Sanción al Estado si no cumple con sus obligaciones: Reina
Ante la falta de respuesta del gobierno del Estado de Sonora para acelerar obras y reactivar servicios en el área rural de San Luis Río Colorado, el presidente municipal advirtió que la recién instaurada Ley de Disciplina Financiera podría castigar a cualquier orden de gobierno que no se haga responsable de las funciones que le corresponden en tiempo y forma.
Bibiana García Garza
SAN LUIS RIO COLORADO.- En directa referencia a las reparaciones que urgen en la carretera del valle agrícola de este municipio y sus entronques a los diferentes ejidos y colonias como La Bolsa, Independencia, Lagunitas, Campillo, Azteca, Monumentos e Islita, el alcalde, Enrique Reina Lizárraga, lamentó que se trate de obras que están tardando demasiado en atender por parte del Gobierno del Estado.
Esa indiferencia hacia las necesidades que los ciudadanos del valle exponen a diario podría ameritar sanciones gracias a las nuevas legislaciones con las que a partir de este año se castigará a cualquiera de los tres órdenes de gobierno que no cumplan con sus obligaciones, en el ámbito de sus facultades.
Como se recordará, la problemática de la tardanza en las obras del valle se ha expuesto desde el año pasado pues a pesar de que desde junio de 2017 se liberaron cerca de 70 millones de pesos para la rehabilitación y reconstrucción de algunos de los caminos rurales más deteriorados de San Luis Río Colorado, el avance todavía no está claro.
Las obras no han sido concluidas, y las que sí han sido terminadas no representan, coinciden productores agrícolas de la localidad, una verdadera solución al desgaste de las vías.
Según se ha expuesto a través de este y otros medios de comunicación locales, hay tramos inconclusos y otros más en los que sólo se realizó un recarpeteo de pobre calidad, y otros como el puente Bacanora del Canal Revolución, que sigue representando un peligro para los vehículos que transitan por la zona.
Al respecto, el presidente municipal recordó que la demanda por la rehabilitación de dichas carreteras fue expuesta al gobierno del Estado de Sonora desde febrero del 2016 en la primera visita de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, donde se le planteó la necesidad no sólo de la reparar la ´columna vertebral´ de los caminos del valle, sino también de los entronques.
“Esos fueron planteamientos que hicimos de manera directa en febrero del 2016, no solo yo sino también los productores del valle de San Luis Río Colorado”, anotó.
A su vez, señaló, de ese año a la fecha ha estado al pendiente de la cantidad de recursos que se le asignan al estado de Sonora en temas relacionados a las carreteras alimentadoras o locales, y se ha percatado de cómo ese recurso se incrementó tanto en 2016 como en 2017.
A pesar de ello, únicamente se ha reparado una parte de los ejidos Mesa Rica hasta el ejido Pozas de Arvizu y sigue pendiente pues no se ha concluido hasta la entrada de San Luis Río Colorado, anotó.
Tampoco se han atendido las áreas de las colonias La Bolsa, Azteca y Campillo, o de los ejidos Independencia, Lagunitas, Islita y Monumentos que son, resaltó, tan necesarias para el tránsito de vehículos particulares como para los de carga que pertenecen a los productores del valle sanluisino.
Y es que si bien es cierto que hay tareas que corresponden al municipio y que éste tiene ciertas facultades en lo que respecta al área rural, las otras obligaciones son responsabilidad tanto del gobierno del Estado como del gobierno Federal, indicó.
Obligados por la Ley
Enrique Reina recordó que en marzo del 2016 fue aprobada la Ley de Disciplina Financiera que entra en vigor este 2018 y que tiene como fin que los tres órdenes de gobierno trabajen de manera correcta en lo que corresponde a sus funciones específicas, además de que no se endeuden más allá de lo que no pueden pagar y que sean responsables con el gasto.
“Algo muy importante es que con esto cada instancia de gobierno debe atender las obligaciones que están inscritas en la Constitución Política en su artículo 115, que dice cuáles son las tareas que le tocan al gobierno municipal”, apuntó.
Esto porque, explicó, sucede que hoy en día muchas tareas que se dejan de atender del área rural, de salud o educación, y que son de ámbito estatal o federal, sean demandas por la ciudadanía directamente a las instancias municipales y los Ayuntamientos no pueden hacer mucho más allá de canalizar esas exigencias al Estado.
“Si revisas las necesidades de las escuelas, la mayoría de directores o padres de familia acuden al municipio por qué es la instancia más cerca, y nosotros lo que estamos tratando de hacer es canalizarlas al estado”, refirió.
No obstante, ahora con la nueva Ley de Disciplina Financiera, reiteró, se obligará a cada orden de gobierno a que ejerza los recursos y atienda las tareas que están en el ámbito de sus facultades.
Hoy en día, muchos temas de educación, carreteras y salud se pasaron del ámbito federal al estatal, mencionó Reina Lizárraga.
Pero si hoy los estados no están cumpliendo, advirtió, habrá que revisar también el nuevo esquema de la Ley de Coordinación Fiscal.
“Podrán decir los estados que ya los recursos no les alcanzan, cuando antes a la Federación sí le alcanzaban, entonces es un tema muy importante porque hoy los ciudadanos nos reclaman salud, educación y carreteras, principalmente en el área rural”, aseveró.
Además, se debe tener en cuenta cuáles son las funciones del municipio y cuáles son las del Estado en este caso porque, subrayó, no porque no las cumplan son responsabilidades que debe atender otra entidad de gobierno.
“Esta nueva Ley de Disciplina Financiera nos va a obligar a todos a que hagamos las tareas que a cada quién nos tocan, a la Federación las suyas, al Estado las suyas, y al municipio las propias”, refrendó.
En el caso de que el Gobierno del Estado no cumpla, agregó, entonces podría ser sancionado, “… tendrán que ser sancionados los que no cumplan porque para eso se eligen, para que cumplan con las obligaciones que tenemos”.
Esto aplica, admitió, tanto para las carreteras rurales como para los servicios de salud que también son deficientes en el valle, a pesar de la reciente remodelación de la Clínica de Luis B. Sánchez a la que se le invirtieron dos millones de pesos pero sigue sin brindar una amplia atención a la comunidad, sin personal y sin abasto de medicamentos.
“… a lo mejor fue un tema de decir que sí se atendió por cuestiones electorales pero realmente la realidad es otra”, asentó.