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El Acta 323, nuevo robo a la nación

Agricultores del Valle de Mexicali mantienen tomadas las instalaciones del CILA en protesta por la firma del Acta 323, la que consideran un robo a la nación ya que comprometen entregar agua a los Estados Unidos sin haber sido aprobada por el Senado de la República. Se abre un nuevo frente en defensa del vital líquido.

 

Iván Torres Cruz

 

MEXICALI.- Agricultores del Valle de Mexicali rechazaron de manera tajante la firma del Acta 323 la cual consideran una extensión de la 318, que aún se encuentra en litigio, y denuncian que el nuevo convenio significa la venta de aguas nacionales a través de un esquema de crédito en infraestructura el cual México pagará con agua.

Señalan que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)  entre México y Estados Unidos no tiene facultades para vender el agua ya que la Constitución la considera parte de la soberanía nacional.

Por ello desde hace un par de semanas agricultores de diversos ejidos del Valle de Mexicali tienen tomadas las instalaciones de CILA Mexicali como medida de reclamo por la firma del Acta la cual finalmente fue firmada el pasado miércoles 27.

Por su parte la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desmiente la pérdida de soberanía con esta medida y llama al Acta 323 como la “Ampliación de las Medidas de Cooperación y Adopción de un Plan Binacional de Contingencia ante la Escasez de Agua en la Cuenca Río Colorado”.

Según el comunicado, este acuerdo binacional da certidumbre a las operaciones hidráulicas de México y Estados Unidos y brinda a nuestro país una herramienta de planeación para el manejo de los recursos de ese río, que le asigna el Tratado de Aguas de 1944, en vigor hasta el 2026.

El mismo comunicado establece que las autoridades de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos condujeron las negociaciones con la participación de autoridades federales y estatales de ambos países. Además, tomaron en cuenta las recomendaciones de los grupos de trabajo conformados por representantes de los usuarios del agua, científicos y académicos, así como de organizaciones no gubernamentales.

“Este acuerdo es una muestra del compromiso de ambos países por consolidar nuestros mecanismos de cooperación encaminados a un manejo eficiente de los recursos compartidos, el abastecimiento de agua, el desarrollo de la región y la preservación del medio ambiente”, señala el comunicado.

Como si fuera coincidencia, después del hermetismo en el que se ha denunciado la firma del Acta, fue firmada en Santa Fe, Nuevo México la cual estuvo presidida por los Comisionados de la CILA, Roberto Salmón Castelo y Edward Drusina.

Un día antes de la aprobación, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas presentó un punto de acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo instruya al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, para rechazar el contenido del Acta 323, remitida para su ratificación por el Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA),  que afecta el interés nacional por autorizar la venta de aguas a Estados Unidos.

El Comisionado ha consentido, al suscribir el Acta 319 ya ratificada y la 323 en proceso de confirmación, la venta de agua a Estados Unidos, situación que no forma parte de las estipulaciones del Tratado de Aguas, firmado el 3 de febrero de 1944 entre ambas naciones.

El Acta 323 establece diversos puntos que afectan al pueblo de México en general y a los habitantes del Valle de Mexicali en particular, pues se autoriza la venta de agua a organismos operadores de aquel país, bajo el disfraz como “programa de sustitución de infraestructura”.

El senador del Grupo Parlamentario del PT  advirtió que cualquier modificación a los tratados es competencia exclusiva del Ejecutivo Federal con aprobación de la Cámara de Senadores, por lo que este hecho excede las facultades del Comisionado, quien a su juicio debe ser removido del cargo.

El rechazo 

Por su parte Rigoberto Campos, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Mexicali, manifestó que la controvertida Acta “es una  venta disfrazada con el cambio por infraestructura con el cuento de la eficientización, que ya una vez se manejó igual en los 80, el Valle mejoró mucho su infraestructura con la pavimentación de canales y rayos laser en las parcelas pero el agua que se eficientó ¿dónde quedó?, la venden por otros lados”.

A pesar de esa mejor distribución y ahorro del preciado líquido nunca pudieron disfrutar de esa abundancia del todo y en la actualidad resulta insuficiente para los cultivos.

“Ahora si declaran que con el agua que se logre eficientar se le va a entregar a CILA para su red en Estados Unidos de mantenimiento de la cuenca baja del Río Colorado, pero el Tratado hace referencia de la cuenca alta y servicios ambientales que va a pagar Estados Unidos cuando tiene la responsabilidad de esos servicios, por eso es un acta muy nociva, es como la 219 pero más recargada”, señaló el líder campesino y agricultor.

¿Tienen ustedes una estimación de cuánta agua se dejaría de entregar a México derivado de la firma del Acta?

“Es un programa a 6 años por 300 millones de metros cúbicos pero peor aún,  es que a la cuenca baja le ponen parámetros de puntos críticos de niveles mínimos para cuando llegue a esos mínimos castigar a México con un volumen de agua, es obvio que la presa baja no tiene ninguna recarga, la recarga es en las rocallosas del Río Colorado con los deshielos y las capas de nieve”, explicó.

“Es un acta muy ventajosa en contra de los agricultores del Valle de Mexicali que a complacencia y servilismo CILA y Conagua están firmando, lo más triste es que está el Colegio Frontera en esto, que sin ser ningún investigador en vida ni agricultor, ni profesionistas en el campo, están validando con su voto técnico estas áreas”, consideró.

¿Este tratado tiene que pasar todavía por el Senado?

“Sí, en el peor de los casos tiene que pasar al Senado por su aprobación y solo el presidente del Senado puede modificar tratados, el senador aprobar y el presidente modificar y ahí en el Senado vamos a realizar la discusión pertinente”, adelantó.

Por su parte el Secretario General de Gobierno de Baja California, Francisco Rueda Gómez, afirmó que con el Acta no se pone en riesgo la dotación de agua para la entidad.

“Aquí tenemos que resaltar un principio, aquí en ningún momento se está poniendo en riesgo este vital liquido que es un bien de la nación y que corresponde al Gobierno Federal como entidad normativa llegar a los acuerdos internacionales, como este caso de poder encontrar los mejores acuerdos para garantizar este vital líquido”, expuso.

“Es importante que los ciudadanos, que los bajacalifornianos sepan que no está en riesgo ni una sola gota de agua para Baja California, entonces sí es importante que exista toda la información y toda la transparencia en la información para compartirla con quienes hoy están en desacuerdo”, explicó Rueda Gómez.

Francisco Zepeda Moreno, representante legal del Comité Ecológico Sonora- Baja California A. C. apuntó que derivado del Tratado de Aguas de 1944 es claro y preciso el cual regula las aguas y asegura que la nueva acta viola el tratado.

“Los Estados Unidos y CILA no respetan el orden constitucional y se están repartiendo el agua como si fuera un negocio privado, se están enriqueciendo de una manera altanera a costa de la miseria y pobreza de nuestra región, no respetan los órdenes pactados en el tratado”, puntualizó el abogado. @

 

 

 

 

 

 

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