, declarado dos veces ante la Fiscalía Anticorrupción.
“Estoy tranquilo, no habrá proceso legal en mi contra”, cabeceó en febrero pasado el portal Ehui.com la entrevista que el reportero Gil Reyes le hizo a López Caballero, entonces investigado por la Contraloría Municipal por supuestos malos manejos durante su administración como alcalde de Hermosillo.
Por este tema de lo moches fiscales, en octubre anterior se le dictó auto de formal prisión a Roberto Francisco Avila Quiroga, quien se desempeñó en la entidad como director de Auditoría Fiscal del SAT, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
A la fecha, algunos de estos funcionarios están ilocalizables, con uno o más amparos que los protegen de ser detenidos ya sea por la autoridad estatal o la federal, en algunos casos se menciona que se encuentran fuera del país, posiblemente en Arizona, aunque también han corrido versiones que habrían escogido el vecino estado de Baja California, el cual es gobernado por el panista Francisco “Kiko” Vega de la Madrid.
En esa tesitura se encuentra el ex secretario General de Gobierno, Roberto Romero López, quien es buscado por la PGR, la Procuraduría Estatal e incluso cuenta con ficha roja emitida por la Interpol en su contra.
Al igual que Roberto Romero, el hombre fuerte del gobernador Padrés, quien ejecutaba las órdenes en el PAN y en el resto de los funcionarios, también su esposa, la ex diputada local Mónica Paola Robles Manzanedo es requerida por la justicia pues tiene una orden de aprehensión por los mismos delitos de tráfico de influencias.
De acuerdo a las pesquisas que lleva la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, encabezada por Odracir Espinoza Valdez, Roberto Romero se aprovechó de su cargo para, en complicidad con el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) Héctor Ortiz Ciscomani, desviar millonarios recursos públicos para beneficiar a empresas y ranchos de su propiedad en donde aparecía como socio mayoritario y presidente del consejo de administración.
En agosto pasado, cuando llegaba en un vuelo procedente de Madrid, España, el ex secretario de Sagarhpa durante el padrecismo fue detenido por la Interpol en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y llevado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5, ubicado en Villa Aldama, Veracruz, donde se le dictó en septiembre el auto de formal prisión.
Ortiz Ciscomani, quien ya había sido detenido en febrero por agentes estatales que lo llevaron a la Fiscalía Anticorrupción en Hermosillo, pero lo dejaron ir porque andaba amparado, es investigado por ejercicio abusivo de funciones, Ilícito previsto en el artículo 220 inciso I del Código Penal Federal.
Darío Figueroa Navarro, delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora, reveló que al ex secretario de Gobierno ya lo tenían ubicado.
“Roberto Romero sigue en el mismo estatus, se le sigue considerando prófugo de la justicia; se tienen sospechas que puede estar en los Estado Unidos…tenemos colaboración con las autoridades y ellos están haciendo su trabajo… posiblemente esté en Arizona”, manifestó hace un par de meses el funcionario federal.
En esta última semana, trascendió que el hermano menor de Roberto Romero, Luis Felipe Romero López, quien se desempeñó en la pasada administración como director del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) había tramitado un nuevo amparo, el 1359/2016 vs el juez Primero de lo Penal.
El 28 de mayo anterior, el menor de los Romero López compareció ante la Fiscalía Anticorrupción, instancia donde es investigado por el presunto desvío de más de mil millones de pesos que estaban destinados para la construcción y remozamiento de planteles escolares dentro del programa insignia del Nuevo Sonora denominado “Transformación Educativa”.
Ricardo Ornelas, ex director del Sistema Estatal Penitenciario se encuentra prófugo de la justicia, al igual que Bernardo Campillo, ex secretario de Salud, ambos cuentan también con orden de aprehensión.
Mientras unos entran, o están por entrar a la cárcel, otros salen.
Apenas el pasado 21 de diciembre el ex director del Consejo Estatal para la Concertación de Obra Pública, Francisco Arnaldo Monge Araiza mejor conocido como “Pancho Platas” salió libre tras pagar una fianza por 3 millones 874 mil 368.
Y dos días después alcanzó la calle Jorge Morales Borbón, ex secretario de Comunicación Social, quien pagó una fianza por 1 millón de pesos para seguir en libertad con el juicio donde se le acusa por el delito de extorsión.
El jefe del clan, Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, es de los que siguen tras las rejas, al igual que su hijo del mismo nombre, pero éste en el Altiplano, ambos acusados por lavado de dinero. @
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