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Demuestra Estado su falencia en caso Benjamín: SIP

El primer intento lo hizo en el 2000 pero fue hasta 2010 que la Sociedad Interamericana de Prensa logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogiera la investigación por el crimen de Benjamín Flores, como una manera de presionar al gobierno mexicano para que fuera a fondo y castigara a los responsables. Desgraciadamente no se hizo nada.

Humberto Melgoza Vega

 

El crimen de Benjamín Flores González llegó a tener resonancia internacional, en un tiempo en el que era una afrenta matar a un periodista en México.

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo adoptó, junto con el de Víctor Manuel Oropeza, de Chihuahua, y el de Héctor “El Gato” Félix Miranda, de Tijuana, como uno de sus casos estelares que llevaron a tribunales y emitieron recomendaciones a los gobiernos estatales y de la República, sin que esto tuviera un gran efecto en las investigaciones.

 

Desde sus oficinas en Miami, el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Ricardo Trotti, concedió la presente entrevista en la que hace una evaluación del caso de Benjamín Flores y reclama la falta de resultados por parte de las autoridades.

 

-Han pasado 20 años desde que mataron al periodista Benjamín Flores, caso que se ha ido perdiendo en el tiempo, sin que se haya podido esclarecer, tampoco detener a los autores materiales del crimen, muchos menos se investigó a quienes pudieron ser los autores intelectuales, en un claro ejemplo de impunidad a la mexicana. ¿Vale la pena retomar el caso?

 

La virtud que ha tenido la SIP, desde que comenzó a investigar a profundidad los crímenes y luego los presentó ante la CIDH, es su tenacidad y paciencia para seguir impulsándolos contra viento y marea pese a los tiempos, muchos de los cuales se extienden por la tardanza de los sistemas judiciales y también por la dilación del propio sistema interamericano de derechos humanos. Aquel adagio de que justicia tardía no es justicia pierde tracción con la SIP, entendiendo que la única forma de pelear contra la impunidad es insistiendo en que se haga justicia y proveer los instrumentos y la presión internacional para que ello ocurra. Y de no administrarse justicia, el solo hecho de seguir iluminando el problema o el caso y recordar el nombre de la víctima, son cosas importantes. En América Latina todavía hay procesos sobre derechos humanos abiertos y cada tanto se reaniman por algún resultado. Nosotros tenemos la esperanza de mantener estos casos en forma latentes, que los casos vivan.

 

-Lo anterior te lo comento porque lamentablemente matar periodistas se ha vuelto común en México y de tantos que se van acumulando, al rato ya no hallan por dónde empezar.

 

Esa es la gran falencia del Estado, pero no por ello las organizaciones debemos desfallecer, de lo contrario no cumpliríamos con nuestro deber de defender y promover la libertad de prensa y los derechos humanos. Si ante la frustración o la realidad violenta las organizaciones se callaran, la violencia y la impunidad –-es decir la falta de responsabilidad de los Estados en asumir sus deberes constitucionales-– serían cada vez mayores.

-Recuerdo que el crimen de Benjamín Flores llegó a ser emblemático en la lucha de la SIP por defender la libertad de expresión. ¿Hasta dónde llegó ese reclamo, tuvieron alguna respuesta del gobierno mexicano?, recuerdo que el caso fue adoptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pero luego ya no supe en qué quedó.

 

El caso de Benjamín Flores lo presentamos por primera vez a la CIDH el 27 de julio de 2000, pero en esa ocasión no fue acogido porque no se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna. Ese es uno de los requisitos establecidos en el reglamento de la CIDH para iniciar un trámite de estudio de un caso. Diez años después, el 13 de octubre de 2010, volvimos a remitirlo al observar nuevas irregularidades y escaso avance en el proceso judicial. Esta vez la CIDH nos informó que estudiarán la solicitud de revisión del caso y le asignaron el número de referencia P-393-00.

 

-¿De quién depende que los homicidios contra periodistas se aclaren: del gobierno y sus instituciones encargadas de procurar justicia, de los medios de comunicación, de los organismos defensores de la libertad de expresión, de la familia?; ¿tendríamos que investigar por nuestra cuenta…?

 

El Estado es el principal responsable a través de las investigaciones fiscales y del sistema de Justicia. Nadie por fuera del Estado debería convertirse o autoproclamarse auxiliar de la justicia. Ese no es el rol de la sociedad civil que conforman las demás asociaciones, ongs y ciudadanos. Sin embargo, las investigaciones como las nuestras, las que puedan hacer los periodistas y el reclamo constante de los familiares a través de recursos judiciales son esenciales para alimentar a la justicia y a los sistemas supranacionales intergubernamentales para que presionen a los Estados y, en definitiva, se administre justicia.

 

-Zedillo, Fox, Felipe Calderón y ahora Peña Nieto en su momento se han comprometido públicamente en castigar a los que están matando periodistas y en brindar a los comunicadores las garantías de seguridad para que esto no se siga presentando. Pero no ha pasado ni una cosa ni la otra. Por lo visto ha sido pura demagogia porque cada vez matan más periodistas en México, después de Siria el país más peligroso para los reporteros.

 

Así la SIP lo ha remarcado. Muchas veces los compromisos políticos no tienen su paralelo en acciones concretas que los Estados deben adoptar. En México, por ejemplo, no fue suficiente con crear la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), porque no la dotaron de los recursos humanos, técnicos y económicos para que opere con eficiencia. Muchos también critican que se han creado leyes y reglamentos para proteger periodistas y que nada funciona. Es verdad parcialmente. Sin embargo, es bueno que estos mecanismos se hayan creado, ya que habrá funcionarios de otros gobiernos futuros que los empiecen a usar, sin tener que pasar por todo el trámite y la energía de años que hubo que poner para que estos mecanismos se crearan. Ahora hay una mejor y mayor base para luchar contra la impunidad de la que había hace una década atrás.

 

-¿Crees que este es un problema que lo debe atender el gobierno federal o que se deben resolver los casos por las procuradurías y los gobiernos de los estados? Sé que depende del tipo de arma que se utilice para cometer el crimen y si encuadra como delincuencia organizada, pero al último se echan la bolita.

 

Hay crímenes que son de estricto orden federal y otros que debe investigar primero las procuradurías estatales. Sin embargo, con la reforma constitucional del Artículo 73, que la SIP ayudó a que se estableciera, se otorga el poder de absorber los casos estatales a nivel federal por crímenes y delitos que atenten contra la libertad de informar o el ejercicio del periodismo. Esta cuestión surgió después de observar que muchos casos en el interior quedaban empantanados entre sistemas policiales y judiciales muy permeables al crimen organizado. No hay garantías que a nivel federal las cosas se resuelvan con mayor eficiencia; pero, sí, al menos, los casos están más iluminados teniendo la atención a nivel nacional e internacional que se requiere. Esa mayor atención genera más presión y los gobiernos suelen comprometerse más a esclarecer los casos y dotar a los órganos investigadores con mayores recursos.

 

-En el crimen de Benjamín Flores todas las líneas que siguió la Procuraduría estuvieron relacionadas por los temas que el columnista abordaba de narcotráfico, ¿ustedes consideran que se debió haber investigado también el entorno político?

 

Precisamente por esa misma razón presentamos el caso por segunda vez ante la CIDH. Argumentamos que a 13 años del crimen, tres acusados fueron absueltos, sin embargo las autoridades del estado de Sonora no continuaron la búsqueda de pruebas para perseguir a todos los culpables. Tal parece que las autoridades se daban por vencidas y subrayamos que por el grave impacto en el ejercicio libre del periodismo de este crimen, se debían investigar a fondo todas las hipótesis disponibles. Entendemos que su asesinato, la falta de acciones y resultados de las autoridades, afectó también a los colegas de la zona y a la población del estado que solo atinaron a ver un ejemplo de impunidad.

 

-Casos como los de Víctor Manuel Oropeza, Benjamín Flores y Francisco Ortiz Franco llegaron a ser emblemáticos para la SIP… más recientemente los asesinatos de Regina Flores e Ismael Valdez han trascendido en la opinión pública. ¿Hay crímenes de periodistas más importantes uno que otro…?

 

La SIP observa los casos y hay algunos que son más importantes de acuerdo al contexto político, los móviles probables del caso y las probabilidades ciertas de investigación. Obviamente el tipo de denuncias que hacía ese periodista y por las que presumiblemente fue asesinado también son factores que se tiene en cuenta. Por una cuestión interna, te diría que nuestra organización no está tomando casos nuevos por ahora, sino acompañando y actualizando los casos que ya hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

-En el marco de los 20 años del crimen de Benjamín, además de recordarlo y redactar notas en su memoria, denunciando dos décadas de impunidad,  ¿sería bueno que la SIP emitiera algún tipo de recomendación al gobierno de Sonora?, ¿de México?

 

Más que una recomendación, les recordaríamos su deber y compromiso de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos, incluidos los periodistas. A la vez insistiríamos en que cree un equipo de trabajo que revise el proceso a profundidad, genere resultados y que se haga justicia. Este sería el mejor ejemplo que podría dar un gobierno a sus ciudadanos y sobre todo a los familiares y colegas de Benjamín Flores.  

 

-¿Algo más que desees agregar?

 

La SIP está enfrascada en este y otros 28 casos de asesinatos de periodistas de cinco países que hemos presentado ante la CIDH y uno de ellos lo estaremos litigando el 22 y 23 de agosto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata del caso del periodista colombiano Nelson Carvajal que fue asesinado en 1998. Veinte años después, estamos convencidos que ganaremos el caso y se hará justicia, algo muy merecido por los familiares de la víctima, colegas y nuestro gremio. Como apreciarás, el proceso de seguimiento por cada caso en este organismo es bastante largo, al cual no renunciamos. Tampoco renunciamos a continuar exigiendo justicia por cada caso y por todas las vías posibles.

 

 

 

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