Funcionarios, con las manos metidas en la cervecera

La obra Constellation Brands se encuentra temporalmente detenida, primero porque el Cabildo de Mexicali decidió votar a favor de una suspensión temporal de 10 días, y segundo, mediante el amparo interpuesto por agricultores. Las cosas se complican para la cervecera en donde tienen intereses funcionarios estatales y municipales.

 

Iván Torres Cruz

 

MEXICALI.- El camino para la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands se empieza a dificultar poco a poco luego de que de las protestas en las calles se llevó el tema al orden legal y político.

Luego de que el pasado 2 de agosto del 2016 se emitiera por parte de la Dirección de Administración Urbana la licencia de construcción 1123 a favor de la empresa Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C. V. , ahora la obra se encuentra temporalmente suspendida.

En aquel entonces el titular de la dependencia Luis Alfonso Vizcarra Quiñonez fue el encargado de autorizar la licencia la cual se expidió en favor de la Cervecería Constellation Brands la cual había comprado una serie de terrenos en el ex ejido Choropo pertenecientes en parte a Gerónimo Roa Helmecke, ubicados en el kilómetro 10.5 de la carretera a San Felipe.

Sin embargo, según documentos en poder de CONTRASEÑA, fue el 13 de julio del 2016 que la empresa en calidad de responsable de la ejecución de las obras presentó la solicitud para obtener la licencia de Construcción de Industria de la Actividad de Fabricación Cervecera en 35 lotes facción B con clave catastral 05-j4-035-004 con una superficie de 21 hectáreas.

El documento señala que como  responsable de la obra se designó a Sergio Eduardo Montes Montoya con número de perito 342, de igual manera, Montes fue nombrado el pasado 1 de diciembre como titular de la Dirección de Administración Urbana por el alcalde Gustavo Sánchez, al ex titular del área  Vizcarra Quiñonez lo ratificó pero ahora en el área del Sistema Municipal de Transporte.

Por su parte la regidora de Morena, Alejandra Ang Hernández, señaló que tal situación constituye un grave conflicto de intereses debido a que afirmó, la empresa solicitó el cambio de responsable de obra hasta el 9 de diciembre, lo que significó que durante ese periodo Montes Montoya estuvo al frente de la obra y pudo auto-verificarse.

Pese a que la información había trascendido de manera extraoficial, los documentos ponen en aprietos a dos titulares de área, tanto a Vizcarra como a Montes, y el problema se agudizó el lunes 27 de febrero cuando los integrantes del Cabildo Mexicalense decidieron congelar la construcción por un periodo de 10 días tiempo durante el cual realizarían las investigaciones pertinentes sobre la obra cuestión, decisión que no fue bien vista por el sector empresarial quienes acusaron al alcalde de poner en peligro la inversión económica en Mexicali.

A la par prosperó la denuncia interpuesta por Verónica Soto Navarro, Alberto Machado, Josué Refugio Jiménez, Consuelo Aguilar, Mariana Cervantes y Rigoberto Campos González, quienes promovieron un incidente de suspensión derivado del julio de amparo 75/2017 dictado por el Juzgado Sexto de Distrito quien ordenó a las autoridad entregar los documentos que permitieron la construcción de la cervecería y la construcción del acueducto Villahermosa-Mexicali.

Fotos: Iván Torres

Rigoberto Campos, líder de la CNC.

Los quejosos señalaron que el amparo interpuesto servirá con el fin de recabar todos los permisos que se otorgaron a la empresa ya que cada dependencia está obligada a realizar un informe y entregarlo al juzgado.

La estrategia ya caló en la misma cervecera quienes luego de guardar silencio decidieron enviar su postura a los diferentes medios de comunicación señalando que el proyecto ha cumplido en todo momento con los procesos de obtención de permisos y licencias acorde a cada etapa del mismo.

“Trabajando en colaboración con las autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo, pero no limitado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua de Baja California, la Comisión de Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, y el Distrito de Riego de Río Colorado, S. de R.L. de I.P. de C.V.”, dijo el vocero de la empresa.

Respecto a la suspensión de las obras de parte del Ayuntamiento de Mexicali, la empresa cervecera informó que se encuentran cooperando con las autoridades municipales, por lo que existe la confianza de que dicha revisión concluirá en los próximos días, con lo que reiniciarían sus actividades.

De la misma forma el comunicado señala que contemplan una inversión de mil 400 millones de dólares en los próximos años, lo que generará más de 750 empleos permanentes en un inicio y 4 mil plazas laborales en los siguientes años. “Adicionalmente, otras industrias locales se beneficiarán de la operación de la cervecería, entre ellas la del transporte, autoservicios, y proveedores de servicios de alimentos y hospedaje”.

La empresa señaló que se comisionó a un estudio independiente para determinar el posible impacto ambiental de la operación de la cervecería el cual estaría operando hasta finales del 2019, en su informe la planta consumirá menos del 0.3 por ciento del agua que recibe anualmente el Valle de Mexicali, explicaron.

Finalmente en el comunicado piden a la comunidad de Mexicali la oportunidad “de coadyuvar a la preservación de nuestro medio ambiente y de contribuir positivamente en la comunidad local”.

Buscan detener APP´s

Inconformes con la implementación de la empresa cervecera se creó un grupo de abogados y defensores de derechos humanos denominados Mexicali Consciente en el que además de que piden se detenga la obra también solicitaran al Congreso derogar la Ley de Asociaciones Público Privadas.

El grupo está integrado por diversos abogados ente los que destaca el ex alcalde de Mexicali Milton Castellanos, Daniel Solorio, Raúl Ramírez, Silvia Beltrán y Miguel Ángel Leyva, entre otros.

 

Raúl Ramírez Baena señaló que a raíz del movimiento social de Mexicali Resiste fue que decidieron apoyar de manera jurídica las manifestaciones además de que las APP permiten la intromisión de la iniciativa privada en temas como salud, seguridad pública, vialidades y agua lo que representa una privatización de lo Derechos Humanos, afirmó Baena.

 

 

Por su parte el abogado Daniel Solorio indicó que no existen las condiciones para tener una Ley de Asociación Público-Privada debido a la falta de honestidad de los gobiernos locales.

 

Dijo que reunieron 1011 firmas ciudadanas las cuales enviaron al Congreso del Estado como iniciativa ciudadana para abrogar la Ley Público-Privada.

En este contexto, el presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Francisco Postlethwaite, indicó que las autoridades de los gobiernos estatales, municipales o federales tienen la obligación de hacer pública toda la información relacionada al tema de la instalación de la empresa Constellation Brands.

Señaló que los sujetos obligados –en este caso los gobiernos- tienen la responsabilidad de publicar en su portal de transparencia toda la información relacionada con permisos, concesiones y autorizaciones por lo que en caso de no presentarlas caerían en una irregularidad.

Por su parte el abogado Fernando Rosales, actual vicepresidente del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho señaló que la licencia a favor de la cervecera fue incumplida debido a que se tenían 30 días a partir del 2 de agosto del 2016 para realizar una donación del terreno a favor del ayuntamiento de Mexicali.

“Tenemos conocimiento extraoficial que no se hizo tal  situación, así mismo se estableció que se obligaba a donarle a favor del Ayuntamiento a través de Oficialía Mayor en 30 días a partir de la aprobación de la licencia de forma gratuita, sin gravamen, de un predio ubicado en el lote 17 fracción oeste 2  por 31 mil 500m2, se le concedió un plazo de 30 días”, afirmó.

El abogado indicó que la donación no aconteció por lo que la misma licencia señala sanciones además de la revocación de la licencia o suspensión de la obra.

Dijo que la licencia se tiene que dar por suspendida definitivamente ante las graves omisiones que se han presentado en la instalación además de que no se presentó el permiso de control de medio ambiente e impacto ecológico que se tendría que haber presentado para poderse otorgar el cambio de uso de suelo de agrícola a industrial. @